Lawfare: otra causal del juicio a la Corte: por Guillermo Torremare

Todo gobierno democrático, por el hecho de haber sido votado por el pueblo, tiene legitimidad de origen. Esa legitimidad debe mantenerse durante el desarrollo del mandato, ello es una condición necesaria para el ejercicio real del poder.
Cada uno de los gobiernos argentinos elegidos a partir de la recuperación democrática se dio a sí mismo una idea fuerza para que funcionara como su motor legitimante, una idea que lo identificara, que lo justificara y que resultara popularmente convocante.

La valoración y defensa de la democracia fue la principal idea fuerza que legitimó al gobierno de Raúl Alfonsín.

El logro de la estabilidad económica, más allá de sus penosos resultados ulteriores, fue la del gobierno de Carlos Menem.

El gobierno de la Alianza no alcanzó a postular una idea fuerza legitimante. Su capital político se diluyó rápidamente y abandonó la administración estatal a mitad de su mandato.

La reconstrucción de un Estado activo y presente de la mano de un proyecto económico de raíz keynesiana, la convocatoria a la movilización popular como expresión política y la valorización de los derechos humanos, fueron las ideas fuerza legitimantes de los sucesivos mandatos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

En todos los casos, las ideas legitimantes que se enarbolaron fueron a favor del conjunto del pueblo. Las tres grandes experiencias de gobiernos postdictadura supieron entender la necesidad popular imperante y proponer medidas para atenderlas.

A su turno, la alianza Cambiemos achicó las prestaciones estatales, aumentó las tarifas de los servicios esenciales manera exorbitante, desertó de sostener una política de sesgo productivista, abandonó toda acción en favor de los derechos humanos, bastardeó al Poder Judicial mediante una política de premios a obedientes y castigos a díscolos. Y terminó generando un alto y condicionante endeudamiento externo.

Más allá de la forma de presentación y comunicación de esa política global y coherente, es claro que desde el momento mismo en que fue pergeñada se tuvo en miras un único resultado deseable y posible, el beneficio de un sector muy pequeño de la sociedad y el perjuicio de todo el amplio resto.

Frente a tal proyecto, ¿cuál podría erigirse como idea fuerza legitimante del gobierno?
Solo una: desarrollar una política de lucha, con ribetes épicos, contra la pretensa corrupción de los funcionarios kirchneristas, y hacerla ver exitosa. Esta idea venía siendo desarrollada por las fuerzas integrantes del nuevo gobierno desde antes de asumir, mientras ejercían su rol de oposición política.

En ese propósito contó con la invalorable colaboración de los medios de comunicación predominantes, enemigos con causa de aquellos a quienes se perseguiría.

El terreno para enjuiciar y encarcelar a ex funcionarios estaba debidamente preparado. Antes del procesamiento los medios de comunicación dominantes los habían presentado como culpables frente a la sociedad.

El gobierno presidido por Mauricio Macri armó causas judiciales y las encargó a jueces amigos -debidamente premiados mediante traslados y ascensos- quienes las tramitaron, llegando incluso a fundar una doctrina de excepción para apuntalar ilegales prisiones preventivas. En el ámbito bonaerense, bajo conducción de María Eugenia Vidal, se replicó la misma maniobra.

La persecución ilegal de ex funcionarios, convertidos en opositores, utilizando la estructura del Poder Judicial, fue mostrada como una ejemplar lucha contra la corrupción. Esta idea fuerza legitimante tuvo su momento de gloria toda vez que, con la ya aludida promoción mediática, interpeló, convocó e identificó a una parte muy importante de la sociedad.

Tal proceder, utilizando lengua inglesa, se denomina lawfare, lo que no es nuevo en nuestra historia ni en la Región.

La gestión de Macri llegó a su término y con los nuevos tiempos políticos aparecieron noticias e investigaciones que dan cuenta del funcionamiento de una “mesa judicial” diseñadora del lawfare.

Los funcionarios que la integraban ya no están. Algunos son hoy investigados y el más importantes –Fabián Rodríguez Simón- está prófugo desde hace más de dos años.

Lo que aún permanece incólume el sector del Poder Judicial que se prestó obediente a gestionar el lawfare.

Más allá de algunos nombres propios, meramente instrumentales –Bonadío, Irurzun, Storneli, Bruglia, Bertuzzi, Mahiques, Hornos, entre muchos otros- hay una responsabilidad insoslayable de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La Corte, que es una de las cabezas del poder del Estado, debe garantizar el cumplimiento de las normas que integran el Bloque Constitucional Federal. No lo hizo, permitiendo que sus tribunales inferiores persigan y encarcelen arbitrariamente a opositores políticos.

La libertad y las garantías que los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y el ordenamiento nacional abastecen son tutela efectiva frente a lesiones o amenazas provenientes del Estado y configuran el núcleo duro de las obligaciones de un Poder Judicial que tiene en la Corte Suprema de Justicia a su última y más destacada responsable.

Esta institución fue puesta en funcionamiento el 16 de enero de 1863, hace exactamente 160 años. En esa ocasión el Presidente de la Nación Bartolomé Mitre pasó una nota circular a los gobiernos de provincia que decía: “De hoy en adelante la propiedad particular, la seguridad individual, los derechos que la Constitución acuerda a los habitantes de la República, sin distinción alguna, estarán garantidos contra las invasiones a que la exaltación de las pasiones políticas tan fácilmente puede conducir a los poderes públicos, induciéndolos a ultrapasar el límite de sus atribuciones respectivas.”

La expresión de Mitre, más allá de la valoración que de él tengamos, nos permite vislumbrar con claridad que el máximo órgano del Poder Judicial no ha respetado el más importante de sus previstos propósitos fundacionales.

Someter a juicio político a los jueces de una Corte Suprema de Justicia que avaló el lawfare es decidir dar el primer paso para andar el modo más seguro y eficiente de garantizar derechos, y también de evitar que un plan criminal pueda volver a ser usado como idea fuerza legitimante de un gobierno democrático”. (Télam). (21-01-23).