Voto tras las rejas: un proyecto presentado por la oposición revive un debate zanjado por la Corte

Falta un año para las próximas PASO presidenciales. Según datos oficiales, más de 13.000 personas privadas de la libertad procesadas votaron en las últimas elecciones legislativas.

En la actualidad, las personas condenadas no pueden votar -solamente están habilitados los procesados que se encuentren cumpliendo prisión preventiva-, pese a las sentencias de la Cámara Electoral y de la Corte Suprema que declararon la inconstitucionalidad de las previsiones que restringen este derecho e incluso instaron al Congreso a resolver “a la mayor brevedad” la regulación vigente.

En este sentido, la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) impulsó a principio de año un texto para modificar el Código Electoral y habilitar a los electores que se encuentren privados de su libertad en virtud de un proceso o condena penal a «emitir su voto en todos los actos eleccionarios que se celebren durante el lapso en que se encuentren detenidos».

«La prohibición o impedimento de sufragar que pesa sobre las personas condenadas es un acto discriminatorio pues no existe criterio objetivo alguno que justifique la negación de un derecho del que goza el resto de los ciudadanos», afirman desde el organismo a cargo de la protección de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.

A pesar de los precedentes de la Corte y la postura de la PPN, un grupo de legisladores de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto para prohibir el voto tras las rejas. El texto, impulsado por el diputado nacional Alberto Asseff, excluye del padrón electoral a todos «los detenidos por orden de juez competente mientras no recuperen su libertad».

En sus fundamentos, la iniciativa afirma que el sufragio de los detenidos es un «recurso para la obtención de votos por parte del poder ejecutivo, teniendo en cuenta el perfil de electorado que detenta el oficialismo».

«Entendemos también que el procedimiento para el sufragio para personas privadas de la libertad implica una erogación económica que obviamente debe ser afrontado por las arcas del estado», añade el texto que cuenta con el apoyo de los diputados Gerardo Milman, Carlos Zapata, Héctor Stefani, Francisco Sánchez, Alejandro Finocchiaro, Pablo Torello, Jorge Vara, Maru Sotolano, Virginia Cornejo y Gerardo Cipolini.

Para Asseff, «resulta harto contradictorio obligarlos a llevar a cabo una imposición cívica tal como el voto, habida cuenta además, que la persona detenida mal puede lograr un estado mental en el cual le permita el discernimiento tal que lo lleve a elegir correcta y conscientemente a sus representantes, por cuanto dicha persona se encuentra mentalmente enfocada en su entorno carcelario y en lograr su libertad». (Data Clave). (11-08-22).