La semana pasada fueron los trabajadores de algunos sectores no esenciales y la próxima, los niños. España empieza a asistir a una tímida relajación de las estrictas medidas de confinamiento decretadas hace ya más de un mes para contener la pandemia del coronavirus, que aún la tiene como el país del mundo con mayor cantidad de víctimas en relación con el número de habitantes.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció sorpresivamente este sábado por la noche en una comparecencia convocada apenas con un par de horas de antelación que a partir del lunes 27 de abril se relajarán los términos del confinamiento para los niños menores de 12 años.
Aunque no dio detalles, ya que aseguró que pretende acordar la medida con los presidentes de las 17 comunidades autónomas (regiones), con quienes se reunirá de manera telemática este domingo, adelantó que serán salidas limitadas, controladas y sujetas a condiciones para evitar contagios.
La medida, dijo, fue adoptada tras tras consultar a especialistas en psicología infantil, pediatras y a los miembros del comité científico y de expertos que asesoran al Gobierno.
Los españoles llevan confinados desde el pasado 14 de marzo y en los últimos días comenzaron a escucharse con insistencia opiniones de expertos que advierten de las secuelas que el encierro prolongado puede dejar en los menores, especialmente en la franja de edad entre los seis y los 12 años.
Estas posturas eran compartidas por algunos de los presidentes autonómicos, entre ellos el catalán, Quim Torra, y el vasco, Iñigo Urkullu, pero la división de opiniones en la comunidad científica ha retrasado hasta ahora la decisión. Algunos expertos advertían de la facilidad de los niños para ser portadores del virus aún cuando no presentan síntoma alguno.
Los detalles de cómo serán las salidas no están todavía cerrados. Aún no se sabe en qué horarios se podrán hacer, ni cuántas horas al día. Tampoco si se establecerán turnos, ni hasta qué distancia de la vivienda se podrán alejar o si se abrirán los parques. Sólo se sabe que deberán ir acompañados de un adulto.
Sánchez aseguró que después de cinco semanas de encierro es posible adoptar esta medida tras los progresos experimentados en las últimas semanas, que le permiten, dijo “comenzar a tomar decisiones y a vislumbrar ese horizonte”.
El anuncio del presidente ha tenido lugar el mismo día en que España superó el umbral de los 20.000 muertos -la cifra total alcanza ya a 20.043, más del 12 por ciento de los fallecidos en todo el planeta-, pero cuando ya comienza a ser evidente que la capacidad del sistema sanitario del país no se va a ver sobrepasada. El número diario de fallecidos todavía es elevado -este sábado fueron 565- pero el epicentro de la pandemia parece empezar a desplazarse hacia el norte. Francia sumó en el mismo día 642 decesos.
El gobierno español considera que la situación comienza a controlarse. Hasta la declaración del estado de alarma, cada persona infectada contagiaba a un promedio de más de tres personas. Desde entonces, el ritmo de reproducción del virus ha disminuido y se sitúa por debajo de uno. La superficie de la epidemia ya se está reduciendo.
Además, el 42 por ciento de los diagnosticados ha conseguido curarse y algunos hospitales de campaña que se habían levantado para acoger enfermos se han empezado a desmontar ante la certeza de que el ritmo de contagios ya no supone una amenaza de colapso.
Aún así, Sánchez advirtió este sábado de que la ansiada “desescalada”, como se menciona al momento en que las estrictas medidas de confinamiento comenzarán a levantarse, todavía no ha llegado. Y cuando eso suceda, se hará de forma gradual y asimétrica, según cómo sea la evolución de la pandemia en los diferentes territorios.
Por el momento, anunció que volverá a pedir una nueva prórroga de dos semanas del estado de alarma, con lo que se prolongará hasta el 9 de mayo. Deberá hacerlo la próxima semana en el Congreso de los Diputados, donde lo esperará con toda seguridad un ambiente hostil.
La oposición lo acusa de no solamente de una mala gestión, sino de actuar de manera unilateral y sin informar al resto de las fuerzas políticas. Además, Sánchez ha tenido que salir a desmentir diferencias en el seno del Gobierno a cuenta de las medidas sociales dictadas para atajar las consecuencias económicas de la crisis sanitaria.
La semana pasada, fue evidente la falta de sintonía entre el vicepresidente Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, por los plazos para poner en marcha la medida estrella del gobierno de coalición, la renta mínima vital, que permitirá a unos tres millones de personas en riesgo de exclusión cobrar un salario social cuyo monto aún no se ha decidido pero que estará en torno a la mitad del salario mínimo, fijado en 950 euros mensuales.
Iglesias pretendía poner en marcha la medida de manera inmediata y que los beneficiarios pudieran comenzar a cobrar a partir de mayo, postura a la que Escrivá se opuso al entender que la financiación no estaba aún garantizada y que la implantación debía esperar. Finalmente prevaleció la opinión del ministro. (Página 12).
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