Aumento de la tarifa de luz: el Gobierno inició la discusión
El Gobierno nacional encaró oficialmente el comienzo del proceso de adecuación para descongelar la tarifa de la energía eléctrica. El objetivo del Poder Ejecutivo es implementar un Régimen Tarifario de Transición para dar vía libre a un aumento en el valor del servicio de la luz.
A través del Boletín Oficial, se conocieron las resoluciones 16/2021 y 17/2021 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) en las cuales ejecuta el DNU Nº 1.020 del 16 de diciembre de 2020 que determinó el inicio de la renegociación de la revisión tarifaria integral (RTI) vigente, correspondiente a las prestadoras de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica que estén bajo jurisdicción federal, en virtud de lo establecido en la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública.
De esta manera, en la primera de ellas se convoca a las distribuidoras del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Edenor y Edesur, a participar del mismo. En la segunda resolución, la convocatoria es para las transportadoras Transener, Tranba (Buenos Aires), Transpa (Patagonia), Transco (Comahue), Transnea (Noreste), Transnoa (Noroeste) y Distrocuyo y el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN).
Ambas normativas tienen la función de «dar inicio al procedimiento de adecuación transitoria de las tarifas con el objetivo de establecer un Régimen Tarifario de Transición, hasta tanto se arribe a un Acuerdo Definitivo de Renegociación».
Al mismo tiempo, se establece que el ENRE «facilitará la realización de diversas instancias de participación ciudadana, convocando a tal fin a las personas usuarias y a las Asociaciones de Defensa del Consumidor, a fin de ser informados de las distintas etapas del citado procedimiento, garantizando su publicidad y el derecho de acceso a la información».
En los considerandos, se señaló que «en las adecuaciones tarifarias transitorias se deberá atender a garantizar la continuidad de la normal prestación de los servicios, como así también la implementación de los mecanismos de participación ciudadana correspondientes».
Asimismo, se resaltó que «la participación de los usuarios y usuarias con carácter previo a la determinación de la tarifa, constituye un factor de previsibilidad, integrativo del derecho constitucional a una información ‘adecuada y veraz’ y un elemento de legitimidad para el poder administrador, responsable en el caso de garantizar el derecho a la información pública, el cual se encuentra estrechamente vinculado al sistema republicano de gobierno y otorga una garantía de razonabilidad para el usuario y la usuaria y disminuye las estadísticas de litigiosidad sobre las medidas que se adoptan». (24-1-21).
