Rituales de la muerte en Bahía Blanca

Por Diego Kenis / Nota publicada en El Cohete a la Luna

El juicio por crímenes de la autodenominada Alianza Anticomunista Argentina en Bahía Blanca y Huanguelén, iniciado en marzo de 2020, avanza hacia un veredicto. En más de diez horas de exposición divididas en cuatro audiencias, el fiscal Pablo Fermento acreditó el contexto, modus operandi y los 24 homicidios investigados y quedó en condiciones de solicitar penas cuando el 8 de abril complete su argumentación.

En el banquillo aguardan Raúl Aceituno, Héctor Forcelli, Osvaldo Pallero y Juan Carlos Curzio. Un quinto imputado quedó fuera: Néstor Montezanti fue incluido en el requerimiento fiscal de 2015 pero su cargo de camarista federal le permitió eludir las citaciones a indagatoria de Alejo Ramos Padilla, por entonces juez subrogante en Bahía Blanca, que no podía llevarlo por la fuerza pública pero ante los sucesivos faltazos lo declaró en rebeldía. Por esa razón su expediente tramita por separado. La Cámara Federal que presidió deberá resolver si confirma su procesamiento.

Los laberintos de la impunidad

Encubiertos por la Justicia de entonces, la investigación de los delitos perpetrados por la Triple A bahiense no pasó del cumplimiento de formalidades y quedó archivada por un cuarto de siglo.

En 2003, el periodista Juan Carlos Pumilla solicitó que los crímenes del terrorismo de Estado contra víctimas pampeanas fueran investigados en su provincia a través de un Juicio por la Verdad, fórmula para garantizar el derecho de la sociedad a conocer lo ocurrido pese a la imposibilidad de avanzar en acciones penales. Uno de los casos era el asesinato de Carlos Davit, cuyo cadáver acribillado había aparecido colgando del puente que lleva su nombre, en noviembre de 1975, en Bahía Blanca. Por competencia territorial, el pedido fue separado y girado a esa ciudad. El Juicio por la Verdad nunca se concretó pero la causa penal se reactivó tras declararse la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad.

En paralelo, el resto de los crímenes adjudicados a la Triple A en la región fue incluido en el expediente que tramitaba en el Juzgado porteño de Norberto Oyarbide, quien dejó pasar el tiempo sin resoluciones hasta que en 2013 la parte bahiense de la causa fue desprendida y remitida a su jurisdicción de origen. En poco más de dos años, los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia avanzaron en la investigación y solicitaron las indagatorias de los por entonces siete acusados supervivientes.

La impunidad biológica favoreció a varios partícipes de la organización paraestatal. Sus jefes locales, el ex diputado nacional Rodolfo Ponce y el nazi rumano Remus Tetu, fallecieron hace años. Lo mismo ocurrió con el líder del grupo de choque, Jorge Argibay. Su hijo Pablo, que logró reciclarse como neurocirujano, murió poco después de ser imputado en la causa. Héctor Chisu eludió el juicio un trimestre antes de su inicio.

Que la Justicia alcance ahora a sólo cinco acusados explica que el presidente del Tribunal, Roberto Amábile, haya pedido “disculpas por haber tardado 45 años en hacer este juicio” al abrir su primera audiencia.

El huevo de la serpiente

Las investigaciones judiciales, periodísticas y académicas coinciden en que la Triple A bahiense comenzó a gestarse en el seno de la Junta Nacional de Granos bajo el liderazgo de Ponce, principal referente local del gremio de recibidores, URGARA. Allí revistaban ya los cuatro acusados en juicio. Jorge Argibay y su hijo Pablo se incorporarían poco después.

Electo diputado nacional en 1973, Ponce se embarcó en una feroz disputa por la conducción de la seccional de la CGT contra Roberto Bustos, que representaba a los obreros de la construcción y adhería a la Tendencia Revolucionaria del peronismo.

En ese contexto, Ponce y su grupo asumieron la función de “una policía interna dentro del propio peronismo para ir desplazando a aquellos sectores vinculados a la izquierda del movimiento”, según explicó Belén Zapata, investigadora del CONICET, en su testimonio del 19 de noviembre.

