Productores dorreguenses y de otros lugares presentaron un amparo por deudas de los 90 con el Banco Nación
Un grupo de diez productores del sudoeste bonaerense inició a fines del año pasado una acción de amparo ante el juzgado federal N° 1 de Bahía Blanca contra el gobierno nacional, el provincial, el Banco de la Nación y el fideicomiso provincial creado por la ley 12.726, con el fin de lograr un acuerdo en un conflicto que ya lleva 25 años.
La disputa es por deudas contraídas en los 90 con el Banco Nación que debían pasar a un fideicomiso de la provincia de Buenos Aires, como se hizo en otros distritos, pero que en este caso no se terminó de concretar.
«Los productores llevan más de dos décadas de intentos frustrados en la búsqueda de una solución en el recálculo de sus deudas, posibilitando pagarlas sin tener que liquidar sus capitales de trabajo y continuar en el sistema productivo», dijo Víctor San Román, abogado ad honorem y secretario de la Asociación Usuarios Servicios Financieros, que desde su delegación de Bahía Blanca asiste a los productores.
En la acción de amparo, los productores denunciaron que los préstamos que recibieron del Banco Nación durante la década del 90 «contienen tasas de interés y condiciones viciadas por la usura».
«Este problema se extendió a todo el país y afectó a decenas de miles de pequeños productores que quedaron fuera del sistema financiero y productivo, pero durante los gobiernos anteriores se concertó y puso en ejecución una política de estado que consistió en transferir esas deudas a las provincias y todas éstas se encargaron de resolverlo, menos la de Buenos Aires», afirmó San Román.
Los productores presentaron la acción de amparo el 28 de diciembre de 2017. Sus campos están ubicados en Villarino, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Saavedra, Tornquist y Exaltación de la Cruz.
Un grupo de diez productores del sudoeste bonaerense inició a fines del año pasado una acción de amparo ante el juzgado federal N° 1 de Bahía Blanca contra el gobierno nacional, el provincial, el Banco de la Nación y el fideicomiso provincial creado por la ley 12.726, con el fin de lograr un acuerdo en un conflicto que ya lleva 25 años.
La disputa es por deudas contraídas en los 90 con el Banco Nación que debían pasar a un fideicomiso de la provincia de Buenos Aires, como se hizo en otros distritos, pero que en este caso no se terminó de concretar.
«Los productores llevan más de dos décadas de intentos frustrados en la búsqueda de una solución en el recálculo de sus deudas, posibilitando pagarlas sin tener que liquidar sus capitales de trabajo y continuar en el sistema productivo», dijo Víctor San Román, abogado ad honorem y secretario de la Asociación Usuarios Servicios Financieros, que desde su delegación de Bahía Blanca asiste a los productores.
En la acción de amparo, los productores denunciaron que los préstamos que recibieron del Banco Nación durante la década del 90 «contienen tasas de interés y condiciones viciadas por la usura».
«Este problema se extendió a todo el país y afectó a decenas de miles de pequeños productores que quedaron fuera del sistema financiero y productivo, pero durante los gobiernos anteriores se concertó y puso en ejecución una política de estado que consistió en transferir esas deudas a las provincias y todas éstas se encargaron de resolverlo, menos la de Buenos Aires», afirmó San Román.
Los productores presentaron la acción de amparo el 28 de diciembre de 2017. Sus campos están ubicados en Villarino, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Saavedra, Tornquist y Exaltación de la Cruz.
En 2010, durante el gobierno de Cristina Kirchner, el entonces gobernador Daniel Scioli firmó con el Banco Nación un convenio para el traspaso de las deudas a la provincia de Buenos Aires. Ese convenio fue ratificado por unanimidad de ambas cámaras de la legislatura de la provincia. Cuando se hizo el acuerdo en toda la provincia había 2155 productores en problemas con deudas por $282,9 millones.
El abogado indicó que esas normas se reglamentaron y se realizaron numerosos trámites entre el Banco Nación y la provincia de Buenos Aires para su instrumentación, pero el gobierno anterior finalizó su mandato sin llegar a ponerlas en ejecución. «En el medio, algunos productores se resignaron y pagaron al banco lo que les liquidaba, pero para ello tuvieron que vender sus capitales de trabajo y hasta parte de sus campos, quedando la mayoría marginados del sistema productivo», dijo San Román.
En noviembre de 2016, según informó La Nación, los productores le enviaron una carta a la gobernadora María Eugenia Vidal pidiéndole que acelerara los trámites pendientes para la ejecución del convenio y así poder regularizar su situación con la aplicación del cuerpo normativo vigente en la provincia, pero dicen no haber recibido respuesta.
«Ante el avance de las causas judiciales iniciadas por el Banco Nación que durante el gobierno anterior habían sido suspendidas, la inminencia del remate de sus campos y la ausencia de toda posibilidad de una negociación para llegar a un acuerdo, los productores presentaron la acción de amparo peticionando el cumplimiento del marco normativo vigente», explicó San Román.
Aclaró que la intención de los productores «es poder resolver lo más rápido posible el problema». Ante una consulta de La Nación, desde el Banco Nación no hicieron comentarios sobre el tema. El año pasado, el banco ordenó frenar el desalojo de productores que habían sido intimados a abandonar sus campos. (La Nación).