Provincia prorrogó la eliminación de tasas en las boletas de luz hasta enero de 2019
Tal como anticipó la gobernadora María Eugenia Vidal durante una recorrida por Chivilcoy, se postergó la puesta en vigencia de la resolución del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (OCEBA), que prohíbe a los intendentes cobrar tasas municipales en las boletas de servicio eléctrico.
La medida, que fue publicada este lunes en el Boletín Oficial, establece “el 1º de enero de 2019, como la fecha de efectiva aplicación, por parte de los distribuidores provinciales y municipales, de lo dispuesto en el artículo 2° de la Resolución OCEBA Nº 0167/18”.
La decisión fue tomada a partir de la recepción de presentaciones de distribuidores municipales y de Municipios, solicitando que “se considere el otorgamiento de un plazo para la efectiva implementación de los alcances de la citada resolución”.
“Que, en tal sentido, y en el entendimiento que el cumplimiento de la medida implica para los Municipios modificaciones en sus sistemas de recaudación y cobro y, para los distribuidores municipales, la correspondiente solicitud de autorización ante este Organismo de Control así como la adaptación de sus sistemas de facturación que permitan el cumplimiento de los recaudos legales”, reza la nueva resolución.
Como se sabe, son muchos los distritos que incluyen en las boletas tasas municipales ajenas al servicio eléctrico. Por ejemplo, en Tandil se cobra un gravamen para la cobertura de prácticas de alta complejidad en el hospital local.
Luján, por su parte, incluye impuestos para los bomberos voluntarios, fondos de infraestructura, acción social y seguridad. Chivilcoy, además, implementa tres tasas fijas para seguridad, educación y transporte público; mientras que en Junín se incluye una tasa de seguridad además de la denominada Conservación de la Vía Pública.
Mariano Uset, jefe comunal de Coronel Rosales por Cambiemos, negó que en su municipio se cobre alguna de estas tasas, pero entiende el trasfondo de la medida. “Todos tenemos que hacer cuentas y sacrificio. Tengo una administración muy austera, no hay mucho margen para abajo. Viajo a La Plata en un auto 98, no consigo más viejos”, graficó el mandamás.
En tanto, el peronista Alfredo Fisher, mandamás de Laprida, consideró que la resolución de OCEBA es inconstitucional y que aquellos municipios que “presupuestaron sus recursos con la legalidad de esos cargos los desfinancia a mitad de ejercicio”.
El malestar de los jefes comunales con la Provincia no es nuevo. Primero se quedaron sin el Fondo de Seguridad, después sin el Fondo de Infraestructura, se vieron prácticamente en la obligación de adherir al Pacto Fiscal y perdieron 1400 millones por la desfinanciación del Profide (Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Plan de Infraestructura Provincial).
