Es ley el proyecto que habilita a usuarios a producir y vender electricidad

Después de haber obtenido media sanción en septiembre, el Senado la semana pasada convirtió en ley un proyecto que cambiará la lógica de producción y consumo de electricidad en la Argentina: se trata de una nueva normativa que habilita a usuarios residenciales y del sector privado a producir su propia energía a partir de fuentes renovables.

El proyecto se inició en la Cámara de Diputados y fue consensuado entre todos los frentes políticos. El texto, que el Senado aprobó tal cual salió de la Cámara baja, resultó de una combinación de normativas presentadas por los diputados Nicolás Tomassi (Bloque Justicialista), Juan Carlos Villalonga (Cambiemos), Luis María Bardeggia (PJ- FpV), Jorge Taboada (Chubut somos todos) y Gustavo Bevilacqua (UNA), entre otros.

La normativa contiene

41 artículos a través de los cuales se fijan las políticas y se establecen «las condiciones jurídicas y contractuales para la generación de energía eléctrica de origen renovable por parte de usuarios de la red de distribución». En criollo, permite que cualquier usuario produzca su propia electricidad a partir de cualquiera de las fuentes renovables, y en el caso de que genere más cantidad de energía de la que consume, le venda ese excedente a la distribuidora (Edenor y Edesur en el AMBA o Epec en Córdoba, por ejemplo).

Desde la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER), consideran que «va a ser un instrumento poderoso para que tanto el sector residencial como el comercial o el industrial puedan poner pequeños sistemas de distribuida en distintos puntos del país» lo que permitirá desarrollar «economías regionales y particularmente de pymes, tanto para la instalación como para el mantenimiento».

Condiciones e incentivos

La nueva ley prevé que, a partir de su reglamentación, cualquier proyecto de construcción de edificios públicos «deberá contemplar la utilización de algún sistema de generación distribuida proveniente de fuentes renovables».

Las políticas de incentivos para que los usuarios efectivamente instalen equipamiento que permita producir electricidad serán implementadas a través del Fondo para la Generación Distribuida de Energías Renovables (FODIS), creado a través del artículo 16, al que el Tesoro Nacional le destinará en el primer año un monto de $500 millones de pesos.

El FODIS podrá proveer fondos y otorgar facilidades a través de préstamos, bonificar o subsidiar la tasa de interés de créditos, otorgar incentivos a la inyección o bonificaciones a la adquisición de sistemas de generación, o incluso financiar la difusión, investigación y desarrollo relacionadas a las posibles aplicaciones de este tipo de tecnologías.

La industria nacional también fue incluida en la legislación, porque se contempló la creación de un régimen especial de fomento, que busca estimular las actividades de investigación, diseño, desarrollo, inversión en bienes de capital, producción, certificación y servicios de instalación para la generación distribuida.

«Este proyecto se acordó el año pasado, pero faltaba más involucramiento del Ministerio de Energía, que recién este año pudo abocarse ya que durante 2016 estuvo muy ocupado con el programa Renovar. Ahora incluso conseguimos un acuerdo con las distribuidoras y con las autoridades de las distintas provincias, que son fundamentales», aseguró el diputado oficialista Juan Carlos Villalonga en diálogo con Cronista.com cuando el proyecto había obtenido el dictamen en la Cámara Baja y antes de que pasara al recinto.

Expectativas por la reglamentación

«La clave está en el decreto reglamentario. Si el estímulo que se hace en el decreto reglamentario en términos de financiamiento e inversión incial es el adecuado, va a ser un instrumento poderoso», evaluó en diálogo con este diario Marcelo Álvarez, presidente de CADER.

De acuerdo con Álvarez, en la reglamentación «deberían prestar atención a cómo el Estado le traslada el incentivo del ahorro que hace el uso de renovable respecto de la fósiles(que son más caras) al usuario final» justamente para que «le convenga instalar el sistema».

«Sea a través de financiamiento con tasa subsidiada o sea a través de parte de la inversión inicial a cargo del Estado, en ambos casos ganan todos: gana el usuario porque amortiza más rápido un sistema más limpio y de su propiedad, y gana el Estado porque desplaza energía más cara», analizó el especialista.

Desde esa organización ya pidieron una reunión con Sebastián Kind, el secretario de Energías Renovables de la Nación, para acordar los puntos que debería tener en cuenta la cartera que conduce Juan José Aranguren en la publicación del decreto reglamentario.

Cambio de paradigma

Una nueva legislación que permita la producción de energía de manera descentralizada y a partir de fuentes renovables era uno de los pedidos más importantes del sector. Marcelo Álvarez, presidente de la Cámara Argentina de Energías Renovables, aseguró en una conversación con este diario que la autogeneración produce un cambio de paradigma en el consumo, ya que el usuario comienza a tener más conciencia e incluso puede generar ingresos a partir de la instalación de esa tecnología.

«Las energías renovables son un cambio de paradigma. No es solamente un cambio de tecnología, sino que también están asociadas al cambio de modelo de desarrollo y del modelo de consumo. Y, a partir del cambio del modelo de consumo, también el de producción de energía. Ese cambio de paradigma hace que el ciudadano no sea un sujeto pasivo que simplemente consume, sino que se convierte en un actor adentro de la cadena causal», había indicado Álvarez.

El modelo más extendido para la autogeneración de electricidad es a partir de paneles solares o tecnología fotovoltaica. El nivel de potencia de generación depende no solamente de la tecnología que se instale sino también de los factores de capacidad de producción energética de la zona geográfica, que para solar en la Argentina son altos sobre todo en el norte del país y Cuyo. (El Cronista).