Unánime repudio del Concejo local al despido de trabajadoras y trabajadores del ex Ministerio de las Mujeres

El Concejo Deliberante local expresó su unánime repudio al gobierno nacional por el anuncio despido de más de 500 trabajadores/as de la de la Secretaría de Protección contra la Violencia de Género, ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades.

Para el cuerpo legislativo, esta decisión “representa la intención de desfinanciar políticas públicas de prevención y asistencia de situaciones de violencia por razones de género”.

La resolución nació por un proyecto del bloque de Unión por la Patria, que fue acompañado por la bancada de UCR-Juntos por el Cambio.

En el texto se menciona que esa cantidad de despido representa más del 80% de la planta total de trabajadores/as.
El Concejo destacó que esta Secretaría tiene a su cargo desarrollar políticas integrales para prevenir los femicidios, gestionar la Línea 144 y asistir a víctimas de violencias machistas y a sus familiares.

Los otros fundamentos

*La existencia de áreas destinadas a las políticas de género y diversidad, responden a un mandato constitucional, en cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), que está incorporada a la Constitución Nacional.
*Argentina adhiere a la Convención de Belén do Pará, siendo este el primer tratado internacional en reconocer que la violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos y establece obligaciones para los 32 Estados de América Latina y el Caribe.
*Esta determinación vulnera la Ley N° 26.485 de Protección Integral contra la violencia hacia las mujeres sancionada por el Congreso Nacional en el año 2009, en cumplimiento de la Convención de Belén do Pará, que establece que el Poder Ejecutivo debe tener órgano rector para diseñar y articular con las provincias y los municipios políticas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género.
*La Secretaría de Protección contra la Violencia de Género (ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades) es la única institución que quedaba en pie en el Ejecutivo Nacional para combatir la violencia por razones de género y prevenir los femicidios.
*Uno de los compromisos asumidos por los Estados fue el fortalecimiento de la institucionalidad para dar respuestas a esas problemáticas estructurales.
*Consagra el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y establece compromisos internacionales para el Estado argentino en la materia.
*Contar con un ministerio de género ha sido el resultado de la lucha de décadas del movimiento mundial de mujeres y sobre todo del movimiento feminista argentino, de las mujeres organizadas que han exigido al Estado que adopte políticas públicas con perspectiva de género, que promulgue y respete una legislación que permita garantizar la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres, pero sobre todo tomen en cuenta la particular situación de mujeres en términos de discriminación, desventajas y de necesidades específicas.
*Los programas de abordajes de las violencias, la promoción de la igualdad en la diversidad, la aplicación de la Ley Micaela, de la Ley de cupo Laboral Travesti Trans, de la Ley de Identidad de Género, entre otras, así como el acompañamiento económico para que las víctimas puedan salir de las situaciones de violencia, son imprescindibles y vitales.
*Dejar de tener un área especializada en el gobierno nacional significa un retroceso porque los derechos tienen que ser progresivos, como señala la Convención de Belén do Pará y todos los documentos internacionales.
*Es una medida antiderechos, que desconoce los derechos humanos de las mujeres, las necesidades específicas de las mujeres, y las tremendas desigualdades que deben cambiar para lograr relaciones de equidad e igualdad de derechos y oportunidades.
*Es muy grave crear un precedente que es contrario a tratados internacionales suscriptos por el país.
*Argentina, que venía teniendo en los últimos años un rol de liderazgo en los foros internacionales con relación a la agenda de derechos de las mujeres y diversidades, desde que asumió el presidente Javier Milei muestra el cambio de perspectiva hacia una mirada que cercena derechos.
*Esta resolución representa un retroceso institucional que deja, por primera vez desde 1992, fecha de creación del Consejo Nacional de la Mujer, al país y la ciudadanía en general sin un organismo responsable de la ejecución de políticas públicas que promueven la igualdad, vidas libres de violencias y sin discriminación.
*Desfinanciar la asistencia y protección a las personas en situaciones de violencia por razones de género en este contexto de crisis social, económica, ocupacional y habitacional, mientras los discursos de odio, la discriminación y el ataque a la diversidad sexo genérica son amplificados desde el discurso oficial, constituyen decisiones políticas del gobierno de Javier Milei que ponen en riesgo la vida de las personas e implican el abandono de la responsabilidad estatal de proteger los derechos humanos. (02-07-24).