Legislatura bonaerense: ingresan una ley para municipalizar el trámite de la VTV

El referente del GEN en Guaminí, Ignacio Zavaleta, en las últimas semanas presentó un proyecto que retoma una vieja demanda de la oposición hacia el Ejecutivo de Axel Kicillof respecto de la municipalización y descentralización del sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) bonaerense.

A través de la Ley 10.589, que permite que un ciudadano pueda presentar proyectos, el exconcejal guaminense propuso modificar la Ley N°13.927 de Código de Tránsito de la provincia de Buenos Aires, que obliga a todos los vehículos automotores, acoplados y semirremolques a someterse al control técnico vehicular de manera periódica, para cumplir con las exigencias establecidas en el artículo 34 de la Ley Nacional de Tránsito N°24.449, el cual promueve las revisiones técnicas en ámbitos municipales.

“El actual sistema centralizado lesiona severamente al interior provincial, obligando a los ciudadanos a recorrer largas distancias ante la escasez de plantas móviles y los turnos colapsados”, fustigó el exprecandidato a intendente, que se suma a la ola de reclamos por el esquema vigente de verificación vehicular bonaerense.

Es preciso mencionar que el Estado provincial concentra la regulación del sistema de VTV desde la década de 1990, mientras que el actual régimen de concesiones zonales comenzó a estructurarse en 1995 y se concretó al año siguiente, con la adjudicación del servicio a empresas privadas.

Bajo esta premisa, el articulado modifica la incumbencia del modelo vigente y traslada la organización, prestación, habilitación de talleres, control y percepción de las tasas del servicio a la órbita de los municipios bonaerenses, en plena crisis por la caída de la coparticipación, panorama que se agravó con la caída el debate por la libre disponibilidad de los recursos del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM).

Según propone Zavaleta, cada distrito tendrá la facultad de dictar las ordenanzas locales necesarias para establecer la modalidad de prestación del servicio de VTV dentro de su jurisdicción. En tanto, la provincia de Buenos Aires pasaría a actuar como un órgano de homologación técnica para garantizar que las obleas y certificaciones emitidas por los distritos tengan validez en todo el territorio provincial y nacional.

Entre las posibles modalidades, las comunas podrán ofrecer el servicio a través de dependencias propias, conformar consorcios regionales con otros partidos cercanos o contratar talleres mecánicos privados locales que cuenten con la correspondiente certificación.

Con respecto al registro de autopartes, la iniciativa también busca modificar la Ley N°14.497, que regula el grabado de autopartes, y busca transferir a los municipios la facultad de fiscalización, ejecución y cobro del arancel correspondiente.

El articulado de Zavaleta establece además que el 100% de lo recaudado por los conceptos de VTV y registro de autopartes ingresará directamente a las arcas de las comunas que realicen los procedimientos, con el objetivo de descentralizar estos recursos hacia los distritos del interior. Dichos fondos tendrán carácter de afectación específica y solo podrán destinarse a obras de infraestructura vial local, conservación de caminos rurales, señalización y equipamiento de las guardias urbanas de tránsito.

Finalmente, la iniciativa también propone la caducidad de las actuales concesiones zonales privadas, los contratos prorrogados y los decretos vinculados al esquema vigente, además de prohibir nuevos acuerdos que establezcan exclusividades territoriales contrarias a las autonomías municipales.

“Ninguna reglamentación o prórroga contractual de carácter provincial puede subvertir la pirámide jurídica ni cercenar las facultades de los municipios para ejecutar una norma nacional de seguridad de la cual son los garantes primarios en el territorio”, puntualizó Zavaleta.

De acuerdo con los fundamentos esgrimidos por el representante local del GEN, el planteo legislativo apunta a desmantelar un “esquema de concesiones monopólicas privadas” y devolver a los municipios la facultad de prestar el servicio público de control vehicular.

Además, Zavaleta pone el foco en el impacto económico que tendría la reforma sobre las comunas, puesto que estima que el sistema de control técnico vehicular representa una caja de entre $4.000 y $5.000 millones que, según denuncia, actualmente queda en manos de “corporaciones concentradas o multinacionales”. (26-07-26).