Bahia Blanca demostró que se puede
Escrito por Fortunato Mallimaci (*) en Página 12
Corría el comienzo del año 2022, la pandemia del COVID estaba presente y comenzaba el juicio oral por la Mega Causa Zona V, Bahía Blanca, por delitos de lesa humanidad. La semana pasada se dictó la sentencia.
Se juzgaron a 32 imputados que llegaron a este Juico oral acusados de secuestros, torturas, homicidios, desaparición forzada de detenidos, robo de bebes y abusos sexuales contra 334 víctimas, cometidos desde la Jefatura del V Cuerpo de Ejército con sede en Bahía Blanca . Hubo 31 condenados, la mitad cadena perpetua, los demás a penas menores y un absuelto. Varios de los que cometieron esos crímenes atroces, se hospedaban en el casino de Oficiales del V Cuerpo. Una vez más, se ordenó al diario La Nueva Provincia la rectificación de lo publicado sobe las victimas desaparecidas o asesinadas, “que no fallecieron en presuntos enfrentamientos en la vida pública”, “como acto moralmente reparatorio”.
Fueron 155 audiencias con 188 testigos, realizadas por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahia Blanca con la participación del Fiscal General Miguel Angel Palazzani, los fiscales Pablo Fermento, Paula Molini y el Fiscal Ad Hoc Jose Nebbia, junto a las querellas y a un equipo que acompañó a las víctimas durante todo el juico.
Durante casi cuatro años de debate oral, las y los testigos provenientes de distintos lugares del sur de la provincia de Buenos Aires, Rio Negro, Neuquen – zonas de influencia del V Cuerpo- nos mostraron la crueldad, asesinatos, desaparición forzosa, torturas, allanamientos ilegales, delitos sexuales, múltiples sufrimientos y atropellos contra trabajadores, madres embarazadas, estudiantes, profesores, comerciantes, dirigentes sindicales y políticos, religiosos y familias (tanto en áreas urbanas como rurales). Fue un método asesino de “disciplinamiento integral” contra quienes eran considerados peligrosos para la “seguridad nacional”. El juicio mostró también la planificación de largo plazo de ese terrorismo de estado por parte de la llamada comunidad informativa (los servicios de informaciones del Ejército, Armada, Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y Policías provinciales) en el plan sistemático de exterminio de las y los etiquetados por las FFAA y sus cómplices económicos, políticos y religiosos como subversivas, apátridas y por ende no personas.
Este caso nos vuelve a mostrar que sigue habiendo una porción significativa de la sociedad que ratifica y se moviliza por el Nunca Más al terrorismo de estado en Argentina y por Juicio y castigo a los culpables. Al mismo tiempo muestra la presencia activa- y en el largo plazo -de las múltiples víctimas , de las organizaciones de DDHH (como Abuelas, Hijos, Madres, APDH y otras), de la señalización de sitios de memoria en todos esos territorios, de una red de familiares que no ha bajado los brazos, de medios de comunicación locales (analógicos y digitales) que trasmitieron todas las audiencias del juicio, del mundo educativo que se movilizó en todas sus instancias, de la Universidad Nacional el Sur que en una resolución sin precedentes distinguió a uno de los estudiantes asesinados por la patota del rector Remus Tetu y sus allegados de la Triple A con el título de Doctor Honoris Causa, que también fue otorgado a los casi 80 miembros de la UNS asesinados y desparecidos, de un municipio que sigue implementando nuevas políticas activas en derechos sociales y humanos y numerosas organizaciones sociales, deportivas, religiosas, artísticas de la sociedad que se siguen movilizando en la defensa de derechos.
Así mismo hay una activa porción del Poder Judicial local que no ha sido ganada por las corporaciones y que muestra que es posible la defensa de la Constitución Nacional y el compromiso vital con los DDHH más allá de negacionismos y acomodamientos con el poder de turno. Quizás, desde algún espacio, siga presente la figura del ex fiscal Federal de Bahía Blanca Hugo Cañón, muerto en accidente en 2016 y que en 1987 impugnó la ley de Obediencia Debida.
La sentencia nos obliga también a hacer memoria e historia de los proyectos y grupos que impulsaron ese terrorismo de estado para incrementar sus ganancias económicas y financieras a costa de empobrecer, desindustrializar y debilitar las oposiciones y resistencias. Aniquilar las organizaciones sindicales, estudiantiles, religiosas, artísticas y políticas que promovían la justicia social y la fraternidad fue -es- objetivo permanente.
Por eso esta sentencia ejemplar sale al cruce de los que proclaman que es necesario un presente continuo e indefinido que se nutra de un mercado desregulado, desde una mística y sagrado de individuación permanente que, esta vez sí, nos haría felices. Para eso necesitan borrar el pasado y destruir un imaginario social de un futuro compartido, solidario, de bien común, plebeyo, de múltiples espiritualidades salvíficas, que hoy continúa presente y en búsqueda en una porción significativa de la sociedad argentina.
En definitiva, este juicio y sentencia es un acto de justicia y reparación en primer lugar hacia cada una de las víctimas y hacia sus familias y compañeros. Bahia Blanca demostró que se pudo y se puede construir desde la Memoria, Verdad y Justicia. La historia y memoria continúan.
*Fortunato Mallimaci es profesor Emérito UBA e Investigador superior del CONICET. (02-01-26).
