Privatizaciones: la aventura que comandó Menem y ahora quiere reflotar Milei

Carlos Menem asumió de manera adelantada el 8 de julio de 1989 y, un mes más tarde el Congreso aprobó la Ley de Reforma del Estado, la herramienta que dio luz verde a las privatizaciones. Así comenzó el proceso de desguace de las empresas públicas.

El segundo gobierno de la democracia restaurada en 1983 asumió en medio de una hiperinflación y con el peso de la deuda externa. Menem puso en marcha el Plan Bunge y Born, acercado por uno de los principales conglomerados del país. El peronismo consiguió el compromiso de la UCR a acompañar a nivel parlamentario el paquete de medidas hasta al menos el 10 de diciembre, la fecha en que tendría que haber asumido Menem. Así se consiguió la mayoría para sacar leyes.

Para encarar el proceso privatista, algo impensado en un gobierno peronista, y en medio de mucha presión para avanzar por ese lado (uno de los slogans de la época afirmaba que los ferrocarriles perdían un millón de dólares por día), Menem puso a Roberto Dromi al frente del Ministerio de Obras y Servicios Públicos. Esa cartera, con Rodolfo Terragno en tiempos de Raúl Alfonsín, había intentado un proyecto de apertura a capitales foráneos en el caso de Aerolíneas. Menem fue a fondo.

«Nada de lo que deba ser del Estado seguirá en manos del Estado», fue el ¿lapsus? de Dromi delante de Menem en un acto en la Casa de Gobierno cuando comenzó la etapa de las privatizaciones,

La primera empresa que se vendió fue ENTel. La hasta entonces Empresa Nacional de Telecomunicaciones se privatizó a fines de 1989, bajo la guía de María Julia Alsogaray. La Bell fue la ganadora del concurso de licitación, pero no tomó las riendas de la compañía, al parecer por las altas comisiones que le habría pedido. ENTel se la repartieron entre Telecom y Telefónica de España.

A fines de 1989 Menem ordenó privatizar dos de los canales de TV que estaban en manos del Estado: el 11 y el 13. Para eso se modificó un artículo de la Ley de Radiodifusión, lo cual permitió la formación de multimedios.

En los meses siguientes se vendieron Aerolíneas Argentinas, los trenes, los peajes, Segba, Obras Sanitarias de la Nación, Yacimientos Carboníferos Fiscales y Somisa. En marzo de 1992, el tratamiento parlamentario de la venta de Gas del Estado derivó en un escándalo: el oficialismo no tenía los números suficientes para aprobar la privatización y un empleado de la Cámara de Diputados se sentó en una banca al momento de la votación. Fue el caso del «diputrucho».

1992 fue también el año de la venta de YPF, la más importante de esa etapa. La petrolera pasó a operar como sociedad anónima. El Estado argentino se descapitalizó, los miles de millones de la venta de las empresas no se usaron para terminar con el lastre de la deuda externa, sino que sirvieron para sostener, en un fuerte proceso de endeudamiento, el flujo de dólares que garantizaran el experimento de la convertibilidad.

Pasaron los años y el peso de la deuda, más el déficit fiscal y el fin del financiamiento externo, significaron la lápida para el uno a uno. La Argentina salió de la convertibilidad y de a poco volvió a rearmarse el sistema de empresas públicas, con AySA (sucesora de OSN), Aerolíneas e YPF, más los trenes.

Ahora, el país se enfrenta a amenazas concretas de volver a recorrer ese camino. (Página 12). (22-11-23).