Aversión misantrópica / Escribe Carlos Madera Murgui

A nadie escapa —por más acérrimo defensor y adherente al presidente Javier Milei y su gobierno, además de coincidir con su postura— que LLA en su conjunto tiene una “especial” aversión misantrópica y un razonamiento o idea en flagrante disputa contra las personas con discapacidad.

Desde los albores de su mandato, y con distintos dirigentes en los puestos de gestión, sumado al “desinformado y engañoso” acompañamiento de gran parte de la sociedad argentina, la actual administración cargó desaforadamente con desfinanciación y recortes contra personas con discapacidad, prestadores, profesionales terapéuticos, acompañantes, empleados, instituciones y todo lo relacionado con el sector.

Pasó mucha agua bajo el puente, con corrupciones y procesamientos que desmantelaron la Agencia Nacional de Discapacidad, mentiras, operativos viciados de idoneidad por gente nueva que no supo hacer su trabajo, y un relevamiento vergonzoso en organización, seriedad y conocimiento.

Luego vino un lapso de mucha discusión, pero con mayor atención y estudio de lo que se trataba. Vio la luz, gracias a las organizaciones intermedias de la discapacidad, la escucha de los legisladores y la presión mediática, una nueva ley en dos oportunidades, cuando el gobierno nacional pretendió vetarla. No obstante, nunca se reglamentó ni se puso en marcha. Hasta estas horas, vuelve a objetarse de la misma forma, desconociendo la resolución legislativa con los mismos argumentos de hace más de un año.

Uno de los ejes centrales del proyecto es la implementación de un reempadronamiento obligatorio para todos los beneficiarios de pensiones por invalidez. Según el texto, deberán acreditar nuevamente su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales. “Aquellos que no lo hagan sufrirán una suspensión automática de la pensión y la pérdida del beneficio”, establece la propuesta.

Se pretende una nueva revisión en la que los discapacitados deben argumentar su condición, y no a la inversa, donde las autoridades deberían, con su poderío estatal, comprobar con seriedad y sin rimbombantes chicanas la situación de vida que padecen quienes están en el sistema. Nadie rechaza revisiones: el Estado tiene las herramientas necesarias y adecuadas para detectar anomalías y regular seriamente, sin necesidad de exhibiciones absurdas.

El proyecto también introduce un sistema de control más estricto mediante el cruce de datos entre organismos como ANSES y ARCA, lo cual ya existe. Además, habilita la suspensión preventiva de beneficios ante inconsistencias detectadas.

Pero no deberían suspender todo y después analizar, como ya ocurrió temporalmente el año anterior. Personas con discapacidad de nacimiento, con 30 años en el sistema, deben volver a acreditar su condición física, mental, intelectual o sensorial duradera, que, al interactuar con barreras del entorno, limita o dificulta su participación e inclusión plena en la sociedad.

En cuanto al monto de las pensiones, se fija en el 70% del haber mínimo jubilatorio y se elimina la posibilidad de otorgar adicionales por invalidez laboral o zona desfavorable. A su vez, establece la incompatibilidad total con el empleo formal, lo que impediría que una persona con discapacidad mantenga el beneficio si accede a un trabajo registrado.

La iniciativa también propone cambios en el sistema de prestaciones, eliminando el nomenclador nacional y habilitando acuerdos descentralizados para la administración de fondos. Esto implicaría una desregulación en la fijación de aranceles por parte de obras sociales y prepagas.

Además, se eliminan programas vinculados a la promoción del empleo para personas con discapacidad y beneficios para empresas que las contraten, lo que podría impactar negativamente en las políticas de inclusión laboral vigentes.

El sufrimiento por la ausencia de un ingreso mensual afecta mucho más de lo que la mayoría cree en cada una de esas familias, sin contar la interrupción de servicios de salud y transporte. Instituciones que dependen de becas deben interrumpir su tarea —algunas definitivamente— por la falta de la ayuda estatal que originó su creación.

También los trabajadores con discapacidad de los TPP (Talleres Protegidos de Producción) de todo el país “cobraban”, desde diciembre de 2023, un peculio mensual del gobierno nacional de $28.000. Hace poco más de un mes, las agencias territoriales del Ministerio de Trabajo —nexo del sistema con ellos— anunciaron un aumento del 424,5 %, que eleva esa remuneración a $143.890 cada 30 días, retroactivo al 1 de enero de 2026. Se publicó en el Boletín Oficial (ratificación lógica para una sospecha también lógica), pero lo cierto es que los trabajadores, en lo que va del año 2026 (hasta hoy), no han cobrado ni el monto anterior ni el nuevo: sencillamente, nada en casi cuatro meses.

Un nuevo destrato que se suma a “nuevas ideas” como lo enviado al Congreso. Hasta el momento, el monto de tres jubilaciones mínimas era el umbral para una incompatibilidad de ingresos por distintos conceptos. Está bien: deben prevenir el lujo y el despilfarro de esos montos. Ironías aparte, la iniciativa del Ejecutivo se traduce en una nueva involución en la situación de quienes están en desventaja para batallar contra estos dislates.

“Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”: así se titula el nuevo proyecto, que pretende prejuzgar a un universo que seguramente podría mejorarse. Pero, sin dudas, aparece como una iniciativa de un gobierno que, manejando el Estado, quiere desentenderse definitivamente de sus obligaciones legales y constitucionales, justamente frente a la vulnerabilidad extrema. (22-04-26).