Me cuidan mis amigas / El caso Lowrdez Fernández

Nota de Marina Bruzzese en Página 12

La voz de Lowrdez Fernández irrumpió de golpe en el aire de Telenueve, quebrada, arrastrando las palabras, como si hablara desde un lugar donde costaba respirar. Del otro lado del teléfono, el periodista Alexis Puig intentaba mantener la línea abierta, mientras en el estudio se hacía un silencio inquietante. La llamada duró apenas unos segundos, pero bastó para encender todas las alarmas: en el fondo, apenas perceptible, se oía una voz masculina. Nadie podía precisar qué decía, pero el tono bastaba para confirmar una sospecha: no estaba sola.

Minutos después, cuando las redes hervían y los portales multiplicaban hipótesis sobre su paradero, la cantante reapareció en su cuenta de Instagram. “Me acabo de levantar. Estoy con gripe desde el lunes”, explicó con un hilo de voz, desde un ambiente oscuro, casi sin luz natural. “No puedo creerlo, esto es terrible… Me siento muy mal, chicos”, alcanzó a decir. Lejos de apaciguar la inquietud, el video solo la profundizó. Su mirada perdida, la voz cansada, la respiración entrecortada: nada en esa grabación transmitía alivio. Para el público fue una aparición extraña; para quienes la conocían, una señal de auxilio. Afuera, su madre y sus compañeras ya se movían para denunciar lo que intuían: que Lowrdez estaba en peligro. Afuera, las mujeres de su vida empezaban a golpear puertas, llamaban a la policía, insistían en que algo andaba muy mal. Esa insistencia fue la que salvó su vida. Fueron ellas quienes empujaron a la Justicia a actuar cuando el silencio, la sedación y el miedo habían tomado su voz.

El 23 de octubre de 2025 el país se despertó con un déjà vu del terror cotidiano: una mujer desaparecida, una madre desesperada, una amiga que no se resignaba, y una justicia que tardaba. El caso de Lowrdez irrumpió en la esfera pública como un drama mediático, pero se convirtió en mucho más: es una radiografía de cómo funciona —y cómo tantas veces falla— el sistema de protección frente a la violencia de género en Argentina.

Una búsqueda que empezó en la voz de las otras

La noche del 22 de octubre Mabel López, madre de Lowrdez, llegó a la Comisaría Vecinal 14B de Palermo para denunciar que no sabía de su hija desde el 4 de octubre. Llevaba semanas de preocupación y mensajes entrecortados. “Recibí audios de Lourdes a través de Lissa (Vera, su compañera de Bandana) en los que apenas podía hablar. Voz quebrada, él de fondo… Sospecho que no me veía para que no vea los golpes. Prioricé su vida sobre su enojo. Esto salva a muchas”, diría luego.

La denuncia de Mabel fue seguida casi en simultáneo por la de Lissa Vera cuyo testimonio fue clave para activar los engranajes de la Justicia. Ambas actuaron dentro del marco que establece la Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia de Género, que en su artículo 16 establece: “Las denuncias podrán ser efectuadas por la víctima o por cualquier persona que tenga conocimiento de la comisión del hecho”. El artículo 9 de la misma ley agrega aún más contundencia: “El Estado tiene la obligación de actuar de oficio cuando tome conocimiento de hechos de violencia contra las mujeres”. Ese mandato legal chocó con la lentitud institucional: pasaron entre doce y catorce horas desde las denuncias hasta que el Juzgado Criminal y Correccional N°47, a cargo del juez Santiago Bignone, ordenó el allanamiento. En esas horas críticas Lowrdez seguía encerrada, vulnerable, y el desenlace podría haber sido trágico.

En la mañana del 23 de octubre, luego de la denuncia de Lissa Vera y Mabel, efectivos de la Policía de la Ciudad acudieron al domicilio de García Gómez, en Ravignani 2186, Palermo. Él negó toda relación actual con el paradero de Lowrdez y aseguró que no estaba allí. Permitió una inspección parcial, sin orden judicial. No la encontraron. Horas después, Lowrdez atendió aquella llamada en vivo del programa “Telenueve al amanecer”. Recién entrada la noche, tras insistencias de la madre, Lissa y el abogado de la familia, el juez Bignone firmó el allanamiento. La División de Investigaciones Comunales 14 ingresó por la fuerza al departamento. Encontraron a Lowrdez descompensada, sin lesiones visibles, pero con signos de encierro y sedación. García Gómez, hasta entonces escondido en un placard, intentó huir por una ventana, pero fue reducido y detenido. Fue trasladada al Hospital Fernández. Los peritos constataron que su estado físico era “estable, pero vulnerable”.

