Esto pasaba hace 5 años: daban media sanción al proyecto antibullying del diputado Feliú
Así lo informó LA DORREGO el 26 de agosto de 2014:
“Se trata de brindar una herramienta concreta para garantizar el respeto y la aceptación de las diferencias, el rechazo a toda forma de discriminación, hostigamiento, violencia y exclusión, incluyendo las que se produzcan mediante entornos virtuales y otras tecnologías de información y comunicación, tal el caso de las redes sociales”, explicó el legislador.
Entre otros elementos para alcanzar sus objetivos, el proyecto compromete a los adultos—tanto padres como docentes—en el abordaje de la conflictividad, crea el marco para brindar asistencia mediante una línea telefónica gratuita y una página web y promueve la realización de campañas publicitarias preventivas.
“La idea es que todas las escuelas puedan avanzar en contar con un Acuerdo de Convivencia construido en relación con el Proyecto Educativo Institucional y debidamente aprobado por una autoridad de aplicación competente”, agregó Feliú.
Según dijo, su iniciativa pretende “prevenir lo que se conoce como bullying, que figura entre las primeras preocupaciones de estudiantes, docentes y familiares de alumnos, pero para el caso que suceda una situación encuadrada en esta problemática, aplicar sanciones de carácter educativo, con sentido crítico y reflexivo”.
Feliú consideró que, si bien la existencia de esta problemática no es nueva, sí se ha profundizado últimamente a partir de la irrupción de nuevas formas de comunicación e interacción como son las redes sociales.
“Por eso el abordaje de situaciones de intolerancia y agresión puede y debe prevenirse desde el mismo ingreso de un niño al sistema educativo. Este proyecto es integral y aborda el tema desde el jardín de infantes al nivel secundario, donde se deberá conformar un Consejo de Convivencia integrado por representantes de los distintos sectores de la comunidad educativa”, agregó.
Para ello, la Dirección General de Cultura y Educación diseñará una “Guía Orientadora” para establecer criterios normativos y distribución de responsabilidades, pero cada institución deberá promover sus propias estrategias para abordar conflictos.
Según el legislador, su proyecto es el fruto de un amplio y profundo trabajo interdisciplinario en el que intervinieron especialistas en pedagogía de distintos puntos de la provincia.
