Guerra de números y cuentas pendientes entre el Gobierno y las eléctricas

POR SEBASTIÁN PREMICI (*)

El Gobierno apuesta a jugar fuerte en la disputa con las empresas distribuidoras de electricidad del Área Metropolitana en las audiencias públicas que se realizarán el 29 y el 30 de marzo próximos para determinar la actualización de las tarifas domiciliarias, frizadas desde hace casi dos años. Edesur y Edenor reclaman un ajuste tarifario que va del 30 al 150 por ciento, según cómo y quién analice los balances. La Secretaría de Energía está dispuesta a transparentar un acuerdo avalado por la gestión de Mauricio Macri en 2019 que les reconoció a las compañías ingresos no percibidos por más de 100.000 millones de pesos. ¿El objetivo? Dar cuenta de que las empresas deberían cesar en esos reclamos producto del congelamiento tarifario y ganar el volumen político necesario para restringir el reajuste en ciernes.

Radiografía de las ganancias de las empresas eléctricas

El ministro de Economía, Martín Guzmán, tiene en su despacho un informe reservado del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) que podría poner en jaque las pretensiones de Edesur y Edenor de obtener esa compensación por la falta de actualización tarifaria entre 2006 y 2015. El ente determinó, a partir del informe al que accedió Letra P, que esos números fueron fraguados. Además, las empresas reclaman otros $60 mil millones por el congelamiento aplicado durante la pandemia.

Desde Energía pretenden que Guzmán anule el convenio de 2019 cerrado por el entonces mandamás energético Gustavo Lopetegui. Sostienen que, en realidad, es el Estado quien debería recibir compensaciones económicas por parte de las concesionarias. Este argumento forma parte de las negociaciones con la meta de convalidar un incremento de solo un dígito en las facturas.

Cartas sobre la mesa

Edenor, empresa adquirida por el al grupo Vila – Manzano – Filiberti y que pertenecía a Pampa Energía, el holding de Marcelo Mindlin, reclama un ajuste en las boletas del 31 por ciento, pero también quiere una modificación en la estructura tarifaria que reduzca a una sola la categoría residencial (hoy son nueve) y la categoría comercial (actualmente son tres).

En la práctica, esto implicaría un aumento -tomando un consumo promedio- del 157 por ciento para el actual usuario R1 y del 65 por ciento para el R2. Es decir que se perjudicarían casi 1,5 millón de usuarios y usuarias, según el análisis realizado por el ENRE.

“Lo que nosotros estamos planteando es una necesidad de fondos, considerando también las inversiones necesarias. En este sentido, tenemos un déficit de 21.000 millones de pesos producto del congelamiento de tarifas de los últimos dos años. El Estado deberá definir si es vía subsidio o tarifas. Si se decidiera trasladar a tarifas, sería un aumento promedio del 31 por ciento”, respondieron voceros de Edenor a Letra P.

En julio del año pasado, el Ente Regulador había recomendado anular el cuadro tarifario del macrismo al sostener que la eliminación de los subsidios, sumada a la dolarización de las tarifas, habían constituido una transferencia de recursos de los usuarios hacia las empresas. Por caso, Pampa Energía, dueña de Edenor por entonces, obtuvo una rentabilidad neta en el período macrista de 1086 millones de dólares.

Edesur, por su parte, reclama una suba promedio del 81 por ciento, con un aumento del VAD (margen de distribución, ingresos de la empresa descontando las compras de energía) del 250 por ciento en comparación con 2020, según el análisis del ENRE. La empresa del grupo ENEL afirma otra cosa. Dice que solicitó un aumento del 34 por ciento para las tarifas residenciales y un promedio del 45 por ciento para el resto.

Desde el Gobierno dudan de los números de la distribuidora. «¿Cómo es posible que digan que las tarifas deberían aumentar un 45 por ciento cuando reclaman ingresos con una suba del 250 por ciento? El cálculo es cuánto debería aumentar la tarifa promedio para cubrir su déficit de $34 mil millones. La respuesta es con una suba de tarifas del 81 por ciento», analizó un funcionario de Energía.

La discusión de fondo radica, al menos para un sector de la coalición gobernante, en que las concesionarias no están en posición de reclamar casi nada debido a los abultados “regalos económicos” que recibieron durante el gobierno macrista y que figuran en el informe reservado del ENRE que espera ser analizado por Guzmán.

Por ese motivo, la propuesta que surgirá de las audiencias públicas para el servicio de electricidad, de las que participarán ONGs, cooperativas, organizaciones de usuarios, pymes, empresas de transporte eléctrico, distribuidoras y representantes del Estado nacional, es que no se puede aumentar más de un 9 por ciento, sobre todo teniendo en cuenta que más del 40 por ciento de la población está bajo la línea de pobreza.

Rojo

Entre 2006 y 2015, las tarifas estuvieron congeladas y el Estado compensó a las prestatarias con transferencias directas, entendidas como salario diferido para el conjunto de usuarios y usuarias.

En 2019, Macri y Lopetegui firmaron con las dos distribuidoras del AMBA un acuerdo en el que concluyeron que de haberse ajustado la tarifa durante aquellos años, Edenor debería haber incrementado sus ingresos en $56.946 millones y Edesur en $44.067 millones. Esto es lo que reclaman ahora, sumado a los “ingresos no percibidos” durante la pandemia.

La auditoría del ENRE, incorporada a la causa judicial iniciada por el diputado Rodolfo Tailhade (FdT) por el acuerdo entre Macri y las concesionarias, concluyó que las dos sociedades recibieron más recursos por subsidios que por lo que ahora reclaman como “ingresos no percibidos”. Conclusión: Edesur y Edenor deberían al Estado 47.000 millones de pesos.

Si Guzmán rechaza por vía administrativa el acuerdo de 2019, las distribuidoras entrarían en un rojo contable, porque computaron como ingresos lo que ahora reclaman. Es una carta que Energía quiere jugar en el contexto de las audiencias públicas para limitar las pretensiones de las distribuidoras. (29-03-21).

(*) NOTA PUBLICADA EN LETRA P.