La mesa vacía

NOTA ESCRITA POR SEBASTIÁN PREMICI EN EL COHETE A LA LUNA

Con el precio de los alimentos que no para de subir de manera exponencial, las condiciones de vida del 40% de la población bajo la línea de pobreza se vuelven tierra arrasada, como en una guerra. En la noche del viernes, cuando Alberto Fernández emitió un mensaje grabado sobre la guerra contra la inflación que no fue, quedaron más preguntas que respuestas.

En los barrios hacen cuentas de cuánto deberán gastar en pan, galletitas, harina de trigo, fideos, frutas, verduras, algo de carne, huevo, leche y menudencias. Es decir, lo esencial de una canasta básica alimentaria que en febrero aumentó casi un 10% en relación al mes anterior y un 52,2% en la comparación interanual, según las mediciones del INDEC.

La guerra entre Rusia y Ucrania puso la lupa sobre un sector que en el país está híper concentrado. La escalada de precios no es una situación meramente coyuntural. También obedece a componentes especulativos que no pueden resolverse con acuerdos voluntarios de precios o a través de la autorregulación del mercado, como les gusta decir desde el Ministerio de Agricultura. La estructura de concentración es palpable, y ocurre desde el primer eslabón que es la producción primaria, seguida por la exportación y la molinería.

Según un informe sectorial del Ministerio de Economía, de los 37.425 productores de trigo que existen en el país, el 10 por ciento concentra el 53,4% del área sembrada. En el segmento de la exportación, sólo 10 empresas concentran 94,9% de las ventas al exterior. Las principales compañías son ADM Agro (18,2%), COFCO (17,6%), Cargill (15,5%), Bunge (12,7%) y Dreyfus (10,8%). Las mismas cerealeras ocupan los primeros puestos en las ventas de soja y otros granos.

La estructura de concentración también se repite en la molienda, donde el 4,7% de las empresas concentra el 50,4% de la producción. De este total, una sola sociedad acapara el 23,7% del mercado: Molino Cañuelas.

La empresa de la familia Navilli colgó a diferentes bancos –privados y públicos como el Nación— con una deuda por 1.300 millones de dólares. Por eso ingresó en un concurso preventivo de acreedores. Una situación muy similar a la de Vicentin,

Los principales consumos de los sectores populares, es decir aquellos que sobreviven a base de la canasta básica alimentaria, están definidos o direccionados por un puñado de empresas que ganan con la espiral inflacionaria.

El informe sectorial del Ministerio de Economía también describe la situación de concentración en los fabricantes de pastas y galletitas. De un total de 47 empresas que producen pastas secas, 4 acaparan el 67,4% de la capacidad instalada agregada. Y solo cinco acumulan el 76,5% de la producción anual. La sociedad Molinos Río de la Plata se queda con el 44,5% de todo este mercado.

Y en el caso de las galletitas, la industria está conformada por alrededor de 100 empresas, mayormente pymes. Sin embargo, la estructura productiva se caracteriza por una importante concentración, donde solo dos firmas acaparan el 60% del mercado interno: Arcor (Bagley Argentina S.A.) y Mondelez (ex Kraft-Terrabusi).

Lo paradójico de este esquema de concentración es que los empresarios que protagonizan cada uno de estos mercados responsabilizan de la suba de precios del pan, por ejemplo, a las panaderías, un universo de 20.000 pymes distribuidas en todo el país. Cinismo puro.

¿Autorregulación?

Desde el Ministerio de Agricultura les gustaría que todos los instrumentos de regulación de precios se manejasen de manera voluntaria y administrados por el propio sector. Por eso ponderan los fideicomisos existentes –como los del aceite y el trigo– por sobre otras decisiones como podrían ser la suba de retenciones para desacoplar precios internacionales de los locales, que no son un impuesto sino un instrumento de política económica.

En su etapa albertista, Julián Domínguez tiene la tarea de “ser la voz del campo” dentro del gobierno nacional. Al menos esa es la visión que tienen algunos de sus colegas en el gabinete.

En esa línea, la idea de Agricultura sería acordar hasta que duela. Y duele bastante, porque el precio de los aceites siguió subiendo a pesar del fideicomiso privado que buscó desenganchar los precios internacionales de los locales.

Según el relevamiento del Centro de Estudios Agrarios (CEA), el 85% de la producción de aceite está concentrado en cuatro empresas: Aceitera General Deheza, propiedad del ex senador Roberto Urquía y Miguel Acevedo, ex presidente de la UIA. La sociedad detenta el 28% del mercado. Le sigue Molino Cañuelas con el 26%, Molinos Río de La Plata (22,0%) y Tanoni (9,0%).

¿Qué ocurrió con el precio de este producto? Entre enero de 2016 y diciembre de 2019, su valor se multiplicó por siete, mientras que desde que asumió Alberto Fernández, con el fideicomiso aceitero incluido, el aumento registrado a febrero de este año fue del 150 por ciento.