El grupo paraestatal pronto comenzó a utilizar los vehículos de la Junta Nacional de Granos y la CGT para intimidar, secuestrar y asesinar a quienes, dentro o fuera del peronismo, militaban ideas de izquierda en barrios, fábricas, gremios o aulas. Durante su alegato, el fiscal Fermento recordó una vieja declaración de Argibay padre, que reconoció haber recibido armas suministradas por el mayor de Ejército Luis González. Esa relación, recordó Fermento, fue ratificada durante el mismo juicio por Daniel Argibay, que aborrece a su padre y hermano. Ya durante la dictadura, González propició el ingreso de dos miembros de la patota de la Triple A como agentes civiles del Destacamento de Inteligencia 181 del Ejército, del que era subjefe.

La muerte como ritual

Luis Jesús García fue la primera víctima de la Triple A bahiense. Obrero de la construcción de 18 años, el “Negrito” militó en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y el Frente Antiimperialista y por el Socialismo (FAS), en los barrios y la vida gremial. Pasadas las 4 de la mañana del 22 de septiembre de 1974, una patota armada lo secuestró de la casa familiar. Horas más tarde, su cuerpo acribillado apareció en las afueras de la ciudad.

El caso reviste especial importancia para la Fiscalía. No sólo por tratarse del primero sino también por la abundante prueba que lo acredita y pone en contexto: la familia de García identificó a los captores y reconoció a uno de los vehículos involucrados, un Dodge Polara verde, como perteneciente a la CGT. Por otra parte, testimonios de personas que en los días previos concurrieron a la sede de la central gremial indicaron que un gran cartel en el ingreso mostraba la foto del “Negrito” y otros dos compañeros bajo la leyenda “muerte a los zurdos”.

El cortejo fúnebre fue multitudinario. Documentos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires (DIPPBA) revelan que los espías identificaron allí a decenas de personas, a las que clasificaron por su militancia política. Muchas serían nuevas víctimas de la Triple A y la dictadura posterior.

El asesinato de García inició, en palabras que la Fiscalía tomó de uno de los testigos, el periodo de las “muertes rituales” que buscaban provocar terror y disciplinamiento. Arquetípico ejemplo de ello es la aparición de la “Fiambrera”, un Fiat 125 azul sin patente, que permanecía estacionado en la puerta de la CGT local. Su existencia, uso y denominación eran conocidos por la ciudad y la región, como prueban los artículos de La Nueva Provincia que lo mencionan. Varios testimonios señalan como su chofer al “Loco” Curzio, uno de los cuatro acusados de este juicio. Difícil confundirlo: Curzio era campeón de motociclismo en la especialidad de speedway, furor en Bahía Blanca.

Tiros en el silencio de la noche

Huanguelén, tranquila localidad del distrito bonaerense de Coronel Suárez, debe su nombre al mapudungun. Significa “lucero del alba”. Pero el 2 de diciembre de 1974 su comunidad vivió un amanecer que quebró su historia y salpicó su bella toponimia.

En la madrugada de ese día, la patota de la Triple A secuestró y asesinó al bioquímico y docente Rodolfo Gini, dejando muebles y paredes de su hogar firmadas con las tres A. Las ráfagas de ametralladora rompieron la quietud del campo. “En el silencio de la noche, ese sonido fue estremecedor”, relató un testigo citado por la Fiscalía en su alegato.

Gini había sido candidato a senador por el Partido Demócrata Cristiano y a concejal por la Alianza Popular Revolucionaria. Los servicios de inteligencia lo seguían desde 1959, cuando estudiaba y militaba en La Plata. En los meses previos a su asesinato, la policía local y el director de la escuela en que trabajaba informaron a la DIPPBA que Gini fomentaba “la formación de elementos subversivos”. En octubre habían sido secuestrados dos militantes oriundos de Huanguelén, que bajo tortura fueron interrogados acerca del docente de bioquímica. A uno de ellos le advirtieron: “te conviene hablar, porque si no vamos a utilizar el mismo tratamiento que usamos con el ‘Negrito’ (García): agua, agua, agua: AAA”.

