Internet y telefonía celular como derechos humanos
El gobierno nacional declaró como «servicios públicos, esenciales y estratégicos” a la telefonía celular y fija, internet y la televisión paga. Seguirán en competencia y sus licenciatarios fijarán los precios, pero deberán ser “justos y razonables”. Además, se congelaron las tarifas de esas prestaciones hasta el próximo 31 de diciembre.
Los servicios de Internet, telefonía y de cable son esenciales para el acceso al conocimiento, la educación y a la cultura, pero también al trabajo y el desarrollo económico.
La Declaración de Principios de la Cumbre Mundial sobre la sociedad de la información, celebrada en Ginebra en 2003, establece como un desafío para las naciones aprovechar el potencial de las tecnologías de la información para promover los objetivos de desarrollo, en particular, la relevancia de estas tecnologías para generar crecimiento económico y mejorar la calidad de vida de todos.
Varios organismos internacionales, con la ONU y la OEA a la cabeza, desde el 2016 reclaman que se reconozca el derecho al acceso y el uso de Internet «como un derecho humano y una condición esencial para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión”.
En 2019 Naciones Unidas (ONU), la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y Organización de Estados Americanos (OEA) emitieron una declaración conjunta pidiéndole a los Estados «reconocer el acceso y uso de internet como un derecho humano y una condición esencial para el ejercicio de la libertad de expresión».
En América Latina, según CEPAL, el 45% de la población carece de banda ancha. Con lo cual existe un déficit estructural en términos democráticos.
La educación, el acceso al conocimiento, a la cultura y a la comunicación son derechos humanos básicos que dependen en gran medida en esta etapa histórica del acceso a internet y a la telefonía celular. A su vez, los derechos de les usuarios y consumidores están constitucionalmente reconocidos desde 1994.
La medida adoptada por el Gobierno establece que en lo sucesivo no podrá haber ningún aumento sin la previa aprobación del Estado y dejarán sin efecto los aumentos de los abonos anunciados por algunas de las empresas prestadoras a partir del 1 de septiembre.
La declaración de servicio público es algo que las asociaciones de defensa de usuarios y consumidores venían pidiendo hace años tanto las organizaciones de derechos humanos como las de usuarios y consumidores. Como diputada nacional, María José Lubertino presentó un proyecto en el 2003. Había habido avances regulatorios en el 2014 a través de las leyes audiovisual y de telecomunicaciones, pero el gobierno anterior significó un claro retroceso dejando todo librado al mercado.
De esta manera, se están recuperando herramientas regulatorias. Recordemos que el DNU 267 firmado por el ex presidente Mauricio Macri en diciembre de 2015, con el que creó el Enacom y modificó artículos centrales de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, dio de baja el poder regulatorio del Estado.
El Gobierno dispone que de aquí en adelante haya planes inclusivos de prestación básica, universal y obligatoria para quienes menos tienen. A partir del nuevo DNU el precio de los servicios estará regulado. Es decir, pueden hacer los descuentos que consideren oportunos pero el tope del aumento lo pone el Estado.
Apoyamos el congelamiento de tarifas para estos servicios hasta el 31 de diciembre, ya que se venía un aumento que ya habían anunciado las empresas a partir del 31 de agosto. En este momento, en el cual la mayoría tenemos sueldos congelados y muchas personas han perdido su empleo o sus ingresos, aumentar tarifas de algo tan necesario como es en este momento internet era un problema.
El Estado recupera herramientas de control y regulación de precios, calidades, tipo de servicio y universalidad.
La Comisión de Usuarios de Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Custic), agrupación de 26 asociaciones, manifestó su apoyo al nuevo decreto.
También sería bueno que les consumidores también tengamos una participación en la fijación de regulación de precios y que el servicio mínimo que se establezca por reglamentación tenga un piso de prestación alto, no bajo.