Si al inicio de la gestión de este gobierno una persona con un salario mínimo podía comprar 135 botellas de aceite (de un litro) , ahora solo puede adquirir 105 botellas.

La autorregulación del mercado, por sí sola, no sirve.

Las nuevas medidas por venir

El gobierno creará un fideicomiso público que podría reunir 450 millones de dólares –aunque desde la industria sostienen que los recursos serán del triple– para congelar el precio del trigo a la molinería en torno a los 25.000 pesos la tonelada. Desde el gobierno estiman que se necesitan subsidiar 3,8 millones de toneladas de trigo. A diferencia de los instrumentos vigentes, este será administrado por el Estado nacional.

El raid de las negociaciones arrancó hace una semana, con intercambios informales entre Roberto Feletti (Comercio Interior), Matías Kulfas (Desarrollo Productivo) y Julián Domínguez (Agricultura). El ministro de Economía, Martín Guzmán, estuvo excluido de las conversaciones.

Una idea de máxima que se había barajado era la suba de retenciones al trigo, maíz y girasol. Pero tanto los exportadores como Domínguez la rechazaban de plano. Tras esa negativa, el gobierno intentó que los exportadores aportaran los 3,8 millones de toneladas a un precio congelado de manera voluntaria. Pero se negaron.

Así fue como se llegó a la suba de retenciones para el aceite y harina de soja en dos puntos (en realidad es la quita de un diferencial) con el objetivo de fondear un fideicomiso público para congelar el precio del trigo a la molinería. Fue anunciado en un decreto incluido en una edición del Boletín Oficial en la madrugada de ayer, horas después del discurso presidencial.

Kulfas llevó adelante las negociaciones con Agricultura, el Presidente Alberto Fernández y la industria. A diferencia de cuando lo mandó a callar, esta vez hubo sintonía fina con Feletti. ¿Por qué el ministro de Desarrollo Productivo cambió de parecer? La suba de precios como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania se hizo más que evidente en marzo: la harina 000 aumentó un 19% en los primeros 15 días del mes.

Entre las medidas que se aplicarán, también habrá un robustecimiento para el fideicomiso del aceite. Según datos de la industria, este instrumento cuenta con 190 millones de dólares los cuáles quedarían cortos ante la suba de los precios internacionales. Los recursos solo alcanzarían para sostener precios hasta junio.

Desde el Poder Ejecutivo indicaron que se necesitarán, como mínimo, otros 200 millones de dólares para evitar las disparadas de precios, en productos que ya registran subas el 2,0% en lo que va del mes.

Por lo tanto, se aceptó abrir las autorizaciones de exportación de trigo de la campaña 2023 para que las cerealeras adelanten el pago de derechos de exportación, recursos que irán al fideicomiso del aceite. Según indicaron a este diario desde CIARA-CEC, la cámara que nuclea a las exportadoras, la industria podría adelantar 700 millones de dólares en concepto de retenciones en tan solo una semana.

¿El silencio de los inocentes?

El ministro Guzmán celebró la aprobación del acuerdo con el FMI a través de diferentes posteos en sus redes sociales. Básicamente, destacó el “apoyo popular” a la ley que consagra una nueva autorización de crédito público con el organismo multilateral.

“Nunca un acuerdo con el FMI tuvo apoyo social y político federal de tal magnitud. Por primera vez en la historia pasó por el Congreso y logró un nivel de adhesión del 80%. También acompañaron sindicatos, el sector privado, universidades, movimientos sociales y la sociedad civil”, sostuvo a través de sus redes sociales.

De esta manera, el gobierno enfatizó haber evitado el temido default con el Fondo. “Duela lo que duela”, sostuvo Guzmán en Twitter.

Los senadores y senadoras del kirchnerismo eligieron el silencio y solo insertar sus discursos en la versión taquigráfica. Hubiera sido más que interesante que el senador Oscar Parrilli dijera en el recinto lo que expresó en el texto que insertó. De todas maneras, lo redactado no quita la dureza del análisis.

“A principios de este año apareció una importante novedad que muestra claramente las verdaderas intenciones del FMI. Se trataba de un verdadero pliego de condiciones de rendición. Así nos enteramos que ya no era reestructuración en un nuevo plan, sino que era refinanciación con revisiones cada tres meses durante dos años y medio, con metas y exigencias incumplibles y que si no se cumplían no habría refinanciación, tampoco nuevos plazos”, explicó.

Palabras más, palabras menos, Parrilli sostuvo que Guzmán le mintió al pueblo cuando se mantuvo en secreto que habría nuevos desembolsos del organismo para cancelar el stand-by del macrismo. En algo tenía razón el ministro de Economía: este escenario duele. (23-03-22).