En lo profundo del pozo todavía no se ve el piso

POR CARLOS MADERA (*)

Un día, el presidente admitió en su declaración jurada que tenía plata en un paraíso fiscal y un día después lanzó una “amnistía fiscal” para los fugadores seriales de divisas como él y su familia. El anuncio, a su vez, lo enmarcó en otro gran anuncio de alto impacto: el pago a jubilados con juicios contra el Estado por mala liquidación de haberes, en este caso con un impuesto que se les cobraría a los que repatriaran sus capitales .

Es decir, hubo una solución legal para los que desfinanciaron al fisco, produciendo el bache que perjudicó a los jubilados en los ‘90 y, en simultáneo, una supuesta reparación para las víctimas, que tendría que haber sido solventada por las arcas del Estado robustecidas por la supuesta recuperación de divisas. Visto así, en apariencia, cerraba perfecto, la plata estaría disponible, en teoría, porque sus anteriores victimarios la iban a introducir al sistema financiero que antes evadían.

Estamos en presencia de un gran gesto confesional: los que saquearon, vueltos a poner al comando del Estado que vapulearon con políticas de rapiña, prometieron subsanar el desaguisado por ellos mismos generado, si se les generaban las condiciones para que no haya reclamo que los hagan desistir de su imprevista solidaridad.

La pregunta, es si verdaderamente la plata la van a poner ellos, los fugadores, en un mea culpa de dimensiones históricas, o la seguirán poniendo los que siempre la ponen, aunque por otros canales.

El proyecto del oficialismo pretendió cerrar así, con un anuncio explosivo, un capítulo del desfalco, pero no aclaró ni dijo que el dinero que retornó, en vez de generar inversiones en producción, trabajo y nueva recaudación fue a parar a la timba financiera eximida de tributos.

Del Fondo de garantía, integrado por las acciones de las empresas que el Estado tiene en su poder tras la estatización de las AFJP, nada más se supo, son 750 mil millones de pesos.

Esa plata, hasta ahora, servía como reaseguro de las demandas generales del sistema, que se financiaba con aportes de activos pero también, y sobre todo, con dos impuestos, el IVA y Ganancias, que dependen del nivel de recaudación, que a su vez depende del funcionamiento positivo de las variables económicas.

El FGS sostenía la posibilidad de hacer frente a los aumentos semestrales del sistema de todos los beneficiarios, desconectándolo de los ciclos con altibajos de la economía.

Es más, ese dinero fue, hasta la llegada del macrismo a la administración estatal, a fondear planes anticíclicos (el Pocrear, el Progresar, Procreauto, la AUH, el Ahora 12) que sostuvieron el nivel actividad, la tasa de empleo y la recaudación necesarios para pagar los haberes de la totalidad de los pasivos, los de más bajos ingresos y también los de mayores ingresos, garantizando previsibilidad y cobertura general: En la Argentina, hasta fines de 2015 el 97 por ciento de personas en condiciones de jubilarse recibía algún haber después de una vida de trabajo.

Lo que teníamos fue una idea que trajo beneficios al conjunto e hizo viable el sistema. La del macrismo, es otra, vino a generar imprevisión y hasta intemperie en el resto, aunque esto no lo diga nadie.

Aunque no haya sido el enfoque de las coberturas periodísticas mayoritarias en la radio y la TV. La promesa de eliminación del único impuesto a la riqueza vigente va en un único sentido: garantizarle al fugador arrepentido que el dinero que traiga al circuito legal no será importunado por la AFIP, porque el marco tributario será rediseñado de tal forma como para que sea lo suficientemente laxo a las pretensiones históricas del sector que fuga las divisas bajo mil excusas, y que el presidente y su gabinete tan bien representan.

Lo que hoy hay que plantearse urgente es qué ocurre con el sector pasivo que depende de la recaudación en una economía que tiende a reprimarizarse, a estancarse y a recaudar cada vez menos impuestos. Del mismo modo que habría que indagar sobre cuál sería el beneficio de los empoderados circunstancialmente con la actualización de sus haberes, en un contexto de devaluación y alza de tarifas que recortan sus capacidades reales de consumo y ahorro, en un país que vuelve a trazar una línea entre incluidos y excluidos a niveles noventistas.

Lo que se tiende a avizorar, si se analizan las medidas del macrismo como un todo, es que hay en mente una nueva política previsional donde retornarían con fuerza las ideas que procuran derechos a los que individualmente puedan proveérselos y se margina a los que no. En teoría, claro. El sistema de AFJP comenzó así, supuestamente empoderando a los que individualmente podían pagarse una jubilación mejor y dejando al resto a la deriva.

Lo que pocos recuerdan es que todo terminó siendo una estafa, el gran negocio de un pequeño grupo de empresas y bancos, y que el único que estuvo ahí cuando quebraron y se quedaron con la plata de los abnegados aportantes al paraíso jubilatorio que prometían, el único que estuvo ahí para garantizarles un ingreso fue el Estado, financiado, entre otros, por los impuestos que también pagaban los excluidos con el 21% de IVA, mientras los fugadores seriales llevaban su plata a Bahamas, eso que dicen ahora entre otros disparates, que no es delito y que ayuda a la Argentina a salir adelante, para pagarles a los jubilados un haber digno que les escamotean y que en lo profundo del pozo todavía no se ve el piso.

(*) Conduce Dorrego despierta, de lunes a viernes, de 7 a 9 por LA DORREGO.