Los partes de inteligencia policial no dudaron en adjudicar el crimen de Gini a la Triple A y la dictadura posterior demostró la coincidencia de objetivos entre los actores del terrorismo de Estado, antes y después del 24 de marzo de 1976. En noviembre de ese año, el Ejército ocupó militarmente Huanguelén, interrogó a decenas de personas y secuestró a la viuda de Gini, Marta Favini, y a varios de sus antiguos estudiantes.

La Nueva Provincia

La relación del diario antiperonista La Nueva Provincia con la ortodoxia peronista de Ponce fue caracterizada por la Fiscalía como una “alianza” con momentos “de salud y tensión”, conforme se acercaba la conjura militar.

Si hacia fines de 1975 el diario denunciaba la existencia de la “Fiambrera” y cuestionaba el accionar de la patota, lo que prueba que se trataba de hechos conocidos públicamente, durante 1974 y en la primera parte del año siguiente las mismas páginas imprimieron la coincidencia de objetivos. “Los Massot y Ponce actuaban de manera absolutamente coordinada”, resumió Fermento en su alegato.

Compartiendo facsímiles en su pantalla, el fiscal agregó que “uno de los momentos de óptima salud de la alianza fue al inicio de 1975”, cuando La Nueva Provincia denunciaba la “entrega de la Universidad a las huestes marxistas” y advertía que “si de hacer listas se trata, existe material suficiente para confeccionarlas sin temor a incurrir en equivocaciones o confusiones”. Un día después de publicar esas líneas, y en consonancia con ellas, el diario reprodujo una carta de Ponce al ministro Oscar Ivanissevich, solicitando la intervención de la Universidad Nacional del Sur (UNS).

La preocupación por la participación militante en comunidades educativas no se limitaba al ámbito público, sino que llegó a involucrarse en el confesional. En la madrugada del 21 de marzo de 1975, la organización parapolicial perpetró una serie de secuestros y homicidios e irrumpió en el Instituto Superior “Juan XXIII”, con cuya prédica posconciliar no coincidían Ponce ni La Nueva Provincia. El sacerdote salesiano Carlos Dorñak, vicerrector del Instituto, fue asesinado a sangre fría.

Fachada del Instituto Juan XXIII, donde asesinaron al sacerdote Carlos Dorñak. Foto Fiscales.

Los diarios personales del entonces provicario castrense Victorio Bonamín, analizados por Ariel Lede y Lucas Bilbao en el libro Profeta del genocidio, indican cuál fue su respuesta cuando la congregación acudió alarmada por el brutal homicidio. Bonamín les aconsejó “reconciliarse con La Nueva Provincia”.

Una Universidad propia

En su declaración testimonial durante el juicio, la investigadora Belén Zapata reconstruyó un diálogo entre Ponce y Juan Domingo Perón, que lo había recibido por intermedio de José Ignacio Rucci. Según comentó el propio Ponce a la revista El Caudillo, que clamaba por mayor autoritarismo en las aulas, durante el encuentro transmitió al Presidente su proyecto de crear una Universidad Sindical.

–Para eso ya está la Universidad Tecnológica Nacional –le respondió Perón. Habían pasado apenas tres años de sus charlas con Fernando Solanas y Octavio Getino, a quienes explicó cuál había sido su intención al fundar la UTN, originalmente llamada Universidad Obrera.

Tras la muerte de Perón, el 1º de julio de 1974, Ponce se lanzó a la conquista de las dos universidades públicas de Bahía Blanca. Esa decisión política explica que el accionar criminal paraestatal en los claustros locales se haya dado por cuenta de la misma Triple A y no de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), cuya presencia fue minoritaria en la ciudad.

En agosto de 1974 la patota armada ocupó el edificio de la Facultad Regional de la UTN, forzó la renuncia del interventor Francisco Fernández y desde el hall se dedicó a provocar a la militancia estudiantil que había marchado hasta la sede. En el grupo se podía individualizar a Montezanti, cuyo traje de abogado lo distinguía de las camperas gremiales. En septiembre último, el juez Walter López da Silva lo procesó por intimidación pública.

