(Des)precios

Por Ricardo Aronskind

Siguen siendo preocupantes los índices inflacionarios. Las buenas expectativas de reducción del crecimiento de los precios que hubo en algún momento de 2020 se han ido disipando. Cada mes parece haber otro factor que contribuye a la aceleración de precios.

Hace muchos años, lo tradicional en los debates económicos era atribuir esos movimientos incesantes a la “puja de precios y salarios”. Los sindicatos tenían capacidad de incidir en el escenario económico, y forzar aumentos reales, aunque luego la próxima oleada inflacionaria tendiera a hacerles perder la ventaja transitoria.

Ya no es así. Los salarios –los trabajadores— se han quedado atrás tendencialmente desde 1976 y lo que tratan de hacer es recuperar algo de lo perdido en el pasado. Luego del respiro kirchnerista, el macrismo volvió a inclinar la cancha fuertemente contra el mundo del trabajo –y de los desempleados— y la pandemia ha profundizado aún más esta situación, por la precarización y el desempleo.

No han mediado últimamente ni saltos cambiarios —que siempre son la justificación de cualquier abuso—, ni fuertes emisiones de dinero que excedieran lo requerido por la economía, ni impresionantes aumentos salariales que presionaran vía costos a las empresas, ni tarifazos como los que el macrismo propiciaba para favorecer a sus monopolios amigos.

Pero los incrementos continúan. Nadie puede decir hoy con seriedad que los “costos laborales” impulsan el alza de precios, ni tampoco la abundante demanda que agota la capacidad de producción de las fábricas.

Un fenómeno que habría que estudiar con más profundidad es el de la puja inter-empresarial, en la cual los demás actores sociales son sólo observadores y víctimas pasivas. En esta situación, estarían compitiendo fracciones empresariales por apropiarse de la capacidad de consumo interno de la economía, que no es ilimitada. Pelean por una masa de ingresos de la población que se utilizará de acuerdo a los precios con los que se encuentren en el mercado. Ciertos aumentos de precios satisfacen transitoriamente las expectativas de rentabilidad empresarial, pero desacomodan a otros sectores, que recurren también al aumento de precios para ponerse a la altura de las ganancias esperadas.

Las grandes empresas, y más aún aquellas ubicadas estratégicamente en los sectores menos “elásticos” –es decir, cuya demanda no puede contraerse demasiado ante el alza de precios, dadas su características especiales— parecen ser las ganadoras de la disputa.

Pierde la gente, pierde el mercado interno y pierde el país.

Inflación y política

Es claro para todos los actores relevantes de la escena nacional que uno de los campos de la disputa política está en los precios y su dinámica.

No es el único, por supuesto. Lejos estamos de las reducciones economicistas, tan de los ’90, que señalaban que todo tenía que ver con abatir o no la inflación. Se explicaban los resultados electorales exclusivamente en base a una sola variable económica y se perdían de vista las transformaciones que recorrían el país.

Buena parte de la sociedad argentina captó tarde que además de la inflación –como machacaban los economistas neoliberales—, eran importantes las fuentes de trabajo y las posibilidades de empleo, además de poder acceder a servicios públicos razonables.

Más tarde el kirchnerismo pareció caer en otro error economicista: si se extendía lo más ampliamente el consumo hacia todos los estratos sociales, el consenso hacia las políticas populares se consolidaría. La victoria de Mauricio Macri fue una cruel desmentida de esa ilusión con un alto componente economicista. Había otros componentes en el voto, que la derecha supo estudiar y explotar.

Pero efectivamente la inflación es un problema social y político que el gobierno deberá encarar con más consistencia, si no quiere perder una carta importante para prevalecer en la puja electoral que se viene en 2021.

Las metas del gobierno

Ha sido explicitada en el Presupuesto Nacional una meta inflacionaria anual del 29% para 2021.

El equipo de economistas que acompañan al Ministro Guzmán sabe hacer las cuentas, y el propio Ministro no es dado a las exageraciones o a las fanfarronadas. La estimación fue hecha con prudencia, teniendo en cuenta comportamientos “normales” de los agentes económicos, pero las últimas cifras de 2020 y las de los primeros meses de este año, especialmente en precios mayoristas, empiezan a socavar la viabilidad de esa meta, de la que a su vez dependen otros equilibrios macroeconómicos y sociales

Estamos en presencia de un misterio que no es metafísico, cosa que es importante aclarar ya que es cuestión de las personas y no de los dioses. El movimiento de los precios depende de decisores económicos, y en ese campo no toda empresa es igual a la otra. Hay lugares estratégicos en el entramado productivo, y a veces están habitados por muy pocos jugadores, que saben que disponen de un alto grado de autonomía para fijar sus márgenes de rentabilidad.

Ya durante la gestión de Cristina se hicieron intentos de transparentar la estructura de precios para ubicar dónde estaban los problemas, las deformaciones, los abusos. Fue hacia el final de la gestión y no hubo tiempo para profundizar las medidas necesarias para poner en caja las distorsiones.

El macrismo llegó, precisamente, para que nada se entendiera y que las empresas se sintieran libres de aprovechar sus poderes monopólicos u oligopólicos, o su cercanía con la cúpula gubernamental para maximizar beneficios a costa de consumidores, usuarios, y las otras empresas que no gozaban de iguales posiciones dominantes en el mercado o en el gobierno.

Alberto Fernández heredó este cuadro de situación, y si bien la política macroeconómica es mucho más sensata que en la gestión anterior, en el tema de los precios no encuentra aún la forma de evitar el daño que le hacen a la sociedad las prácticas remarcatorias incesantes.

