El bloque de UCR – Juntos por el Cambio repudió la intervención de Vicentín

El bloque de concejales de UCR – Juntos por el Cambio manifestó su «repudio y preocupación por la ocupación temporánea y anormal al Grupo Vicentín por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia, anunciada por el Gobierno Nacional en la tarde del lunes 8 de junio del año en curso, toda vez que es una medida arbitraria, que avasalla las facultades del Poder Judicial, deteriora la seguridad jurídica y la confianza en nuestras instituciones, condiciones indispensables para que haya inversiones y generación riqueza y trabajo genuino en nuestro país».

La resolución fue rechazada por los concejales del Frente de Todos – Partido Justicialista.

La argumentación de la posición del oficialismo fue explicada por el presidente del cuerpo Gastón Nomdedeu, quien para hacerlo pidió permiso para «bajar» a la banca.

Estos son los considerandos:

*Habiéndose presentado la Empresa Vicentin SAIC en proceso de concurso preventivo y estableciendo el Poder Ejecutivo Nacional mediante DNU, su intervención recurriendo a la aplicación de una Ley pensada, escrita y aprobada durante la dictadura, no permite al juez concursal quien detenta de modo privativo la potestad de intervenir una empresa o de haber realizado la negociación con los dueños de la compañía y eventualmente la expropiación.

*Hay que diferenciar las figuras jurídicas de expropiación y de intervención. Son dos instancias distintas. La expropiación es un procedimiento legal que tiene que opinar el Congreso de la Nación.

*En el DNU manifiesta que asimismo se dispone la ocupación temporánea anormal por 60 días de la sociedad VICENTIN S.A.I.C. en los términos de los artículos 57, 59 y 60 de la Ley N° 21.499, la que se dispone administrativamente en razón de utilidad pública.

*Esta Ley, con fecha 17 de enero de 1977, manifiesta “En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5º del Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional, dejando en evidencia lo antedicho, que su aplicación surge durante la Dictadura.

*Esta medida, además, da un primer paso en el camino para estatizar el mercado agropecuario, repite experiencias anteriores que nos terminaron costando muy caras a todo el pueblo argentino. En efecto, no puede desconocerse que el kirchnerismo tiene experiencia en expropiar empresas por simple decreto, tal como sucedió con YPF, Ciccone, Aerolíneas Argentinas y Aguas Argentinas, con un discurso triunfalista, por lo que después los argentinos tuvimos que pagar miles de millones de dólares en juicios y haciéndonos cargo de sus pérdidas.

*Este accionar innecesario y poco republicano constituye un peligro real y concreto de consecuencias impredecibles para toda la sociedad argentina, que deteriora la confianza en el país y cierra la puerta a las inversiones necesarias para salir de la crisis que atraviesa nuestro país.

*Con la creación de esta nueva figura de “intervención estatal de empresas”, inexistente hasta ahora, se viola la propiedad privada consagrada en la Constitución. Además, pasa por encima de la autoridad del juez a cargo del concurso de acreedores del Grupo Vicentín, encargado de garantizar los derechos de los acreedores y deudores de la empresa.

*Por otra parte, no se puede desconocer que esto puede ser un primer paso avanzar en una mayor regulación del mercado de granos, que es la principal fuente de divisas del país.

*Este lamentable accionar mella la seguridad jurídica y la confianza en nuestras instituciones, condiciones indispensables para que el sector privado invierta y genere riqueza y trabajo en nuestro país.

La respuesta estuvo a cargo de Alicia Jalle, titular del bloque de la oposición, quien se refirió a la legalidad del proceso y cuestionó al gobierno de Mauricio Macri por haber dispuesto varias medidas a través de DNU sin media ninguna situación excepcional como una pandemia.

El audio del debate podrán escucharlo en la parte superior de este post.