Más de un millón de personas puede usar armas, pero el 75% tiene su credencial vencida
Fernando Sabag Montiel, el brasileño de 35 años que intentó asesinar a la vicepresidenta Cristina Kirchner, accedió a la Bersa calibre 32 en el barrio porteño de Villa del Parque, la zona en la que vivió de pequeño junto a sus padres, en una vivienda de la calle Terrada.
El arma era de César Bruno Herrera, un hombre que falleció a los 50 años y que vivía cerca de la vieja casa de Sabag Montiel. De qué manera esa pistola llegó a manos de la pareja de Brinda Uliarte es aún un misterio, pero habla de las facilidades que existen en la Argentina para acceder a un arma de fuego.
Los recientes casos de vecinos que se defendieron de intentos de asalto se suman al debate sobre el acceso a las armas de fuego en la Argentina. TN difundió cifras oficiales de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) que ayudan a entender cuál podría ser la raíz del problema: de permisos para usar pistolas vencidos a un mercado negro que crece y no detiene su marcha.
Más de un millón de personas son “legítimos usuarios” de armas, pero el 75% tiene su credencial vencida
De acuerdo a las cifras entregadas por la ANMAC, en base a documentación del Banco Nacional Informatizado de Datos (BNID), en la Argentina hay 1.088.012 “legítimos usuarios” de armas de fuego.
¿Qué significa tener esta condición? Para usar un arma en la Argentina, se debe obtener una credencial otorgada por la ANMAC, la que se logra luego de haber aprobado un examen psicofísico; contar con un certificado de inexistencia de antecedentes penales y acreditar idoneidad en el manejo de armas. Además, el solicitante debe ser mayor de 21 años.
Sin embargo, la documentación a la que accedió TN marca que el 75% estos usuarios “se encuentra en estado irregular”, es decir, tienen su credencial vencida. La vigencia de esta es de 5 años y debe renovarse 90 días antes de su fecha de caducidad. Tan solo en 2021 más de 70 mil personas solicitaron ser legítimos usuarios. El código penal establece penas de 1 a 4 años para los que usen un arma sin estar habilitados.
El primer eslabón del problema: la tenencia de armas en la Argentina
En la Argentina hay unas 700 mil personas que se convirtieron en tenedores de armas, es decir, son legítimos usuarios que una vez con la credencial en la mano solicitaron poder tener un arma para uso lícito, esto es, a modo de ejemplo, la caza o el tiro deportivo, entre otros.
La condición de “tenencia” obliga a la persona a mantener el arma descargada, transportarla separada de sus cartuchos y usarla con fines lícitos, aunque muchas veces esta condición no se respeta y las armas se utilizan con otros fines.
Pero lo cierto es que la presencia de armas en los hogares argentinos es mucho mayor. En 2017 se publicó la “Encuesta de Victimización” – de alcance nacional- la que determinó que el 3,9% de los hogares argentinos declararon poseer armas de fuego. Esto se traduce en entre tres y cuatro millones de armas de fuego.
Esto demuestra que hay -al menos- dos millones de personas que tienen armas de fuego en sus casas sin ser legítimos usuarios. TN se contactó en reiteradas oportunidades con autoridades del Ministerio de Justicia y la ANMAC para tener la versión oficial respecto a estos puntos, pero nunca obtuvo respuesta.
En el país hay 24 mil portadores de armas: son quienes pueden accionarlas en la vía pública
El trámite para ser portador de un arma es diferente. Es que se trata de una persona que está habilitada a tener un arma cargada en condiciones de uso inmediato en la vía pública, entre estos los que trabajan en los camiones de caudales, agentes de seguridad y funcionarios del poder judicial.
En total en la Argentina hay 24.096 portadores de armas.
La matriz del problema: al menos 2 millones de armas circulan por el mercado negro argentino
Un informe de la ANMAC del año 2017 marca que unas 2 millones de armas circulan en el mercado negro, un espacio que escapa de todo control y en el que acceder a un arma de fuego puede resultar más sencillo de lo que parece.
Muchas de estas armas son las que terminan en manos de personas como Sabag Montiel, delincuentes o grupos narcos.
La ANMAC también tiene un registro formal compuesto por 1.777.635 armas en todo el país. Así, según los datos a los que accedió TN, figuran en el sistema unos 290.000 revólveres; 637.000 pistolas y 412.000 escopetas, entre otros.
El programa de entrega voluntaria de armas expone, año a año, cada vez menos resultados
Existe en la Argentina el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego para promover el desarme de los ciudadanos a cambio de un monto de dinero que dependerá del tipo y modelo del arma.
Esta iniciativa, bajo el ala del Ministerio de Justicia de la Nación, se lanzó en 2007, pero desde entonces mostró cada vez menos resultados. Aquel año el Gobierno recibió unas 68.126 armas de fuego, pero en 2019 -el último año de la gestión de Mauricio Macri- solo 7100. En 2020, y con el condicionamiento de la pandemia de coronavirus, fueron solo 424.
Uno de los problemas, además de la falta de publicidad de esta medida, es que el Gobierno da un incentivo económico que parece haber quedado desactualizado. Los montos a pagar van desde los $3000 a $9000.
El pasado 16 de septiembre, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley que establece la vigencia del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego hasta el 31 de diciembre de 2023.
Además, de acuerdo a datos actualizados al 2 de julio, en los depósitos de la ANMAC habían unas 107 mil armas sin destruir. A estas se le suman 861 mil municiones, 14 mil chalecos antibalas y siete lanzagas.
22 mil muertes a causa de armas de fuego en solo 8 años
Las estadísticas vitales del Ministerio de Salud de la Nación marcan que entre 2011 y 2019 murieron a causa de un arma de fuego unas 22.497 personas en la Argentina, lo que entrega un promedio preocupante: ocho fallecimientos por día.
Los números marcan que en 2019 se produjeron 2083 defunciones a causa de armas de fuego, de las que 837 fueron por un móvil indeterminado; 755 a causa de una agresión, 439 suicidios; 42 fallecimientos no intencionales y 10 por intervención de fuerzas de seguridad. (TN). 14-11-22).