El precio de ser casta

Por Diego Genoud

La cara de satisfacción de Karina Milei en los palcos del Congreso quedará como una postal de época. La lectora de cartas del tarot que Financial Times acaba de definir como generala política del presidente trabajó para la victoria y supervisó el debate en Diputados con una actitud que intimidó a experimentados legisladores, con miedo a lo desconocido.

La sesión del martes 30 de abril de 2024 representa algo más que el primer triunfo legislativo de La Libertad Avanza después de 142 días de gobierno. Es el punto de partida del blindaje institucional para la nueva Argentina que quiere la ultraderecha de gobierno, al servicio de las demandas históricas del mercado. Y es también la constatación de que el sistema político que facilitó en su descomposición la llegada de Javier Milei a la presidencia ahora sirve para convalidar su proyecto de poder, reciclado en su socio menor.

La fiebre que hizo transpirar a Martin Menem brotó del pánico a un nuevo fracaso que lo partía al medio. Pero detrás del estrado donde se sentaba el presidente de la Cámara de Diputados, estaban para sostenerlo dos exponentes de la casta que reportaban a Karina, el primo Eduardo «Lule» Menem y el radical Cristian Caram. Durante 35 horas, los hombres del karina-menemismo tomaron el Salón de los Bastones que da al recinto como su teatro de operaciones.

Un rato después del mediodía del lunes, el gobierno de Milei ya tenía la sensación de que el paquete de leyes se aprobaba. Fue en el inicio de la sesión, cuando se refrendó lo que se había decidido en Labor Parlamentaria y se rechazó el pedido de Germán Martínez para votar en particular algunos artículos. Todo se iba a votar por capítulo. «Fue un test definitorio. Ahí ganamos con 142 votos que fue el promedio general y nos aseguramos que así quedaba encriptada la votación. Hubo un aprendizaje porque en febrero votar por artículo fue el principio del fin para nosotros», dice uno de los enviados del presidente al Congreso.

La rebaja del Impuesto a los Bienes Personales que pagan entre 125 mil y 150 mil grandes contribuyentes, el generoso Régimen de Incentivo a las Inversiones que margina a las pymes, la reforma de la ley de Hidrocarburos para maximizar la renta petrolera y postergar el autoabastecimiento, el regreso del Impuesto a las Ganancias, la flexibilización laboral que elimina indemnizaciones, extiende el período de prueba y legaliza lo que hasta hoy es fraude laboral, los cambios en el sistema jubilatorio, la privatización total o parcial de 11 empresas y el blanqueo de capitales son parte de una arquitectura legal trazada hace décadas por el poder económico.

Como vértice de la rama menemista de gobierno, la secretaria general de la Presidencia tiene motivos para festejar, lo mismo que el resto de la avanzada de la ultraderecha del Ejecutivo sobre el Congreso: el ministro del Interior Guillermo Francos, su segundo Lisandro Catalán y el vicejefe de Gabinete Jose Rolandi.

Miguel Angel Pichetto, Silvia Lospennato y Rodrigo De Loredo fueron los tres socios principales de Milei. El ex compañero de fórmula de Mauricio Macri en 2019 está convencido de que se cumplió con un doble objetivo: se aprobó una legislación favorable al modelo de país que comparte la gran mayoría de la elite dirigente y se le enseñó a los trolls del gobierno a que respeten a la política tradicional, aún en su agonía.

Pichetto entiende que funcionó su histórica sintonía con Francos, el ex funcionario de Daniel Scioli y Alberto Fernández. Pero sobre todo descubrió en Santiago Caputo la llave para cerrar todos los acuerdos. Para el colaboracionismo, el asesor de comunicación del presidente es él funcionario más operativo en el actual esquema. «Él es Milei», dice uno de los legisladores opositores que después de mucho tiempo vive, también, un momento de revelación maravilloso. Como rueda de auxilio, operó el Caputo ministro de Economía, con una amabilidad repentina para dormir a los mismos gobernadores que, a fines de enero, amenazaba a través de X.

Los negociadores del líder de ultraderecha hacen bien en adjudicarse el éxito parcial que ahora deberá revalidar el Senado. Pero nada de eso hubiera sido posible sin el sálvese quien pueda que gobierna a la política y la presión de grandes actores del poder económico que invirtieron energía y tiempo para juntar los votos que los Milei no conseguían.

