El bloque de la oposición quiere tratar la adhesión al pacto fiscal antes que el presupuesto
El bloque del Frente para la Victoria – Unidad Ciudadana pidió la realización de una sesión extraordinaria del Concejo Deliberante para la adhesión del cuerpo al Régimen Provincial de Responsabilidad Fiscal Municipal, aprobado por la Legislatura bonaerense y enviado oportunamente por el intendente Raúl Reyes para lograr la adhesión de los ediles.
Los concejales de la oposición consideran que esta cuestión debe ser tratada antes del presupuesto para este año porque incluye el aumento de tasas para este año y entienden que la suba de tasas se contradice el artículo 7 bis del régimen. Dicho párrafo establece: “La Provincia y los municipios concertarán la implementación de políticas tendientes a disminuir los gravámenes que recaigan sobre la producción”.
“Los municipios procurarán la implementación de políticas y convenios interjurisdiccionales tendientes a homogeneizar y armonizar las bases imponibles y alícuotas” de las tasas como Seguridad e Higiene, ABL, Conservación y Reparación de la red vial (a la hectárea)”, se destaca en dicho artículo.
“La presión tributaria total por municipio no podrá superar ni ser inferior en un desvío estándar al promedio de la presión tributaria municipal total a nivel provincial…”, añade.
Por esta misma razón, en un hecho del cual no se conocen antecedentes cercanos, los ediles del FPV – UC decidieron no participar –el pasado 4 de enero- de la asamblea de mayores contribuyentes que aprobó –con el voto favorable de UCR – Cambiemos- un 25% por ciento de aumento en el valor de las tasas urbanas y de un 30% en el de la tasa a la hectárea.
Una fuente de la oposición aseguró que al contar este bloque con un tercio de la composición del Concejo (4 de 12 ediles), están dadas las condiciones para la realización de la sesión extraordinaria.
Posiciones encontradas
“El ciudadano de Dorrego vota a los concejales para que legislen y deben hacerlo hasta el último momento de la aprobación o no de un proyecto de ordenanza”, había dicho Osvaldo Barcelona al argumentar la negativa del bloque opositor a participar de la asamblea de mayores contribuyentes.
Dijo que después de hacer un nuevo estudio del proyecto, el bloque que integra “encontró una colisión” entre el proyecto de ordenanza general impositiva y un artículo del régimen de responsabilidad fiscal provincial que el intendente Raúl Reyes envió al Concejo el pasado 21 de diciembre.
“No había otro motivo, pero entendemos que el artículo 7 bis (del proyecto de responsabilidad fiscal) dice que para estimular la producción hay que reducir los gravámenes. Puntualmente (la gobernadora Vidal), habla de las tasas de Seguridad e Higiene, Inspección, Alumbrado, Barrido y Limpieza, y la rural”, agregó.
Para Barcelona, es un “contrasentido” que el intendente mandara un proyecto con la suba en el valor de las tasas y otro en el cual se pide una baja.
“Pedimos un cuarto intermedio, hablamos en términos jurídicos con los ediles del oficialismo, propusimos posponer (la asamblea de mayores contribuyentes) y convocar en 24 horas a una sesión en la que se tratara el proyecto de responsabilidad fiscal”, dijo.
Finalmente, los concejales del bloque de UCR – Cambiemos volvieron al recinto y junto con sus mayores contribuyentes refrendaron las subas.
El concejal oficialista Ramiro Zarzoso defendió esta postura y admitió que lo sorprendió que sus pares del bloque del Frente para la Victoria – Unidad Ciudadana no hayan participado del debate.
“Estamos convencidos (de) que no tiene que ver una cosa con otra. Es mezclar peras con manzanas. Decidimos seguir adelante con la sesión, ya que teníamos los dos tercios”, enfatizó Zarzoso.
“Así, decidimos aprobar el aumento de tasas, que es esqueleto del presupuesto”, destacó.
Recordó que el proyecto de adhesión al pacto de responsabilidad fiscal provincial para los municipios se encuentra en el Concejo desde el 21 de diciembre pasado y ambos bloques tuvieron la posibilidad de leerlo.
También señaló que durante la reunión de labor parlamentaria, los concejales de la oposición no habían hecho ninguna consideración al respecto.
Aspectos clave de la Ley de Responsabilidad Fiscal
Endeudamiento: Los municipios no pueden endeudarse por encima del 10% de sus recursos corrientes, salvo para refinanciar deuda previa en mejores condiciones. También los obliga a adherir al régimen de responsabilidad fiscal tanto para tomar deuda como para recibir asistencia financiera de provincia o Nación.
Aumento del gasto: los municipios no pueden aumentar sus gastos corrientes por encima de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Antes, se calculaba sobre el crecimiento del PBI.
Personal: se compromete a los municipios a que no aumenten su planta de personal por encima del aumento de la población, salvo aquellos que tengan superávit o absorban servicios del gobierno nacional o provincial o del sector privado (como la recolección de residuos). O que sean autorizados por la provincia.
“Despilfarros” de última hora: la ley aprobada prohíbe a los intendentes que, en los seis meses previos a dejar el cargo, tomen medidas que incrementen el gasto corriente con carácter permanente (como los habituales pases a planta permanente de los empleados contratados) o dispongan de los bienes municipales.
Reducción de tasas: la reforma invita a los municipios a bajar las tasas que recaen sobre los sectores productivos, como las que se cobran por Seguridad e Higinie o Alumbrado, Barrido y Limpieza.
Información completa: la nueva norma obliga a los municipios a que acompañen sus proyectos de presupuesto con información más detallada sobre proyecciones de recursos y gastos, el stock de deuda municipal y la descripción de las políticas presupuestarias que sustentan esas previsiones.
Ejecución presupuestaria: la reforma aprobada insiste en que los municipios publiquen su presupuesto en su sitio web oficial, algo que cumplen muy pocos. También les pide una actualización cada tres meses de la ejecución presupuestaria. Detalle que, en este caso, tampoco cumple la provincia (su última actualización es del primer trimestre de 2017). Por último, exige un informe trimestral con la cantidad de empleados en cada municipio y sus salarios.
