¿Cuánto puede condicionar el campo al gobierno de Alberto Fernández?

Por Juan O’Farrel (*)

Además de productores fortalecidos institucionalmente, el gobierno entrante va a tener que lidiar con empresas multinacionales que tienen cada vez más peso en el sector. A los derechos de exportación se le suman otros desafíos que van desde la estabilidad cambiaria hasta la innovación tecnológica y el medio ambiente.

En las últimas semanas se viralizó un video de una agrupación de «productores autoconvocados» con el nombre Campo+Ciudad en el que, con el fondo de imágenes de tractores y banderas argentinas, anuncian que están «organizados y trabajando a lo largo y ancho del país y al costado de la ruta, en cada ciudad y en cada pueblo, conectados y alerta para responder a cualquier medida autoritaria y abusiva.»

Esta fue solo una entre varias reacciones de dirigentes ruralistas a las declaraciones de Alberto Fernández sobre el posible aumento de las retenciones. No tardaron en llegar las respuestas de algunos sectores denunciando el intento desestabilizador de la oligarquía. Este reflejo casi idéntico de las imágenes del conflicto por la 125 plantea una pregunta clave para la etapa que empieza el 10 de diciembre: ¿Cuál va a ser la capacidad del campo para condicionar la política del gobierno entrante?

El escenario actual tiene algunas diferencias políticas importantes respecto al de una década atrás. La primera es el fortalecimiento político-institucional de los productores agropecuarios, tanto a nivel electoral como en la capacidad de protesta. El 2008 fue a las organizaciones ruralistas lo que el 2001 fue a los movimientos sociales – una crisis de representación de la cual salieron fortalecidos políticamente, que los acercó al Estado y les dio legitimidad social.

El hecho más significativo es la aparente consolidación, por primera vez en la historia argentina, de un partido electoralmente competitivo que tiene como principal base de sustentación a los intereses del campo. Como vienen señalando distintos trabajos de Carlos Freytes, Victoria Murillo y Gabriel Vommaro, existe una clara correlación entre el voto a Cambiemos y la producción agropecuaria de la zona núcleo, que se repitió en las elecciones de 2015, 2017 y 2019.

Que el principal partido de la oposición tenga como eje a los intereses del campo debería desincentivar -o al menos retrasar- medidas más disruptivas como los cortes de rutas. Pero si no funcionan los canales institucionales, las asociaciones cuentan con la experiencia adquirida a partir del conflicto de 2008 para salir a cortar rutas y a interrumpir sus actividades comerciales.

Piquete y silobolsa

Los ceses de comercialización fueron una herramienta de protesta de los ruralistas desde mucho antes del conflicto por la 125. La novedad en 2008 fueron los piquetes. El éxito de esas protestas dependió de dos elementos que, si deciden salir a las rutas, los ruralistas van a tener la difícil tarea de replicar: el apoyo de los sectores medios urbanos y la unidad de los diferentes sectores del campo.

El apoyo que consigan en los sectores medios urbanos va a depender en parte del relato que plantee el gobierno. Estratégica o no, la mesa contra el hambre es una buena manera de visibilizar un problema urgente y legitimar el aumento de los derechos de exportación, tanto para recaudar como para amortiguar el impacto de la devaluación en los precios domésticos de los alimentos.

Lo que está en juego en el fondo son los criterios de justicia con los cuales la sociedad percibe las políticas del Estado, criterios que dependen de un contexto político y social determinado. En ese sentido, la trayectoria reciente de aumento de la pobreza y la indigencia, caída en los ingresos de la clase media y un gobierno recientemente electo en base a un voto económico contra el ajuste, plantean un escenario menos favorable al discurso anti retenciones del campo.

El otro desafío que enfrentan los ruralistas es el de la unidad, aspecto fundamental del éxito de las protestas en 2008 que condicionó significativamente a la gestión kirchnerista en los años siguientes. Para eso van a necesitar reconstruir lazos en la Mesa de Enlace, los cuales se deterioraron ya desde los últimos meses de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, cuando se aplicaron políticas segmentadas en favor de productores pequeños y medianos. Este tipo de políticas reabre el histórico clivaje entre los sectores más liberales de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y los más estatistas de la Federación Agraria (FAA). Mantenerlo activo va a depender tanto de las políticas como de la política. En este sentido, muchos dirigentes de Federación Agraria de la provincia de Buenos Aires valoran positivamente el acercamiento que generó Axel Kicillof durante los últimos años de recorrida en el Clio.

