Los pañuelos en nuestra plaza central como contundente respuesta al negacionismo
Por Pablo Javier Marcó
«La impunidad es hija de la mala memoria» (Eduardo Galeano)
Con un gran desprecio y desconocimiento del largo camino recorrido por nuestra sociedad en materia de la condena al último genocidio nacional, usuarios de redes sociales, entre ellos algunos vecinos de nuestra ciudad, justificaron lo hecho por los dictadores. Niegan que los desparecidos sean 30.000 y hasta se animan a reivindicar a los genocidas.
La posición de esta gente parece dejar abierta una puerta por la que la duda y la falta de conocimiento conduce necesariamente a la negación de lo que cientos de sentencias judiciales han establecido a lo largo y ancho del país: lo que ocurrió en argentina durante la vigencia del estado terrorista fue un genocidio, hubo una masacre direccionada desde el propio estado para destruir a toda una fracción de la población e implantar un nuevo orden social.
Poner en cuestión el número de desapariciones forzadas es una estrategia que ha estado en boca de los autores de los crímenes, quienes no dudaron en atribuir la diferencia a móviles económicos de las víctimas y, lo que es aún peor, a la legitimación de la teoría ya no de los dos demonios sino de uno sólo de ellos: serían los perseguidos y masacrados los que engendraron la tragedia con su accionar.
En ese sentido, la magistral carta que escribió el recordado Eduardo Luis Duhalde como Secretario de Derechos Humanos de la Nación a Graciela Fernández Meijide señalaba con acierto: «El único registro fehaciente de la cantidad de víctimas asesinadas, su identidad y destino final solo está en poder de los asesinos. De aquellos que mientras pregonan que su accionar fue «justo y en defensa de la patria» ocultan todo dato, sabiendo que su proceder fue abiertamente criminal.»
Vale la pena recordar que en dicha carta se consignaban las variables producto de las cuales la cifra de los 30000 compañeros desaparecidos no es arbitraria:
a) La cantidad de sitios clandestinos de detención y exterminio, en todo el país, que superan el número de 500.
b) Las estimaciones sobre el número de prisioneros que hubo en los grandes centros de detención y exterminios como la ESMA, Campo de Mayo, La Perla, el Batallón de Tucumán, el Circuito Camps, El Olimpo, El Atlético, etc., ya que ellos solos superan con creces el número actual registrado en la CONADEP y la Secretaría de Derechos Humanos.
c) La estimación en torno al número proporcional de Habeas Corpus presentados en el país.
d) El número de integrantes de las estructuras militares afectadas a la represión ilegal durante todo el periodo dictatorial que superan los 150 mil hombres, activos a la caza de sus víctimas.
e) Los propios dichos de los militares previo al golpe de Estado, de que sus relevamientos efectuados con anterioridad, desde las escuelas hasta las fábricas, que indicaban en más de 30.000 las personas a eliminar (ver por ejemplo los dichos de un militar en la carta del escritor Haroldo Conti desaparecido el 5 de mayo de 1976, escrita previa al golpe y dirigida a Roberto Fernández Retamar de fecha 02 de enero de 1976).
f) Los informes de la Embajada Norteamericana al Departamento de Estado, haciendo constar que en el año 1978 los jefes de la dictadura argentina informaron a la DINA chilena que las víctimas alcanzaban ya el número de 22.000. Debe recordarse que la dictadura continuó en su labor represiva ilegal de secuestros y asesinatos por cinco años más con posterioridad a ese informe y que aquella cifra de 22.000 correspondía a solo los dos primeros años de la dictadura.
Debemos mencionar además, que en uno de los tantos fallos dictados en nuestra jurisdicción, particularmente en la causa conocida como «Feced II», el voto de la Dra. Noemí Berros es elocuente en ese sentido: «En el reporte desclasificado en Estados Unidos suscripto por ‘Luis Felipe Alemparte Díaz’ –seudónimo bajo el que operaba en nuestro país en el marco del plan Cóndor, el agente chileno de la DINA, Arancibia Clavel-, que data de julio de 1978, se adjuntan listados de muertos ‘por izquierda’ que se dice obtenidos “en el Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, sito en Callao y Viamonte de esta Capital, que depende de la Jefatura II de Inteligencia del Comando General del Ejército y del Estado Mayor General del Ejército”. El informe concluye –de julio de 1978-: “Se tienen computados 22.000 entre muertos y desaparecidos, desde 1975 a la fecha”. La cifra misma, la masificación del fenómeno, actúa deshumanizándolo. Parafraseando a Todorov: si un desaparecido o un muerto es un dolor, 30.000 o 100.000 pueden ser solo una información.»
Como contundente –y necesaria- respuesta al negacionismo de algunas y de algunos, un grupo de mujeres autoconvocadas de nuestra ciudad efectuaron una intervención en la plaza central: pintaron los pañuelos de las queridas Madres y Abuelos, y pegaron fotos de nuestros desaparecidos, los dorregueros. También, remarcaron que fueron 30.400, número que busca visibilizar a las personas de la comunidad LGBTQI desaparecidas, un reclamo histórico de activistas de la diversidad sexual. (Los datos corresponden a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos). (03-04-22).