El 24 de octubre, García Gómez fue indagado por privación ilegítima de la libertad. Se negó a responder preguntas, sólo dijo que “ella no quería salir, fue por voluntad propia”. La causa pasó al Juzgado N°13, a cargo del juez Diego Slupski, y a la Fiscalía N°43, de Silvana Russi. Un nuevo allanamiento reveló un departamento “destruido”, con rastros de drogas y objetos que sugerían coerción. En los días posteriores, la escena pública fue caótica: especulaciones sobre drogas, salud mental, celos, pero también hubo algo distinto: una red que se activó en defensa de Lowrdez. Sus compañeras de Bandana, artistas como Fabiana Cantilo, periodistas feministas y miles de usuarias en redes sostuvieron la consigna “Ni una menos”, aunque Lowrdez todavía defienda a su agresor. Su defensa encierra una verdad incómoda: el feminismo cuida incluso cuando la víctima no pueda reconocerse como tal. Lowrdez agradeció “el amor y la preocupación” y habló de “tomarse un tiempo para sanar”. Su abogado pidió su inclusión en el programa de protección de víctimas de trata, aludiendo a posibles coerciones económicas.

Una madre frente al laberinto judicial

El testimonio de Mabel reconstruye el ciclo de violencia que vivió su hija desde 2020: “Las cosas venían muy mal desde hacía tiempo, cuando ella se separa la primera vez, que él manda todas las cosas de ella para acá. Ahí me empieza a contar todo lo que venía pasando”, relató. Durante la pandemia, sospechó que Lowrdez estaba siendo golpeada: “Un día digo ‘te voy a ver’. ‘No vengas porque tengo COVID’, me dijo. Después me entero de que no podía ir porque la había golpeado”.

La primera denuncia formal apareció en noviembre de 2022. En esta se describen hechos de violencia física, psicológica y sexual, acompañados por el mensaje que la artista compartió en sus redes sociales. Allí,Lowrdez subió fotos de su rostro y cuerpo con marcas y moretones visibles, acompañadas por un texto breve pero contundente: “Me filmó sin que sepa. Me sacaba fotos desnuda. Me metía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo disculpas. El amor no duele”. Esa publicación, que tuvo gran repercusión en medios y entre sus colegas del ambiente artístico, motivó la imputación de García Gómez y la asignación a Lowrdez de un botón antipánico, medida de protección que luego devolvió en 2023, al tomar la decisión de restablecer un contacto ocasional con el agresor, a pesar del enojo y preocupación de su círculo íntimo.

El 4 de octubre de este año, la situación se volvió nuevamente urgente: Lowrdez llegó a su casa “con dolor de costillas”, asegurando que se había caído de la escalera y su familia no pudo hacer caso omiso. Su hermana, Anita, notó las lesiones. “Yo no entendía cómo podía hacer yo una denuncia, porque tenía entendido que la víctima tenía que hacerla. Hablo con Yamil, el abogado de ella. Él presenta un escrito y me dice: ‘Andate a la UVD (Unidad de Violencia Doméstica de la Ciudad de Buenos Aires)’”. Mabel fue quien dio el primer paso institucional, incluso contra la voluntad de su hija: esta “transgresión” fue la que tal vez le salvó la vida.

La amiga que no se calló

“Yo me enteré por mis compañeras y lo que había que hacer era ejecutar enseguida porque la verdad era peligrosa su situación”: Lissa, la otra denunciante clave en la causa, expuso la situación de Lowrdez tanto ante la Policía de la Mujer como en los medios. La exposición mediática, muchas veces tan dañina, fue en este caso un factor de protección. Como declaró tras los acontecimientos la actriz Julieta Prandi: “Que se hable de ella la mantiene con vida”. Ella misma atravesó un proceso judicial de violencia de género y abuso sexual que derivó recientemente en condena. “Lo que les digo a las familias es: no se alejen. Traten de sacarla de ahí. Es lo más difícil, pero pueden salvarle la vida. Que sea una persona pública la mantiene con vida, como pasó conmigo”.

El caso también deja al descubierto un patrón repetido: las mujeres conocidas logran visibilidad y, a veces, rescate; las anónimas no. Cada 31 horas una mujer es asesinada en Argentina por violencia de género. Muchas tras hacer denuncias que no prosperaron. Otras, como Lowrdez, se salvaron gracias a que alguien más se animó a denunciar. Pero el sistema no puede depender del azar o la fama: la denuncia de terceros debe normalizarse como mecanismo de alerta temprana. Es imperioso capacitar al personal policial y judicial para que entienda que si una madre denuncia por su hija, o una amiga por su amiga, esa denuncia tiene la misma validez y urgencia. El problema, es que muchas veces el Estado pide ratificación, se exige que la víctima “quiera denunciar”. Pero cuando una mujer está bajo manipulación o amenaza, esa exigencia se vuelve absurda.