Del otro lado, el apoyo de Cambiemos a las organizaciones ruralistas puede llegar a ser un arma de doble filo para la construcción de poder del sector. Por un lado les puede brindar los recursos y la logística necesarios para la movilización, por otro introduce el riesgo de que si se involucran demasiado la demanda pase a ser percibida como partidaria o sectorial, perdiendo en el camino una virtud fundamental del éxito en 2008: que gran parte de la sociedad interprete los intereses del campo como los intereses del país.

Además de la disputa comunicacional están los daños reales que los ceses de comercialización y los cortes de ruta generan en la economía. En 2008 el desabastecimiento de alimentos fue efectivo para presionar al gobierno, pero con el correr del tiempo los dirigentes vieron que perjudicaba la imagen de la protesta, por lo que intentaron que el bloqueo se limite a granos y carnes.

Lejos de ser un pronóstico en contra de la probabilidad de que los productores salgan a cortar rutas e interrumpir sus actividades comerciales, esto simplemente implica que no podrán hacerlo sin incurrir en significativos costos económicos y simbólicos. No sería la primera vez que del conflicto entre el gobierno y un sector económico resultan tres perdedores: el gobierno, el sector y la sociedad.

Todas las divisas y los barcos

Más que el desabastecimiento, el poder estructural del sector está en la capacidad para interrumpir las exportaciones, lo que pega en el costado más sensible de la economía argentina — la escasez de divisas. Con los silobolsa los productores consiguieron una tecnología que -además de resolverles problemas logísticos y financieros- potencia su capacidad de protesta. Pero la fuerza de esa herramienta depende de la espalda financiera del productor, que en algún momento se ve urgido de vender para financiar la siguiente cosecha u otras necesidades del flujo de negocios. En muchos de los ‘stockeos’ que hubo desde 2008 en el gobierno tenían claro que a pesar de que la cosecha permanecía almacenada, gran parte ya había sido vendida a los traders, que sí cuentan con espalda financiera para retrasar la exportación durante más tiempo. En otras palabras, para generar un bloqueo sostenido al ingreso de divisas el cese de comercialización de los productores necesita el apoyo financiero de los traders.

Este punto es clave para analizar quienes en el sector cuentan con mayor capacidad estructural para condicionar al gobierno. Más que los tractores al costado de la ruta hay que mirar al puerto, donde un acotado número de empresas multinacionales controla el comercio de granos. A nivel global, solamente cuatro empresas (ADM, Bunge, Cargill, y Dreyfus) controlan el 70% del comercio de commodities agrícolas. En Argentina en 2018 solamente cinco empresas (Cargill, A.D.M., Bunge, COFCO y Aceitera General Deheza) despacharon el 54% del total de granos y subproductos (harinas y aceites) y las primeras 10 representaron el 90% del total. Su poder también se deriva del control de la infraestructura (puertos y elevadores) y, crecientemente, de su rol como proveedores de insumos y servicios financieros. La posición estratégica de estas empresas resulta indiscutible si tenemos en cuenta que los productos del agro representan casi el 50% de las exportaciones totales de Argentina.

Como son empresas que controlan el comercio de granos a nivel internacional, cualquier iniciativa que desafíe sus intereses puede ser castigada en los puertos de destino de las exportaciones argentinas. El control de las divisas y en algunos casos la intermediación de las embajadas de sus países de origen les garantiza llegada a los ministros cada vez que lo necesitan. Otro punto importante es que no siempre apoyan las demandas de los productores. Como tienen intereses en varios sectores de la economía y priorizan estrategias de negocio de largo plazo, intentan no quedar pegadas a las posiciones más confrontativas del sector y no se pronuncian en público.

Cabe aclarar que las retenciones no son la principal preocupación de los traders, ya que es un impuesto que recae sobre los productores y solamente los afecta cuando reduce el volumen de las exportaciones. Pero pueden limitar la autonomía del gobierno en otros frentes: en la política comercial (porque representan un veto a cualquier iniciativa para aumentar el control estatal sobre el comercio de granos), en la política cambiaria (porque tienen la capacidad para arbitrar y forzar una devaluación por parte del gobierno) y en la política fiscal (porque logran minimizar el pago de impuestos a través de precios de transferencia abusivos). A pesar de no tener la visibilidad del conflicto por las retenciones con los productores, estos son tres frentes con implicancias probablemente más profundas en términos de desarrollo económico y estabilidad política.

