Le rechazaron una probation a la exdiputada Corrado y deberá ir a juicio

La exdiputada provincial y exfiscal en lo penal de Bahía Blanca María Marta Corrado tendrá que responder en juicio por el delito de fraude hereditario, según confirmó en los últimos días la Justicia.

A Corrado se la acusa -junto con otras personas- de licuar los bienes de su excuñado -el acaudalado contador Adolfo Herro, asesinado en Cariló a fines de julio de 2005-, en perjuicio de un hijo biológico del profesional.

La defensa de la imputada, a cargo del abogado Cristian Prada, apeló la decisión del juez Correccional N° 1, Gabriel Giuliani, quien había rechazado la suspensión de juicio a prueba, pero la Cámara Penal desestimó ese recurso y confirmó que Corrado no podrá evitar el juicio.

Se proponía como reparación (a modo de probation y más allá de la eventual acción civil) la entrega de una suma de 10 mil pesos en favor de la víctima, Maximiliano Rodríguez Labastía, quien fue confirmado como hijo natural de Herro mediante sentencia judicial de 2008.

Sin embargo, los jueces consideraron «irrazonable» la oferta, al atender las razones que marcó el fiscal Gabriel Lopazzo para no aceptar el acuerdo.

El rechazo fue confirmado por la Sala I de la Cámara, a través de los votos de los jueces Pablo Soumoulou, Hernán Mones Ruiz y Guillermo Rodríguez.

Los camaristas explicaron que el artículo 404, segundo párrafo, del Código Procesal Penal habilita la concesión del juicio a prueba siempre que haya consenso entre el fiscal y el defensor, siendo esta situación vinculante para el juez, salvo ilegalidad o irracionalidad de las obligaciones.

Lopazzo, a cargo de la investigación de la estafa, no quiso llegar al acuerdo por entender que los hechos son graves, ya que se investigan «maniobras defraudatorias con la finalidad de desapoderar un patrimonio hereditario millonario, llevadas a cabo por un número importante de partícipes».

En primera instancia, Giuliani consideró «fundada y razonable» la objeción del fiscal actuante.

¿Puede ir presa?

Lopazzo, quien contó con el apoyo del abogado del particular damnificado, también consideró que el caso tiene distintas circunstancias que hacen presumir que, en caso de recaer en Corrado una sentencia condenatoria, «la pena a imponer será importante y de cumplimiento efectivo».

Esa cuestión -amplió- «excluye la posibilidad de aplicación del instituto».

También tuvo en cuenta en este punto la extensión del daño causado (bienes afectados por montos millonarios), la cantidad de intervinientes y su finalidad (privar al heredero universal de los mismos).

La Cámara marcó como antecedente un fallo en agosto de 2020 de la Sala IV del Tribunal de Casación («Avalos, Edgardo Marcelo s/Recurso de Casación»), que calificó de «vinculante» la oposición fiscal a la concesión de la suspensión del proceso a prueba, hecho que «sella la suerte adversa del planteo defensista».

«Tanto la jurisprudencia como el propio espíritu del legislador, puesto de manifiesto al promulgar la ley 24.316, da sustento a la afirmación que consiste en que la actuación del fiscal, en la aplicación de la suspensión del juicio, resulta preponderante, pues es él quien decide, luego de un amplio análisis de las circunstancias fácticas y jurídicas emanadas del caso concreto, si presta o no su consentimiento a la concesión del beneficio», aseguró Soumoulou.

Sus colegas Mones Ruiz y Rodríguez, con algunas excepciones marcadas respecto del voto inicial, resolvieron en el mismo sentido y de esa manera rechazaron la propuesta de la defensa y mandaron a Corrado a juicio.

Cómo se urdió la maniobra

Luego del crimen de Herro, la madre del contador, Beatriz Pennacchiotti (ya fallecida), sus hermanos Eugenio (exmarido de Corrado) y Gustavo Herro y otras personas (Juan Marini, Enrique Pérez Ronda, Hugo Daniel Adobbatti y María Josefa Rodriguez) habrían realizado un ardid para evitar que Rodríguez Labastía se quedara con lo que le correspondía, como único y universal heredero.

Según los investigadores, todos conocían que el joven -hoy con casi 40 años- era hijo biológico del contador y apuraron los trámites para simular la venta de sus propiedades y así quedarse con la herencia.

Se cree que apenas meses después del fallecimiento, los nombrados habrían «vendido» dos propiedades del contador (las operaciones se hicieron el mismo día -2 de diciembre de 2005-, en la misma escribanía, con precios irrisorios y a personas insolventes).

Se trata de un piso en el centro de La Plata y del chalet ubicado en el Golf Club de Cariló, donde mataron al profesional, que costaba unos 300 mil dólares y se «vendió» a 85 mil.

María de Lourdes Giménez, pareja del contador al momento del crimen, declaró que el piso en la capital provincial tendría un costo de 280 mil dólares y se vendió a 62 mil.

También les imputaron haberse quedado con la costosa colección de armas del contador, que pasó a nombre de sus hermanos.

En 2014 se hicieron varios allanamientos, entre ellos a la vivienda que ocupaba Corrado en el barrio Bosque Alto, donde encontraron una gran cantidad de armas de fuego y cuchillos que eran de una colección de Adolfo Herro.

La investigación determinó que la exfiscal fue inscripta el 27 de octubre de 2015 como legítima usuaria de armas de uso civil, poniendo a su nombre 21 armas que pertenecían al difunto.

«Sobre este punto, es dable expresar que la imputada nunca tuvo armas de fuego inscriptas a su nombre, y más allá del trámite dispuesto por la ANMAC para su registración, no cabe duda que su fin no ha sido otro que fondear el acervo sucesorio», agregó la Justicia en un fallo anterior.

Homicidio en ocasión de robo

Enigma. Al crimen de Herro, quien era asesor del Ministerio de Seguridad bonaerense, lo rodearon múltiples hipótesis, como la posibilidad de que haya actuado un sicario.

Condena. Sin embargo, en 2012 la Justicia determinó que fue un homicidio en ocasión de robo. El primer juicio se anuló, pero recién 13 años después fueron condenados, a 10 años de prisión, Bruno Báez y Milcíades Duarte.

Sabían. La familia del contador sabía de antemano que Maximiliano era su hijo porque había asistido a reuniones familiares y sociales y fue a su velatorio.

Filiación. Maximiliano Rodríguez Labastía fue identificado como hijo natural del contador Herro, por sentencia judicial del 2 de septiembre de 2008.

Trato. Maximiliano nació fruto de la relación de su padre y Silvia Rodríguez, circunstancia que era conocida por la familia de origen. A poco de quedar embarazada, Rodríguez se separó del contador Herro y su hijo fue anotado con el apellido de la madre, aunque al crecer comenzó a tener trato fluido con su padre.

Viajes. En la causa se pudo acreditar que el joven viajó a La Plata, donde vivía el contador (alojándose 3 días en su departamento) y que en todo ese tiempo recibía el trato de hijo. (La Nueva.). (22-01-22).