Agroquímicos: responsabilidad y justicia tardía… pero justicia al fin

La ratificación de la condena al productor hortícola Ricardo Nicolás Prieto por la muerte de Nicolás Arévalo no es solamente el cierre judicial de un hecho ocurrido hace quince años en una chacra de Lavalle, Corrientes. Es, sobre todo, una señal institucional que interpela a un modelo productivo y a un sistema de controles que durante décadas convivió con prácticas peligrosas naturalizadas en el ámbito rural.

El fallo del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes confirma una sentencia que había sido dictada en 2020: tres años de prisión en suspenso por homicidio culposo y lesiones culposas. La pena puede parecer leve frente a la dimensión humana de la tragedia —la muerte de un niño y la intoxicación de otra menor—, pero el valor del fallo no radica únicamente en el castigo individual. Su importancia reside en el precedente que establece: el uso negligente de agroquímicos puede tener consecuencias penales.

Durante años, el debate sobre las fumigaciones con plaguicidas se desarrolló en un terreno difuso, donde las denuncias de comunidades rurales convivían con la defensa cerrada de sectores productivos que sostenían la inocuidad de los productos cuando eran utilizados “correctamente”. En ese contexto, muchas veces las consecuencias sanitarias quedaban diluidas entre peritajes contradictorios, demoras judiciales y vacíos regulatorios.

Este caso, sin embargo, logró atravesar ese laberinto. Los peritajes médicos y ambientales permitieron establecer una relación clara entre la exposición al plaguicida a base de alfaendosulfán y el cuadro de intoxicación que derivó en la muerte de Nicolás Arévalo. La Justicia concluyó que no se trató de un accidente inevitable, sino de una conducta imprudente en la manipulación de una sustancia altamente tóxica.

El punto central es precisamente ese: la negligencia. La producción agrícola moderna depende en gran medida de insumos químicos, pero esa dependencia exige responsabilidades proporcionales. Quien manipula sustancias peligrosas no solo administra un recurso productivo; también gestiona un riesgo sanitario y ambiental. Cuando ese riesgo se materializa por falta de precaución, el sistema judicial tiene la obligación de intervenir.

La ratificación de la condena también pone en evidencia otro problema estructural: el largo tiempo que suelen demandar estos procesos. Entre el hecho ocurrido en 2011 y la confirmación definitiva de la sentencia pasaron más de una década. Para la familia de la víctima, ese recorrido judicial implica años de incertidumbre y desgaste emocional. Para la sociedad, significa una justicia que llega tarde.

Sin embargo, el fallo abre una puerta importante. En un país donde el uso de agroquímicos es parte central de la producción agrícola, establecer responsabilidades claras es fundamental para prevenir nuevas tragedias. No se trata de demonizar la actividad agropecuaria, sino de exigir estándares de seguridad y controles efectivos.

La muerte de Nicolás Arévalo no puede convertirse en una estadística más dentro del debate sobre los agrotóxicos.

Si algo debe dejar este caso es una lección clara: la productividad no puede construirse a costa de la salud ni de la vida. Cuando el descuido se transforma en tragedia, la justicia debe marcar un límite. Y ese límite, aunque llegue tarde, es el que hoy empieza a quedar establecido. (06-03-26).