El invivible clima político en Argentina

Nota de Iván Schargrodsky en Cenital

Ahogado en la incertidumbre sobre la falta de dólares de cara a los próximos meses, Javier Milei eligió la Exposición Rural para un anuncio largamente esperado por las patronales del agro y resistido por Economía: la rebaja permanente de las retenciones a las exportaciones. El paquete incluye la soja, el maíz y el sorgo; el girasol; y la carne vacuna y aviar.

El presidente presentó la medida como un paso hacia la eliminación de un “impuesto aberrante” creado por la casta, y los ministros repitieron que la rebaja estimulará la producción, acelerará la liquidación de divisas y traerá inversiones. Curiosamente, se trata de las mismas figuras que intentaron subir los derechos de exportación ni bien consumada la devaluación que dio inicio al ciclo político, una intención que encontró un límite en los gobernadores, que condicionaron su apoyo a las medidas de ajuste a la no imposición de mayores retenciones al agro.

La medida es paradójica para un gobierno que sostiene que un aumento módico en las jubilaciones podría hacer disparar el déficit y que rechazó cualquier negociación para encontrar un punto de acuerdo sobre cualquier forma de recomposición. La rebaja en las retenciones va a empeorar las cuentas fiscales como efecto inmediato en una medida similar a las versiones más suaves de los esquemas de gasto aprobados por el Congreso, pero se enfocará en un universo de beneficiarios –los productores agropecuarios– más reducido y de mejor posición económica. Lo que se dice un verdadero programa de redistribución del ingreso. En favor de los ricos, claro.

Sin embargo, hay razones atendibles para sostener que las retenciones no están entre los impuestos mejor diseñados. Casi ningún país del mundo las utiliza en forma sistemática y los que lo hacen, casi sin excepción, lo hacen en el antiguo bloque soviético, sobre rentas hidrocarburíferas o minerales sobre las que el Estado tiene un poder de decisión casi absoluto. Las retenciones gravan la facturación bruta, sin discriminar por tamaño de las empresas ni estructura de costos, y afectan igual a las tierras más fértiles y las más lejanas o áridas, reduciendo la frontera agrícola y el área sembrada potencial. Como contrapartida, dada la fertilidad del suelo argentino, la posibilidad de expansión de la frontera agrícola es limitada y un tributo mejor diseñado –como uno a la tierra libre de mejoras– sería también más difícil de cobrar.

Más allá de las virtudes y defectos de las retenciones, la pregunta más relevante, política y económica, es por qué el “no hay plata” vale para las jubilaciones y no para bajar impuestos a sectores que están en mucho mejores condiciones de enfrentar una crisis. Las respuestas exceden el sistema de creencias de un presidente que desprecia la justicia social y que ve en el déficit fiscal la raíz de todos los problemas. Si los objetivos de inversión y productivos de la medida probablemente tengan resultados modestos en el corto plazo, en el Gobierno esperan que la rebaja de derechos de exportación motive una mayor liquidación del agro. Eso traería dólares al mercado oficial en tiempos en los que los ingresos gruesos de la cosecha escasean por motivos estacionales y la demanda sube por motivos electorales. Si bien en el sector celebran la medida, también podrían pensar –como los bancos con las tasas de interés– que en el mediano plazo tienen más para ganar desde la intransigencia en la pulseada con un Gobierno –con problemas obvios en el sector externo– que en la complacencia y que, si esperan, aun con el aplauso dedicado al atril, pueden obtener, incluso, un poquito más.

