Narcofemicidios y exclusión social
NOTA DE MARIANA CARBAJAL EN PÁGINA 12
Ayer, en una clase del Instituto de Formación Docente Vera Peñaloza, de la ciudad bonaerense de San Martín, una alumna contó que Brenda vendía ropa usada en la misma feria que ella en Morón, que se había endeudado con otros feriantes, que la última vez que la vio fue en marzo, que les dijo que no podía devolverles la plata y los feriantes la echaron. Nunca más la vio hasta estos últimos días, cuando su nombre apareció junto con los de Lara y Morena, primero en flyers que circulaban en redes sociales dando cuenta de que estaban desaparecidas. Y luego, como víctimas del horror más horroroso.
La escena la contó la profesora de ESI María Inés Persa. “Todavía estoy conmovida”, me dijo este sábado cuando la contacté luego de leer su relato en un posteo en Instagram de “Mujeres que no fueron tapa”.
Brenda del Castillo y Morena Verdi, eran primas. Ambas tenían 20 años. Lara Morena Gutiérrez, de 15 años, era su amiga. Brenda tenía un bebé de un año. Las tres vivían en La Matanza. Las pibas no llegan a una situación de prostitución por placer. Ni al mundo narco. La tortura que sufrieron y la saña con la que fueron asesinadas, son mensaje indeleble en sus cuerpos. ¿Alguna tenía una relación con el jefe narco que ordena su ejecución? ¿Se quedó con dinero o droga ajena? Nada justifica su brutal ejecución. Parece que hay que aclararlo.
Aunque a un variado espectro de periodistas o todólogxs les repugne –batalla cultural de por medio– la desigualdad de género debe ser la guía para analizar los asesinatos de Brenda, Lara y Morena, junto con otros elementos de la escena siniestra de sus muertes.
La foto del triple femicidio de Florencio Varela es borrosa si se queda solo en el supuesto ajuste de cuentas. También si termina en el vínculo con la narcocriminalidad. Un primo de las chicas lo dijo con claridad: no conseguían empleo.
El foco debe apuntar –además de en la búsqueda de justicia– en el contexto de precarización laboral, desmantelamiento de programas sociales dirigidos a jóvenes y en la feminización de la pobreza. La foto hay que ampliarla y dentro de ese marco hay que meter el plan económico neoliberal del Gobierno de Milei que impide ver, no solo un futuro, sino un presente para muchas pibas (y pibes).
Uno de cada cinco jóvenes no estudia ni trabaja, pero la brecha de género es clara: el 22,5% de las mujeres está en esa situación frente al 17,5% de los varones, según el informe Situación socioeducativa de los jóvenes (EPH, 2° semestre 2024, Observatorio de la Deuda Social UCA). Aunque muchas de esas pibas en realidad se están haciendo cargo de tareas de cuidado no remuneradas en sus hogares. La desigualdad se profundiza con la pobreza: el 34,6% de los jóvenes de hogares de muy bajos recursos no estudia ni trabaja, contra apenas el 6,5% en los de nivel medio alto. Esta diferencia evidencia el fuerte vínculo entre la vulnerabilidad socioeconómica y las oportunidades de inserción educativa y laboral.
Pero pega con más fuerza a las mujeres jóvenes, donde el desempleo llega al 19,2 por ciento, dos puntos más que entre sus pares varones. Hay una enorme brecha de clase: en los hogares de nivel medio alto el 61,3% de los jóvenes tiene empleo, mientras que en los muy bajos apenas llega al 32,2%. La precariedad laboral también tiene género: solo el 29% de las jóvenes accede a empleo registrado, frente al 34,1% de los varones.
Uno de los mayores blancos del ajuste implementado por el Gobierno de Milei han sido los programas sociales dirigidos a la promoción de la educación en jóvenes como el Progresar –cuya inversión cayó 63% en 2024–. Como señala un informe de FUNDAR, esta baja se explica en partes casi iguales por caída de beneficios (-30,7%) y beneficiarixs (-36,8%). Mientras que los programas de subsidios a la promoción o preservación del empleo formal han tenido una caída abrupta del 81 por ciento desde 2023.
El impacto de este triple femicidio, por la brutalidad y su espectacularización, lo llevó a la agenda pública. Pero no es un hecho aislado: desde 2020 hasta julio de este año se registraron al menos 196 femicidios en contextos narco, según el Observatorio Nacional MuMaLá. El 65% ocurrió en Santa Fe —sobre todo en Rosario y Gran Rosario— y el 17,5% en Buenos Aires.
Las vidas de Brenda, Morena y Lara estaban marcadas por la desigualdad y la falta de oportunidades. El pedido de justicia de sus familias debe interpelar a toda la sociedad. Pero no alcanza con que todos los involucrados en sus muertes reciban las condenas que merecen: el Estado debe garantizar que ninguna piba sea descartable. No alcanza con la conmoción frente a la brutalidad; es urgente exigir políticas de seguridad que frenen el avance narco en los barrios populares, pero a la vez, programas sociales y educativos que le tiendan una mano a las juventudes más pobres y eviten que otras chicas terminen desmembradas en una bolsa. (28-09-25).
