Fumigaciones, tóxicos y negligencia: avanza el primer juicio federal por contaminación en Pergamino
El juicio por contaminación ambiental en Pergamino comenzó este miércoles en los Tribunales Federales de Rosario, luego de más de ocho años de instrucción y con nueve imputados entre productores agropecuarios y exfuncionarios. El proceso, a cargo del Tribunal Oral Federal N.º 2, indaga el uso de agrotóxicos en zonas cercanas a barrios poblados, donde se detectaron altos niveles de glifosato en agua, suelos y en los propios cuerpos de los vecinos. Se prevé la declaración de un centenar de testigos, incluidos médicos, policías, profesionales y habitantes afectados.
La acusación sostiene que las fumigaciones realizadas entre 2011 y 2019 generaron un daño ambiental y sanitario grave, violando normativas de protección e ignorando incluso las escasas distancias establecidas por la ordenanza local. El fiscal y la querella remarcan que las prácticas investigadas no pueden considerarse actividades privadas amparadas por la Constitución, sino acciones con impacto directo sobre el aire, el agua y la salud comunitaria. Entre los casos emblemáticos figura el de Sabrina Ortiz, denunciante y víctima, cuya familia presentó niveles elevados de glifosato y secuelas asociadas a la exposición crónica.
Las defensas intentaron sin éxito una suspensión del juicio y plantearon desde objeciones de competencia federal hasta la minimización del daño potencial por el tamaño de las parcelas. Sin embargo, el Ministerio Público y la querella insisten en que existen pruebas científicas y testimoniales que comprometen toda la cadena de responsabilidades: propietarios, fumigadores, ingenieros agrónomos y funcionarios que omitieron controles. La presencia de organizaciones ambientales y referentes de distintas provincias subrayó la expectativa por un fallo que podría marcar un antes y un después.
El avance del proceso es visto como un hito por especialistas y activistas, que señalan la excepcionalidad de juzgar penalmente un modelo productivo basado en el uso intensivo de químicos. El juicio, que continuará en febrero, podría derivar en penas de entre 3 y 10 años de prisión. Más allá del veredicto, el caso expone la fragilidad del sistema de control estatal y la persistente distancia entre la normativa ambiental y las prácticas reales del agronegocio, evidenciando un problema estructural que trasciende a Pergamino. (La Tecla). (06-02-26).