Suele atribuirse al presidente una verborragia hiperbólica y violenta que, sin embargo, hace parte integral de su estilo, a partir del cual construyó un sello político que explica no pocos de los apoyos entre sus votantes. Sus partidarios y exégetas señalan apenas una cuestión de formas personales y, con algo de voluntad, ven allí un desliz perdonable que puede tolerarse en función de objetivos que normalmente se definen en torno al “populismo”.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se refirió a la Justicia en términos que parecen una versión libertaria de un lenguaje conocido. El Poder Judicial como “el último reducto de la casta” al que se le debería aplicar “los métodos de la Revolución Francesa”. “No a todos”, aclaró, entre risas, ante el inevitable eco de la guillotina ingresando en la conversación política. No cabe suponer que Sturzenegger, profesor e investigador en universidades de las más prestigiosas del mundo, ignora en su declaración la configuración institucional a la que hizo referencia. Aún si tomamos la guillotina como una boutade, Francia carece de un verdadero Poder Judicial en los términos en que lo tienen la Argentina o los Estados Unidos. En cambio, tiene un servicio público de justicia, donde los jueces sólo aplican las normas, sin controlar su constitucionalidad. Un sistema limitado y concentrado de ese control con un órgano específico –el Consejo Constitucional– y un órgano administrativo –el Consejo de Estado– que controla al Poder Ejecutivo.

Probablemente porque nadie ve en el Coloso una amenaza sino un economista inmaduro y mal socializado es que la declaración pasó debajo del radar. Eso y la enorme tolerancia de la que goza el Gobierno en el círculo rojo, sumado a la tibieza de las manifestaciones incluso de las asociaciones de abogados. Sí captó la atención en la Corte Suprema donde entendieron, sin ambigüedades, que era una manifestación de un proyecto político que el oficialismo desea y que no tiene, aún, números legislativos para respaldar.

El rol del ministro y su enfrentamiento con el Poder Judicial fue protagónico en el marco de la ofensiva del Gobierno sobre el fútbol argentino, donde espera debilitar a la AFA para imponer las Sociedades Anónimas Deportivas. El último intento fue la norma que pretende modificar los beneficios que en materia de sus aportes y contribuciones a la seguridad social mantienen los clubes de fútbol profesional, aumentando severamente los impuestos. La excusa es familiar. El déficit del sistema actual, por el cual los clubes compensan los beneficios sobre sus deberes previsionales con un esquema solidario, que impone sobre la recaudación de los partidos, las transferencias de jugadores, derechos de televisación y los sponsors de la Primera División.

El argumento, que podría apuntar a modificar una política de subsidios dirigida a la función social de los clubes, choca contra una pared narrativa cuando se revisan las circunstancias en las que fue impuesto. La AFA ofreció, en una mesa de diálogo, modificar el sistema de aportes y contribuciones y equilibrar el déficit. Que los clubes asuman la responsabilidad sobre los aportes de los empleados y que aumenten del 8% al 8,5% los ingresos al sistema sobre las ventas de entradas, jugadores y derechos publicitarios y de difusión, manteniendo el esquema solidario sólo en las contribuciones de seguridad social. El gobierno decidió proceder con un decreto y aumentar las alícuotas por encima del 13% y multiplicando por 10 el valor sobre deudas anteriores.

En el nuevo esquema el Gobierno no sólo recibiría ingresos de seguridad social sino un aumento desproporcionado en los importes correspondientes a las transferencias, entradas y derechos, inasumible para las finanzas de los clubes. Un aumento de impuestos sin contrapartida que hubiera escandalizado al Milei candidato, al de sus épocas de diputado o comentarista televisivo. La medida fue paralizada por una cautelar del juzgado Contencioso Administrativo Federal Nro. 6, que mantuvo la vigencia del sistema anterior que, a falta de guillotina, el Gobierno intentará dar vuelta en la Cámara.

Tras el amanecer del dólar, y con la actividad relativamente estancada, la búsqueda de buenas noticias para presentar a la sociedad tuvo su capítulo en la visita de la secretaria de Seguridad de los Estados Unidos, Kristi Noem, la funcionaria encargada de los raids contra los trabajadores migrantes. La visita sirvió para profundizar un vínculo bilateral de alineamiento cuyos ejes prioritarios pasan por los ministerios que conducen Patricia Bullrich y Luis Petri, es decir, los que interesan a los Estados Unidos, mucho más que por los que podrían ser relevantes para la Argentina, cuyas prioridades son comerciales y productivas.

