Trabajo agrario en la región: un relevamiento de los CEPT refleja “situaciones irregulares o de cumplimiento parcial” de la ley
Entre los impulsores del proyecto se encuentra la entidad educativa de Aparicio. El Concejo Deliberante dorreguense declaró al trabajo de interés deliberativo.
El Concejo Deliberante local declaró de interés deliberativo el trabajo aportado por centros educativos para la producción total del sudoeste bonaerense, entre ellos el de Aparicio, acerca de la Ley de Trabajo Agrario N° 26.727 y las relacionales laborales en la práctica actual.
Según el cuerpo, el trabajo “aporta y tiene como consecución mejorar la calidad de vida de los y las trabajadores/as rurales y su familia, a través de la reafirmación de sus derechos para tener un campo más soberano, equitativo y justo”.
En los fundamentos del proyecto educativo se menciona: “El presente trabajo se centra en la necesidad de revisión de las leyes laborales vigentes, alrededor de las experiencias en torno a las relaciones laborales rurales, su posible regularización y la actualización de las mismas respecto a las necesidades y problemáticas que surgen de esa interacción”.
También agrega que se pretende “asegurar el desarrollo de un escenario más justo y equitativo donde se respeten los acuerdos laborales dando lugar al bienestar de trabajadores y trabajadoras”.
Según el análisis fáctico o de campo realizado por los CEPT “en Argentina, los logros significativos comenzaron a finales del siglo XIX, y luego consagrados en el siglo XX. Sin embargo, todavía falta mucho camino por recorrer para que los trabajadores de todos los rubros vivan vidas en pleno derecho”.
Las herramientas de los movimientos de CEPT están pensadas cuidadosamente para conocer este medio y colaborar en mejorar las condiciones de vida que las familias arraigadas a él, deben enfrentar. La utilización de esas herramientas propias de los sistemas de educación por alternancia, son la columna vertebral de este trabajo.
A través de una herramienta clave, como es el plan de búsqueda, la cual permite a la comunidad educativa detectar necesidades en el ámbito rural, en el contexto de pandemia se realizaron 250 encuestas cuanti y cualitativas en la región.
Se aclaró que las experiencias recopiladas se encuentran agrupadas en función a la estructura de la Ley 26.727 y siguiendo su organización, con el objetivo de cotejar lo que ahí se encuentra establecido, con la práctica cotidiana en el medio rural.
“El trabajo permite visibilizar a priori, situaciones irregulares o de cumplimiento parcial en la relación de empleador/´trabajador rural. En cuanto a la legislación, esta no contempla explícitamente que las viviendas deben brindar insumos básicos en la actualidad, como es el servicio de luz eléctrica y la conectividad como herramienta de comunicación”, destaca otro considerando.
Se aprecia que las prácticas habituales no se condicen con la legislación en cuanto a la remuneración / alimentación, licencias, traslado. Hay situaciones que atañen a Derechos Humanos esenciales que deben atenderse, como lo es la educación y la salud del grupo familiar del empelado rural”.
“Se aprecia que las prácticas habituales no se condicen con la legislación en cuanto a la remuneración / alimentación, licencias, traslado. Hay situaciones que atañen a Derechos Humanos esenciales que deben atenderse, como lo es la educación y la salud del grupo familiar del empelado rural”, añade otro párrafo.
La Ley no contempla Promoción de la Agricultura Familiar y Soberanía Alimentaria ni mejoras en la retribución, cuando el trabajador rural se capacita para adecuarse al trabajo agrario tecnificado y en constante modernización, así como la precarización de los derechos de la mujer rural.
“Las retribuciones salariales no se ven reflejadas en su integridad en los recibos de sueldos, así como el incumplimiento en el pago de horas extras”, destaca el trabajo.
Para el Concejo, el “objetivo de los CEPT es dar a conocer estos hechos para mejorar la calidad de vida de los y las trabajadores/as rurales y su familia, a través de la reafirmación de sus derechos para tener un campo más soberano, equitativo y justo”.
Los autores del proyecto manifestaron “la ausencia de los organismos de control gubernamentales, sindicales, etc.”. (Ecos de mi ciudad). (03-02-22).
