Duras críticas de Ripoll en el Concejo a los gobiernos provincial y nacional

A través de una cuestión de privilegio, el concejal Luciano Ripoll (UCR – Juntos por el Cambio, cuestionó duramente algunas decisiones de los gobierno provincial y nacional.

Esta fue su exposición:

«Hoy hemos solicitado esta intervención para expresar nuestro pesar respecto a varias situaciones que acontecen actualmente. Desde este bloque político se han llevado a cabo diferentes manifestaciones de repudio utilizando esta herramienta legislativa, como es la moción de privilegio, entendiendo que es un instrumento que nos permite expresarnos, y en nuestra voz, a nuestro electorado y a la ciudadanía dorreguense que nos delegaron su representación en el presente Cuerpo. En este contexto tan delicado, cada paso que tiene que dar un Gobierno, debe ser con la mayor responsabilidad posible. Creemos que es fundamental, que todo aquello que conlleve una gran responsabilidad con la ciudadanía tiene que poseer mínimamente un sesgo de consenso. Y es en ese camino, nos encontró a este espacio político, hoy, desde el lado de la oposición dispuestos a apoyar al Gobierno Nacional y Provincial, dando los gestos políticos al respecto, en esta difícil situación.

«Acompañar la toma de decisiones en busca del bien común, porque nos enfrentamos a un enemigo que no distingue banderas políticas partidarias, y la sociedad, hoy, nos demanda este compromiso mancomunado. Entre todos los sectores dentro del escenario político. Siguiendo con el desarrollo de la idea que venimos a manifestar, creo que estamos ante un proceso histórico que, como dije anteriormente, nos exige deliberación y consenso. Elemento último que no está presente, más allá que desde la oposición nos hemos predispuesto a dicha cuestión. Hoy día, mientras seguimos sufriendo y teniendo presente esta pandemia que nos interpela como clase dirigente, se están tomando a la ligera, decisiones de relevancia trascendental para nuestra institucionalidad republicana y democrática. Hoy, políticamente, la población está sujeta al manto de velo que desde el Poder Ejecutivo Nacional, se pone sobre sus ojos, que a su vez toma decisiones políticas que exigen un debate urgente y necesario, pero se toman por decreto. Esto sumado al cerco parlamentario al que está sometido el Congreso de la Nación, nos indica que no hay institución funcionando en la que se canalicen estas cuestiones. Esto, nos interroga como ciudadanos y nos obliga, como representantes del pueblo, a llevar nuestra opinión a los espacios de debate como es este recinto. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Defensa, derogó dos decretos del Gobierno anterior que ampliaba facultades a las FFAA. Y desde la actual administración nacional se defiende el criterio de actuación de las fuerzas armadas solo ante una agresión externa. Este nuevo decreto, vuelve a poner en vigencia el Decreto 727/2006. Que fue discutido también en esta Sesión, cuando desde el anterior gobierno se derogó este decreto que mencioné. Parece que retrocedemos ignorándose los cambios que existieron en el mundo en todos estos años y de la forma en como los conflictos han cambio. En la actualidad hay nuevas amenazas que la Ley de Defensa no contemplaba porque se sancionó en 1988 con amplio consenso democrático.

«Hoy retrocedemos a no evaluar que el terrorismo, los cyber ataques y el narcotráfico implican nuevos desafíos para el instrumento militar. Nos interpelaban desde la bancada de la minoría, exigiéndonos que era necesario un debate amplio y sensato en el Congreso de la Nación, con seriedad y el compromiso que correspondía al tema. Sobre cuál debe ser el rol de las Fuerzas Armadas en este periodo democrático. Un debate que nos merecemos todos los Argentinos, después de la noche larga y oscura que afrontamos producto de la última dictadura militar. Pero de la noche a la mañana, en medio de una crisis sanitaria, aquellos que nos pedían un debate amplio en el Congreso Nacional, derogaron el decreto del gobierno anterior, solamente con un decreto presidencial. Por otro lado, el Gobierno mediante otro Decreto de Necesidad y Urgencia volvió a suspender por seis meses más la movilidad jubilatoria. Cuando termine el plazo va a ser un año entero sin que nuestros jubilados puedan recibir el aumento que les correspondería por Ley. Con la fórmula suspendida y que fue aprobada por el Congreso Nacional, el aumento estaría entre 4 y 14 puntos porcentuales por encima del aumento decretado. Por ende, y como los mismos jubilados lo observan a diario, perderían nuevamente. Estos decretos se dictan en el marco de una creciente práctica por el Poder Ejecutivo Nacional.

«Entendemos y no desconocemos, para nada, la situación fiscal que atraviesa nuestro país pero debe ser el Congreso quien delibere la movilidad social a través de la Ley que regula dicha movilidad. Mientras nuestra coalición estuvo al frente de los destinos del gobierno nacional, se nos tildó de ajustadores, sobre todo en materia educativa. Particularmente en la educación universitaria. El Consejo Interuniversitario Nacional, en el año 2019, envió un pedido presupuestario a la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación, que fue debatido en los diversos espacios políticos y que fue incluido en el proyecto de presupuesto del Gobierno saliente, y que el actual oficialismo congeló. Hoy el sistema Universitario Nacional está funcionando con un presupuesto anacrónico, sancionado para el año 2018. Es de suma urgencia que empecemos a pensar más allá de lo sanitario, que proyectemos el acontecer institucional, poniendo la mente en el futuro y en el conocimiento, de la cual el Congreso de la Nación es nuestro guardián, y las universidades, nuestra gran reserva moral. Estas y muchas otras cuestiones, no son interrogantes exclusivos de nosotros como dirigentes políticos, sino de la ciudadanía toda, que más allá de tener su opinión sujeta a ciertas voluntades no es ingenua y se plantea estos interrogantes diariamente. Haciendo autocrítica desde el oficialismo y desde la oposición. Reconociendo aciertos y errores, enfocándonos desde los errores, nos preguntamos y esperamos futuras acciones del oficialismo nacional, provincial y minoría local. ¿Están de acuerdo que el Procurador General del Tesoro, Carlos Zannini, haya opinado favorablemente para que la ANSES le pague una pensión vitalicia de unos 400 mil pesos al condenado e inhabilitado para el ejercicio de la función pública ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou? ¿Les parece correcto que los docentes tengan que cobrar su aguinaldo en cuotas cuando hace poco más de dos años, el Secretario del SUTEBA llamaba a retención de tareas por un retraso en un día, en el pago de salarios? Y escuchábamos opiniones y manifestaciones desde la oposición, hoy oficialismo, repudiando esta situación. ¿Les parece correcto que se haya apedreado y destruido la plaza del congreso en convivencia con los movimientos sociales para frenar una sesión en el Honorable Congreso Nacional, y hoy los jubilados tengan congeladas la movilidad jubilatoria por decreto? Como sabemos Presidente, el que calla otorga».