El escándalo público por el capítulo de los impuestos que no iba a pagar el dueño de Tabacalera Sarandí, Pablo Otero, es el mascarón de proa en la guerra de lobbies a cielo abierto que operó en simultáneo con la votación. A las 6 y media de la mañana, el jefe del bloque de Unión por la Patria denunció en el recinto que operadores y lobbistas de una de las petroleras más grandes de la Argentina seguían haciendo llamados telefónicos a diputados y diputadas de distintas provincias «para torcer voluntades en su favor». Martinez dijo que lo consideraba una cuestión de privilegio y pidió sin éxito que se analice en la Comisión de Asuntos Institucionales.

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) está escrito a medida de las compañías que invierten en petróleo, gas y minería una cifra superior a 200 millones de dólares. Les ofrece todas las garantías que reclamaban. Según el ex subsecretario de Hidrocarburos Juan Jose Carbajales, el régimen será un gran estímulo para la industria en el marco de un paradigma de abundancia y perfil exportador de las grandes compañías, con YPF a la cabeza. Sin embargo, según advierte en el informe de su consultora Paspartú, los beneficios reconocidos a partir del 3° año para las empresas resultan «altamente generosos» en relación a políticas públicas de incentivo previas. Además, cuestiona lo mismo que Matias Kulfas, la nula protección a los proveedores locales porque la nueva ley habilita las importaciones de equipos usados y elimina el «contrate nacional».

Las sospechas marcaron la sesión. Un rato antes de la denuncia del peronista Martínez, en el mismo recinto, Ricardo López Murphy afirmaba estar recibiendo amenazas por su intento de gravar el impuesto al juego. A eso se suma la reforma laboral de 19 artículos que presentó el secretario de Trabajo -ex jefe del departamento jurídico de Techint- Julio Cordero y convalidó Pichetto en nombre de la cúpula de la CGT. Más allá de que en la negociación quedaron 42 artículos en el camino, nadie niega que es una transformación a pedir de las patronales. Una verdadera ofrenda que Caputo les recordó en la charla organizada en la Bolsa de Comercio por la Fundación Mediterránea, la cuna de Domingo Cavallo. «No se los tengo que decir a ustedes las cosas que tiene la ley que los favorece, empezando por lo laboral», les dijo.

Pichetto coincide desde su lugar. «Macri no consiguió lo que acaba de conseguir Milei en materia laboral», dice. Sabe de lo que habla porque en los dos casos fue el mediador del poder con el sindicalismo cegetista. Lo que Caputo y Pichetto celebran genera rechazo entre los especialistas que trabajan junto a organizaciones gremiales. Para el presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas Matías Cremonte, la legislación arrasa con derechos de los empleados en un contexto recesivo de despidos y no va a generar empleo registrado. Para el director del Centro de Capacitación y Estudios sobre el Trabajo de la UNSAM, Matías Maito, la reforma no combate la informalidad: la legaliza.

La asimetría de poder entra una dirigencia desprestigiada y un poder económico blindado es tan grande que las críticas parecen inaudibles. Como pocas veces, la ley Bases mostró desnudos a los legisladores que elige el pueblo, en una oposición testimonial o reducidos a fileteadores de las leyes que escriben los actores del poder permanente.

Para abordar la cuestión nunca saldada del financiamiento de la política y darle entidad legal a lo que hoy se opera en las sombras, Pichetto promete volver a presentar la semana que viene la ley del lobby que llevó sin eco al Senado, durante el terremoto que la causa Cuadernos provocó en el poder empresario.

El arco de la oposición colaboracionista señala a Federico Sturzenneger como el culpable del fracaso de febrero y concede a Milei un curioso pragmatismo, el de regular la temperatura del horno con que cocina a sus víctimas.