El anuncio del comienzo del proceso para la inclusión del país en el programa de Visa Waiver -eventualmente ventajoso para los miles de argentinos que visitan el país del norte- es apenas un aliciente para la falta de anuncios concretos de beneficios para nuestro país emergentes de la política oficial de alineamiento. No se lograron hasta el momento los resultados esperados sobre un eventual acuerdo comercial, el país sigue siendo alcanzado por los aranceles generales y especiales de Donald Trump que afectan productos como el acero y el aluminio e incluso medidas antidumping difícilmente justificables y, contra productos específicos, se mantienen intactas. Acaso el mayor activo de nuestro país pase por no haber sido objeto de los humores de Trump, cuyos aranceles arbitrarios contra Brasil podrían entrar en vigencia esta misma semana, pero no se conoce campaña exitosa alguna construida sobre eventuales calamidades evitadas.

En el peronismo, el debate de la última semana lo dictaminó Ofelia Fernández cuando en el canal de streaming Gelatina puso en duda la utilidad de la “unidad” del peronismo y planteó que el cierre de listas no arrojó ninguna novedad: “Yo como votante capaz me fumo que sea esto lo que se arma, voy y lo voto. Como militante, no voy a militar para esto. Si va a ser más o menos así la cosa en Fuerza Patria, como siempre, con la misma pavada, yo te voto, no tengo ningún problema, [pero] no voy a militar para esto. No elegí la militancia política para esto. No les voy a militar a uno solo de sus candidatos, esa es mi máxima de ahora”. Y agregó: “No me dan ganas de escucharlos, me duermo cuando los escucho. No les creo, me parece que están en la etapa más frívola y desorientada que he visto en mi vida”.

Es difícil juzgar a Fernández por la catarsis analítica. Probablemente, si los hipnotizaran, Sergio Massa, Máximo Kirchner y Axel Kicillof estarían de acuerdo. También Cristina Fernández de Kirchner. Fuerza Patria, así presentada, es el Frente de Todos sin Alberto Fernández, pero con Guillermo Moreno. Las impugnaciones que recibieron los dichos de Ofelia fueron diversas. Las más elementales surgieron de quienes la convidaban a no opinar de la política bonaerense por su condición de porteña. Un argumento que podría ser medianamente razonable si los últimos cuatro gobernadores bonaerenses no hubieran nacido en la Ciudad de Buenos Aires o si el resto del país pudiera diferenciar geográficamente a alguien que vive en Avellaneda o en la Comuna 1.

Las críticas más razonables apuntaban a su rol como dirigente dentro de Patria Grande. “Está bien el análisis, pero cuando (Juan) Grabois tuvo que meter gente en las listas no se quedó dormido”, dice un operador bonaerense ante #OffTheRecord. La hipótesis que está sobre la mesa es que tanto las declaraciones de Ofelia como las de Grabois responden, como siempre, a una paritaria por lugares en las listas. Si bien el excandidato a presidente asegura que su postura nada tiene que ver con la discusión institucional, también aclara que no hace “política en monopatín”. El legislador nacional también de Patria Grande, Itaí Hagman, por ejemplo, demandó un escenario diferente al de Ofelia que pasó desapercibido: pidió que Grabois encabece la lista de diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires. Algunos tienen un número mágico: el siete. La cantidad de diputados nacionales por la que Grabois declinaría su aventura separatista.

El único escenario en el que el líder de Patria Grande no negociaría es con Massa encabezando lo que le valió la réplica, entre otros, de Sebastián Galmarini en X. Más interesante fue la aparición de Gregorio Dalbón en la ex Twitter donde reivindicó a Massa y dijo que “la unidad no es una consigna sino una obligación histórica”. ¿Fue una preocupación espontánea sobre la política bonaerense o lo hizo por pedido de CFK? Es una incógnita. (30-07-25).