Un informe resalta aumento de un 98% de los servicios públicos de salud que realizan abortos
La producción nacional y la distribución de medicamentos para abortar, y el incremento en un 98% de los servicios de salud públicos que realizan interrupciones legales (ILE) y voluntarias (IVE) del embarazo son destacados en el reporte anual del proyecto Mirar que, desde la legalización de la práctica en el país, monitorea el acceso al derecho en la Argentina.
La investigación repasó aspectos positivos e identificó pendientes de la política de aborto «para orientar el debate y las decisiones sobre qué hay que sostener y qué hay que mejorar en un país donde todavía hay desigualdad en el acceso y déficit en la calidad de la atención de la IVE ILE», señaló el informe, dado a conocer hoy.
La iniciativa «Reporte anual 2022: Los rumbos de la experiencia argentina con el aborto legal» del proyecto Mirar es coordinada por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes) e Ibis Reproductive Health, organización mundial de investigación y defensa que promueve la autonomía y respeto a la salud sexual y reproductiva.
El trabajo también identificó que «persisten las desigualdades» en el acceso al derecho porque hay provincias «que disminuyeron o mantuvieron la cantidad de servicios que realizan abortos y la producción de información sobre los resultados de la política sigue siendo deficitaria a pesar de los esfuerzos realizados hasta el momento».
La Ley 27.610 de acceso a IVE/ILE está vigente en la Argentina desde el 30 de diciembre de 2020.
En estos dos años y medio, la cantidad de servicios públicos que realizan la práctica «aumentó un 98%» resaltó el informe, período en que el número de abortos realizados en servicios de salud públicos «se incrementó en un tercio».
«Contar con información, analizarla y compartir las conclusiones es fundamental para la incidencia ciudadana en las políticas públicas relacionadas con la salud sexual y reproductiva, para que el aborto siga estando en la agenda política», reflexionó Mariana Romero, médica, investigadora y directora ejecutiva del Cedes.
Según relevaron las investigadoras, no todas las provincias producen informes de gestión para reportar las acciones y los resultados de la política de acceso al aborto que «es el mecanismo de rendición de cuentas que los ministerios de salud de las provincias tienen y que permite mostrar el compromiso de rendir cuentas sobre el cumplimiento de la ley.».
Para Mercedes Krause, socióloga e investigadora de la iniciativa «la política siguió priorizando el suministro de insumos, uno de los pilares del acceso al aborto».
En 2022, el Estado financió la adquisición de misoprostol, distribuyendo 62.323 tratamientos, y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) autorizó la producción de la mifepristona. Ambos medicamentos son los que recomienda la Organización Mundial de la Salud para la práctica.
En cuanto a las obras sociales, «hay una paulatina adecuación y un mayor grado de cumplimiento de la ley», según el trabajo.
En ese sector se notificaron 4.966 prestaciones en 2022 «aunque no se dispone de un mecanismo sistematizado para que reporten lo actuado».
Además, el proyecto Mirar indagó sobre la cobertura mediática del aborto.
Según ese análisis, hay un descenso del número de artículos sobre aborto publicados por los medios gráficos junto a una concentración de lo publicado en contenidos a favor del derecho.
El principal tema abordado por la prensa en 2022 fueron las expresiones políticas, lo que representó el 32% del total de las notas analizadas, mientras que el 20% habló del cumplimiento de la Ley 27.610 en el sistema de salud.
Como dato «preocupante», la investigación encontró «la presencia de cartillas religiosas en algunos servicios de salud, lo cual plantea interrogantes sobre la imparcialidad y neutralidad que deberían prevalecer en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo».
En este año electoral en la Argentina, las investigadoras también priorizaron las opiniones de precandidatos presidenciales que «abogan por la derogación de la ley IVE/ILE, generando incertidumbre respecto al futuro de los avances logrados en materia de derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos en el país».
El espacio liderado por Javier Milei, de La Libertad Avanza, es el que hasta el momento planteó en el marco de la campaña la idea de derogar la ley que garantiza el acceso al aborto legal y gratuito.
De acuerdo con el reporte, «es fundamental avanzar en la identificación y el abordaje de las barreras regulatorias y estructurales que impiden que la política siga consolidándose».
«Necesitamos hacer realidad la obligación de la seguridad social y la medicina prepaga de informar sobre las prestaciones de aborto y modificar la regulación sobre las incumbencias de perfiles profesionales (obstétricas y enfermeras) para ampliar sus competencias y, con ello, ampliar el acceso y mejorar la calidad de la atención», planteó Silvina Ramos, socióloga e integrante del proyecto Mirar.
Una de las conclusiones del monitoreo realizado por el proyecto Mirar en estos dos años de implementación de la Ley 27.610 es que la política de acceso al aborto generó «prácticas ejemplares» en cuanto al diseño, implementación y evaluación, y a la provisión de servicios de salud.
«Estos aprendizajes pueden ser aprovechados en otras políticas sanitarias, contribuyendo así a la mejora continua y al fortalecimiento del sistema de salud en su conjunto» señaló Agustina Ramón Michel, abogada e integrante del proyecto.
Y concluyeron: «Miles de niñas, adolescentes, mujeres y otras personas gestantes accedieron al aborto seguro durante 2022. Sin embargo, quedan desafíos para que la política de acceso al aborto siga contribuyendo al ejercicio de decisiones libres e informadas sobre la sexualidad y la capacidad reproductiva, más cerca de la vida cotidiana y de los deseos de las personas». (Télam). (25-07-23).