Un hilo de tuits de la doctora en Derecho Natalia Volosin dejó expuesto el comportamiento de los diputados en cada una de las votaciones. No solo el viejo PRO y el pichettismo votaron a favor de Milei. También la UCR línea Yacobitti-Lousteau y la mayoría de los diputados de la Coalición Cívica -con excepción de la abogada Mónica Frade- aprobaron el paquete de leyes que perjudica a los que viven de un ingreso en pesos y beneficia al Círculo Rojo. Lo mismo corre para los diputados de Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro, que hace dos meses rechazaban el regreso del Impuesto a las Ganancias y hablaban de gravar en cambio los altos ingresos.

En el gobierno ven a Llaryora y Pullaro como dirigentes jóvenes que quieren quedar bien con la clase media pero tienen en realidad un margen de acción ínfimo. «Necesitan la plata», repiten confiados en que el Senado y el Pacto de Mayo confirmarán que el juego de pinzas de la ultraderecha y el poder económico sobre los gobernadores es un éxito en toda la línea.

Suponer que el apriete de la Casa Rosada a los gobernadores se reduce al campo del antiperonismo puede ser un error. De la votación emergió también el peronismo minero, que aportó el voto de seis diputados de San Juan y Catamarca a favor del RIGI. Raúl Jalil, principal promotor de la candidatura de Sergio Massa, ahora es aliado de Milei y sonríe en selfies con Toto Caputo. A ese desplazamiento hay que sumar el del pionero tucumano Osvaldo Jaldo y el del diputado santafesino Roberto Mirabella, mano derecha de Omar Perotti, de enorme llegada a las grandes cerealeras. Con esas figuritas en el álbum, los Milei y los Menem ya sueñan con un peronismo libertario.

«Pasamos de cantar la casta tiene miedo a cantar la casta tiene precio», bromea un funcionario del gobierno nacional que no nació a la política con los Milei. Nada es gratis, tampoco para el gobierno. En un contexto de derrumbe del poder adquisitivo, brutal recesión y crecimiento del desempleo, el tiempo dirá qué costos paga Milei por asociarse a la misma casta que defenestró en su escalera al poder.

En la Casa Rosada, reconocen que los diputados de la izquierda y la enorme mayoría de los diputados de Unión por la Patria se mantuvieron firmes durante casi toda la sesión, contra lo que suponía Lule Menem. «No van a aguantar», afirmaba el operador de Karina Milei, que preveía al bloque mayoritario de la oposición más debilitado por el desánimo. Pero la votación del tabaco partió por primera vez a UP y 21 diputados entre los que estaban Hugo Yasky, Eduardo Valdés, Santiago Cafiero y Victoria Tolosa Paz desoyeron la línea abstencionista de Martinez, Cecilia Moreau y Maximo Kirchner. Es una muestra más de las diferencias que atentan contra la unidad y se replican en las provincias. La acefalía nacional que dejó la derrota de noviembre se extiende hasta hoy entre divisiones y falta de claridad para construir una alternativa que no termine en el loop de la frustración.

En una semana en la que el paro nacional de la CGT se enmarca en conflictos sindicales contra el Impuesto a las Ganancias y los despidos, Milei exhibirá en su nuevo viaje a Estados Unidos la media sanción de la ley como parte de una nueva gobernabilidad. En el Senado, las cuentas no están claras. El bloque del peronismo tiene dos alas, José Mayans es optimista y cree que es posible frenar a la ultraderecha. En línea con Cristina, Oscar Parrilli se muestra escéptico y da a entender que Milei ya compró todas las voluntades que estaban de oferta.

Un senador de la oposición apuesta a que habrá al menos 35 votos contra el paquete del gobierno. Las dudas están como siempre en Carlos «Camau» Espínola, Edgardo Kueider y los senadores del gobernador santacruceño Claudio Vidal, uno de los que tiene a Guillermo Francos en línea en forma permanente. Si la ley sale en el Senado, Milei podrá decir que logró disciplinar a la clase política. Será un éxito parcial, siempre condicionado a que pueda disciplinar a una sociedad argentina cada vez más desigual. Mientras el gobierno ya vende con euforia los brotes verdes de una recuperación en V, al Banco Central le siguen faltando dólares y la caída brutal del 9,3% en la actividad que registró Orlando Ferreres en marzo en relación a 2023 es más profunda en sectores claves que se vienen abajo, como el de la construcción, que se derrumbó un 24%. (10-05-24).