Uso medicinal del cannabis: el Concejo dorreguense solicita el pronto tratamiento del proyecto de ley
El Concejo Deliberante dorreguense solicitó a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires el «pronto tratamiento» del proyecto de ley sobre uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados.
Dicha iniciativa busca su incorporación al Programa Médico Obligatorio vigente, estableciendo la obligatoriedad de una cobertura integral por parte de las obras sociales y la facultad de la autoridad de aplicación de promover el intercambio de estudios e investigaciones con efectores de salud públicos, universidades, laboratorios, entre otros.
Para el Concejo, la utilización del cannabis con fines medicinales es un tema ya instalado en la sociedad argentina.
«Por primera vez desde 1961, el estado de programación del cannabis dentro del derecho internacional está cambiando. Las recomendaciones científicas de la Organización Mundial de la Salud sobre el valor terapéutico y los daños relacionados con cannabis sativa L. revocan la prohibición de cannabis medicinal de 1950», según se detalla en uno de los considerandos de la resolución.
En este sentido, ha propuesto reprogramar el cannabis dentro del derecho internacional para tener en cuenta la creciente evidencia de las aplicaciones médicas de la droga, revirtiendo su posición mantenida durante los últimos 60 años de que el cannabis no debe utilizarse en la práctica médica legítima.
También se destaca que existen reportes de mejoría en casos que habían sido refractarios a terapias convencionales, en especial en lo relacionado con epilepsia refractaria en la población pediátrica, y en menor medida en el tratamiento de dolores crónicos como fibromialgia y otras patologías. Incluso, la Organización Mundial de la Salud (OMS), órgano de las Naciones Unidas, determinó en noviembre de 2018 que el cannabidiol (CBD), molécula no psicoactiva de la planta cannabis sativa L, no es una sustancia peligrosa que, por el contrario, cuenta con un alto potencial terapéutico, recomendando a los países miembros de las Naciones Unidas eliminen al cannabis de los listados de drogas peligrosas.
«Estas situaciones motivaron reclamos de familias de personas afectadas, médicos/as, legisladores y funcionarios/as para que se permita el acceso de manera legal al tratamiento que encontraron beneficioso. Desde 2011 y 2012, e incluso antes, los cultivadores brindaban información sobre las propiedades medicinales y terapéuticas del cannabis y ayudaban a pacientes», acotaron los ediles locales.
En 2016, la ANMAT elaboró un informe mediante el cual se reconocía la utilidad del cannabis para diversas dolencias y, en septiembre de ese año estableció un nuevo régimen de acceso de excepción a medicamentos.
Pese a que la Justicia se pronunció a favor de dicha práctica, la ilegalidad en la que se encuentran quienes recurren a ella los coloca en una situación de desamparo por parte del Estado que, en lugar de garantizar el acceso al medicamento, tipifica penalmente la conducta de pacientes y sus familiares.
«Se advierte que acentuar la respuesta penal no tiene mayor impacto en los mercados ilícitos y sí tiene un gran impacto en los cultivadores y usuarios. De esta forma se criminaliza a actores no conflictivos, muchos de los cuales además demandan no sólo un cambio en la ley penal y su aplicación, sino la regulación de sus actividades por parte del Estado como una forma de contrarrestar los efectos de los mercados ilícitos y sus consecuencias», mencionaron.
Para el Concejo, «es evidente que nos falta dar un paso más, que es la regulación del autocultivo y cultivo solidario que nos permita generar el acceso a toda la sociedad y que es justamente el Estado el único capaz de garantizar, acompañar y promover este proceso».