Avances y expectativas: el SIPRE

Para ir avanzando hacia el misterio insondable de cómo y porqué se mueven los precios, el gobierno acaba de implementar el Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (SIPRE). Se requerirá mensualmente a las empresas información sobre sus ventas, sus stocks de producción –tanto insumos como productos finales— y sus precios. En principio se trata de unas 500 empresas de rubros muy relevantes y con alto impacto en la formación de precios. Más adelante el sistema incorporará otras tantas empresas para ganar en cobertura y extensión.

Funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo han dicho que se proponen «entender mejor la evolución de los precios en cada cadena de valor para luego hacer mejores políticas para el mercado interno». Señalaron que «queremos contar con información fiable y actualizada mes a mes para hacer más sencilla la cadena de comercialización y poder prever con anticipación problemas de stock o de abastecimiento».

Es cierto que el fenómeno de desabastecimientos parciales de productos ha hecho aparición el año pasado, y tiene algunos fundamentos reales, por la disrupción provocada por la pandemia global en ciertas redes de aprovisionamiento de insumos. Pero también se observaron desabastecimientos vinculados a especulaciones empresariales en torno a una hipotética devaluación instalada por sectores del poder económico y los medios de comunicación.

En previsión de las resistencias empresariales a favor de mantener el misterio insondable de los precios, la nueva disposición tiene carácter obligatorio, e incluye la posibilidad de la aplicación de la Ley de Abastecimiento a aquellas firmas que se nieguen a informar al sector público.

La opacidad de los privilegios

La información que requiere el SIPRE es básica, pero imprescindible para un proceso de mayor transparencia económica.

Pero está tan tergiversada la “economía de mercado” en la Argentina, que incluso este mínimo grado de atención estatal a un problema grave de toda la población como es la inflación, suscita el rechazo y la repulsa de franjas del sector privado.

Se han escuchado en estos días argumentos dignos de un jardín de infantes, pero como son dichos por empresarios importantes, pasan a ser serios y no encuentran contestación social.

Por ejemplo, se ha afirmado que la medida avanza “sobre el derecho de propiedad y la libertad económica”, cosa que haría morir de risa a los funcionarios de la Unión Europa que residen en Bruselas, acostumbrados a recopilar y manejar cantidades pasmosas de información productiva. Cabe aclarar, por las duda, que la Unión Europea no es precisamente un bloque socialista.

Alguno deslizó que “hay que ver si esto tiene sólo una finalidad estadística”. La expresión encierra una lógica insólita: si el Estado pidiera información sólo por el afán de recopilar números en una oficina para luego publicar un anuario estadístico, sería aceptable, pero si en cambio intenta hacer algo por el bienestar general se tornaría sospechoso y hasta peligroso.

Uno de los más simpáticos argumentos contra el SIPRE fue que “generará más burocracia en las empresas (o sea más costos) y eso podría repercutir en un desaliento de las inversiones”.

Hay que decirlo con claridad: si una de las 500 empresas más grandes del país no tiene preparada al instante su información interna sobre stocks, ventas y precios cobrados, simplemente no merece existir, porque no llegó aún a la modernidad capitalista. Todas las empresas cuentan con esa información, y no necesitan crear ninguna burocracia. El argumento del “desaliento de las inversiones” pertenece mucho más al reino del psicoanálisis que al de la economía: ya hay una colección enorme de argumentos bizarros e inverosímiles para explicar por qué no invierten o invierten poco, a pesar de que siguen ganando mucha plata. Se sacrifican y sufren por seguir produciendo en Argentina.

Quizás proporcionar la información al gobierno les haga bien y descubran que tan mal no les va.

Poder e inflación

No ha sido un fuerte del actual gobierno poder aplicar la ley, especialmente en sus aspectos punitivos. Una clave del viva la pepa económico de nuestro país es el estado de anomia, gracias al cual se puede hacer casi todo sin recibir castigo. El contrabando, la evasión y los aumentos desproporcionados son la verdadera ley de esta Argentina endeudada y empobrecida por sus dueños.

Dentro de todas las anomias, el grupo Clarín encabeza el ranking con orgullo, aplicando tarifas a sus usuarios por arriba de lo permitido por las autoridades, a la luz del día, y consiguiendo siempre un juez en algún rincón del país que lo comprenda y ampare.

No ya controlar los precios, sino simplemente conseguir información empresarial básica podría transformarse en una batalla de poder entre el Estado democrático y el mundo de la anomia de empresas acostumbradas al descontrol.

El control de la inflación, en nuestro caso, requiere de un enorme poder público, porque se trata de una combinación de intereses, ideologías conservadoras, viejos comportamientos adquiridos, inercias en los hábitos de muchos actores y también acciones voluntarias de boicot político.

El tema ha dejado de ser meramente técnico hace rato, y el gobierno ha comenzado a recorrer un camino racional: tener la información de los propios empresarios para hacer un diagnóstico. Pero el gobierno debe saber que sin disposición a la aplicación de la ley, continuarán indefectiblemente la anomia, el padecimiento inflacionario y el cotidiano desgaste de su gestión.

Habrá que superar con políticas públicas el desprecio que algunos empresarios sienten por el bolsillo y el bienestar de sus compatriotas.

Y demostrar que hay una forma alternativa y progresista de controlar la inflación, que no pasa por destruir la economía y mantener en el infraconsumo a los seres que la habitan.

(*) Nota publicada en El Cohete. (27-03-21).