Juntando semillas en el suelo

En el otro extremo de la cadena una pocas empresas multinacionales controlan la provisión de insumos. Si se consolida el proceso reciente de fusiones y adquisiciones, cuatro empresas (ChemChina, Bayer, DowDuPont, BASF) van a controlar el 75% del mercado global de insumos agropecuarios (en 2015 Dow y DuPont se fusionaron para formar DowDuPont; en febrero de 2016 ChemChina compró a Syngenta y en septiembre de 2016 Bayer compró a Monsanto).

Estas empresas tuvieron un rol protagónico en la reestructuración de la agricultura a nivel global e influyen cada vez más en la forma de producción. Como muestran los estudios de los economistas Mercedes Campi, Roberto Bisang y Guillermo Anlló, los productores están cada vez más subordinados a los proveedores de insumos. Esto es importante a la hora de identificar cual es la elite o el sector más poderoso en el agro. En ese sentido, como señalan las sociólogas Carla Gras y Valeria Hernández la tierra perdió su condición de pilar fundamental de la identidad de clase y cobró un rol secundario y subordinado al nuevo rasgo protagónico: el conocimiento experto y la innovación.

En otras palabras, desde hace un tiempo los propietarios del conocimiento -dueños de las patentes- están en una posición estratégicamente más importante para condicionar al gobierno que los propietarios de la tierra. Alcanza con ver como Monsanto amenaza al gobierno con no introducir nuevos productos en el mercado argentino si no se modifica la Ley de Semillas, la principal demanda a través de la cual buscan ampliar los alcances de los derechos de propiedad intelectual. Según Anabel Marín, experta en innovación en semillas del CENIT-UNSAM y directora del proyecto Bioleft, además de perjudicar a los agricultores la modificación propuesta por estas empresas tiene implicancias profundas sobre el modelo de innovación de semillas, ya que bloquearía el acceso a investigadores y al desarrollo de startups tecnológicas, además de poner en riesgo las posibilidades de preservar la biodiversidad en el largo plazo.

Por otro lado, la influencia de estas empresas limita significativamente la autonomía del gobierno para mitigar los evidentes riesgos socio-ambientales del modelo productivo actual. Los intereses de estas empresas en el área ambiental suelen coincidir con los de los productores agropecuarios, entre los cuales hay cada vez más preocupación por las regulaciones a la aplicación de agroquímicos. Este año se registraron varias protestas en Entre Ríos que recibieron el apoyo de Macri, quien consideró «irresponsable» el fallo que limita las fumigaciones en cercanías de escuelas rurales. A fines de noviembre el tema cobró más visibilidad luego de que detuvieron a tres productores en Pergamino acusados de no respetar la ordenanza municipal sobre el manejo responsable de productos fitosanitarios. El tema promete avanzar en la agenda a medida que fallos judiciales y ordenanzas municipales responden a la creciente evidencia sobre el daño genético asociado a la exposición a agroquímicos. Las protestas de agricultores por limitaciones al uso de agroquímicos crecen también en Europa, donde las protecciones ambientales son bastante más estrictas que en Argentina. Además de protestas en Francia y Holanda, la más masiva fue el ‘tractorazo’ que hicieron 10.000 agricultores en Berlín el 26 de Noviembre, en protesta por restricciones al uso de pesticidas y herbicidas para proteger a los insectos y límites al uso de fertilizantes para proteger el agua.

En contraposición a la imagen de un conflicto entre el gobierno y productores en torno a impuestos, la política del agro está dada por varios conflictos distributivos a los largo de la cadena de valor que determinan no solo el balance fiscal, si no también resultados fundamentales como la estabilidad cambiaria, el cuidado del ambiente y la salud, y la innovación tecnológica. El desafío del gobierno va a ser, en un contexto de precios bajos de los commodities y escasez de reservas, cómo priorizar esos objetivos y ganar autonomía de agricultores fortalecidos a nivel institucional y multinacionales privilegiadas a nivel estructural.

*Economista y candidato a doctor en Ciencia Política (UTDT) – Nota publicada en www.cenital.com.