Falta de control de precios máximos, la principal deficiencia del municipio local durante la emergencia sanitaria

POR PABLO JAVIER MARCÓ

Mucho no se le puede reprochar al municipio en su accionar integral desde que comenzó la emergencia sanitaria por la maldita pandemia de Covid 19. Con decisiones a diario, los resultados demuestran la eficacia de las medidas tomadas (y acatadas por un mayoritario sector de la población) en el país y en nuestra ciudad. Hasta el bloque de concejales de la oposición elogió lo realizado por el Ejecutivo comandado por Raúl Reyes.

Sin embargo, es discutible que no se hayan prorrogado los contratos de médicos que no pertenecen a la planta permanente del municipio. Oficialmente se expusieron cuestiones técnicas, trasladando la responsabilidad de la decisión al Tribunal de Cuentas. Y se adujo que otros municipios lo hicieron. La coartada perfecta. Ahora bien, ¿la política no podía haber hecho más para defender -y reubicar- a ese personal cesanteado? Apelar a razones formales y economicistas no parece ser el mejor mensaje en medio de una pandemia mundial.

Menos defendible es la actitud que tomó el DE en relación con el decreto presidencial que faculta a los intendentes a efectuar el control de precios máximos para cuidar el bolsillo de los vecinos evitando abusos y garantizar el abastecimiento de los productos. De movida, la OMIC aclaró que al no contar con inspectores, las denuncias debían hacerse por un par de links. En ninguna parte del decreto se menciona que el control debe quedar exclusivamente a cargo de las oficinas municipales de defensa del consumidor. Hay localidades (Monte Hermoso, por citar a la más cercana) sin OMIC, pero en la que el gobierno local capacitó a 8 inspectores para que recorrieran los negocios. Acá, en Dorrego, ¿no se podía haber hecho lo mismo?. Si los inspectores municipales no son suficientes, ¿no se podía haber reasignado personal de áreas menos activas en la coyuntura por la pandemia para -previa capacitación- cumplir con la tarea? Un buen ejemplo lo dio el propio Ejecutivo dorreguense  cuando designó empleados del cerrado polideportivo a repartir bidones de agua para descomprimir la entrega.

En los umbrales de la cuarentena, por una firme determinación política, que no reparó demasiado en fundamentos legales o constitucionales, fueron bloqueados cerca de 10 accesos a la ciudad cabecera.

En los temas contrato de médicos y control de precios, el bloque de la oposición decidió levantar dos pedidos de informes porque, evidentemente, han quedado conformes con las explicaciones del intendente. Más allá del malestar que esta decisión de la bancada del FDT – PJ causó en activos e importantes dirigentes del propio justicialismo, los argumentos quedaron entre 4 paredes y sólo fueron escuchados por el reducido número de asistentes al encuentro realizado el miércoles, un día antes de la sesión.

El estado y la política están dando las mejores respuestas para combatir a la pandemia y atenuar sus efectos en el país. En nuestro distrito, en los dos asuntos tratados en esta nota, no fue justamente el criterio imperante.