A mediados de febrero de 1975, Montezanti fue designado secretario académico de Humanidades y pocos días después el docente rumano Remus Tetu, que había huido de la Justicia de su país tras colaborar con la dictadura aliada al nazismo, asumió como interventor en el Rectorado de la UNS. La maniobra de Ponce había coronado con éxito, y el reclamo de La Nueva Provincia comenzaría a ser satisfecho.

Durante su gestión, Tetu cesanteó a decenas de docentes y no docentes, expulsó estudiantes, suprimió carreras, interrumpió planes de estudio de avanzada y aseguró financiamiento y vehículos a la patota que se había formado al servicio de Ponce. El 3 de abril de 1975, en una mañana de plena concurrencia por la inscripción a materias, tres matones que se movilizaban en el Ford Falcon del Rectorado de la UNS asesinaron en los pasillos del principal complejo de aulas al militante comunista David “Watu” Cilleruelo, que horas más tarde iba a ser reconocido como titular de la Federación Universitaria del Sur. Los testimonios señalan como partícipes materiales del crimen a Jorge Argibay, su hijo Pablo y Aceituno, que deberá responder por la acusación en el juicio próximo a concluir.

Los servicios de inteligencia policial y naval seguían a “Watu” desde varios meses antes. Lo habían identificado en el velatorio del “Negrito” García y la movilización a la UTN. Con la asunción de Tetu comenzaron a infiltrarse también en las asambleas estudiantiles que colmaban el aula más grande de la UNS. Los informes citan sus intervenciones, como aquella en que señaló a Tetu como “la intromisión del imperialismo en la UNS, con el apoyo de la Marina, única arma que había bombardeado al pueblo indefenso”.

Los automóviles de la UNS no fueron utilizados sólo en el crimen de “Watu”. En septiembre de 1975, el mismo Ford Falcon y una camioneta de doble cabina participaron del operativo ilegal en que fue asesinado Alberto Pojomovsky, cuya militancia comunista era conocida por los servicios de inteligencia. Pojomovsky ya había sufrido amenazas de la patota por su pertenencia política y su condición de judío.

Pese a las protestas de Ponce, Tetu fue relevado del cargo en los meses finales de 1975. Un cable de septiembre de 1976 de la Agencia de Noticias Clandestina que dirigía Rodolfo Walsh apunta que su figura fue reivindicada por el represor Adel Vilas en la conferencia de prensa en que anunció una persecución “por infiltración ideológica marxista” contra docentes de la UNS.

Sin importar su conocido prontuario, y pese a que nunca acreditó los títulos universitarios que se adjudicaba, Tetu continuó ejerciendo como docente de la UNS hasta su jubilación entrada la década del 80. El rector normalizador Pedro González Prieto, que había sido interventor en la institución con el golpe de 1955, no dio curso a los pedidos del movimiento estudiantil para que la primavera alfonsinista expulsase al otrora jefe universitario de la Triple A bahiense.

El tema permaneció silenciado en la UNS por décadas. Recién en 2006 se abordó institucionalmente cuando se determinó que cada 3 de abril sería Día de los Derechos Humanos en el calendario académico, en conmemoración de la fecha del homicidio de “Watu”. Cuatro años más tarde, la Universidad se presentó como querellante, condición que conserva en este juicio, que se celebra en su Aula Magna y se transmite por sus canales oficiales.

El miércoles 17, su Consejo Superior aprobó por unanimidad una resolución en que reiteró su repudio al golpe cívico militar de 1976. Uno de los considerandos incluye un primer mea culpa institucional explícito. Para consejeras y consejeros, la participación de Tetu en la jefatura de la Triple A, la provisión de empleos y vehículos a los acusados y la inacción institucional posterior, obligan a la UNS a “problematizar su propia historia y asumirse en su triple papel de víctima, escenario y victimaria de los crímenes estudiados en el presente juicio”. (30-03-21).