El perfil del agresor y la sombra digital

Según el testimonio de Mabel López, la tensión con García Gómez se extendió mucho más allá del vínculo con su hija. En varias entrevistas, López refirió que recibió mensajes intimidatorios y llamados indirectos desde números desconocidos, en los días posteriores a las denuncias. Durante los días en que se desconocía el paradero de Lowrdez, sus redes sociales se convirtieron en un terreno ambiguo, donde los posteos parecían contradecir los hechos. Mientras su madre y sus amigas denunciaban públicamente su desaparición, la cuenta de Instagram de la artista publicaba mensajes y videos en los que intentaba transmitir calma: “Estoy perfecta… Me ha tocado malísimo”, escribió en una de sus historias, acompañada por un emoji de corazón.

El tono, la redacción y los tiempos de publicación hicieron sospechar que no todos los posteos habían sido escritos por ella. Tanto su entorno familiar como su representante afirmaron que algunos mensajes podrían haber sido realizados bajo presión o directamente por el propio García Gómez, con el fin de mantener una apariencia de normalidad y desactivar la búsqueda.

Tras el allanamiento en el departamento de Palermo, cuando la Policía la halló “en mal estado, con signos de encierro y posible consumo de sustancias”, los investigadores se concentraron también en rastrear la actividad digital de ambos. Según trascendió, el equipo de la División de Delitos Informáticos analizó las direcciones IP desde donde se realizaron las publicaciones de los días previos al operativo. Mientras tanto, en redes sociales, las cuentas de Lowrdez siguen bajo observación. Cada nuevo mensaje, cada palabra, es analizada minuciosamente por quienes estuvieron cerca de perderla.

Contradicciones del relato

Días después del allanamiento, Lowrdez reapareció públicamente. Primero en un móvil donde afirmó: “Mi ex no me hizo nada”. Luego, en un vivo de Instagram con Fabiana Cantilo, durante la madrugada del 29, su relato se volvió errático. Lowrdez intentó justificar su desaparición ante una despiadada Fabiana, determinada a esclarecer los hechos: “¿Qué pasó mi amor estabas durmiendo? Quiero saber si estabas durmiendo cuando vino la policía”. “Fue su cumpleaños y justo yo tenía que volver a casa. El domingo a la noche me agarró una fiebre tremenda y no pude levantarme. Me quedé dormida dos días con mucha fiebre”, intentó explicar la ex Bandana. Cantilo contraatacó: “Bueno, pero el señor ya te había pegado. No lo queremos al señor que pega, Lourdes”. “Nos habíamos revinculado y habíamos salido de toda esa toxicidad”, contestó Lowrdez. “¿No te volvió a pegar?”, insistió Cantilo. “No, no volvió. Por eso realmente estoy muy triste de que hoy le hayan negado la excarcelación”.

Ese intercambio —una conversación cruda, incómoda— expuso lo que los peritajes llamarían después “entrampamiento vincular”: la mezcla de culpa, miedo, amor y control que paraliza a muchas víctimas, y el dilema que parte al medio a muchos familiares y amigos de estas: ser lo suficientemente incisivo para hacer a estas “ver la realidad” pero no al punto de que la víctima les oculte información o las expulse de su círculo. Denunciar por otro no siempre es fácil: supone romper un pacto de silencio, intervenir en una dinámica privada que muchas veces se percibe como “ajena”. Pero cuando hay violencia, el silencio es cómplice.

Un delito de acción pública

La causa contra Leandro García Gómez avanza. Está detenido y procesado por privación ilegítima de la libertad y lesiones leves agravadas por violencia de género. Estos constituyen delitos de acción pública, es decir: no requieren que la víctima ratifique la denuncia. No obstante, el caso muestra que el sistema judicial aún responde como si dependiera de la voluntad de la mujer. La ley no sólo permite, sino que obliga al Estado a intervenir cuando hay riesgo. El accionar de Mabel López y Lissa Vera se inscribe en esa legalidad y en ese deber moral.

El caso Lowrdez Fernández deja una pregunta central: ¿por qué la figura del tercero denunciante sigue siendo vista como una intromisión y no como un acto de protección? El artículo 16 de la Ley 26.485 no admite ambigüedades: cualquier persona —madre, amiga, vecina o profesional— puede denunciar hechos de violencia de género. Y el artículo 9 establece que el Estado debe actuar incluso sin denuncia formal, una vez que toma conocimiento de los hechos. Pero por otro lado las instituciones siguen actuando bajo la lógica del consentimiento y la validación de la víctima, desconociendo que el silencio e incluso muchas veces la defensa del agresor es, en contextos de violencia, un síntoma clásico del control coercitivo.

El precedente que debería quedar

Mabel López y Lissa Vera visibilizaron un vacío práctico en la implementación de derechos. Su decisión de denunciar rompió con el mandato de espera, con esa falsa prudencia institucional que tantas veces se convierte en omisión. Una espera que en estos casos suele significar la diferencia entre la vida y la muerte. “Ella tiene que comprender que corría peligro, (…) Prefiero a mi amiga enojada y viva antes que muerta y contenta” sentenció Lissa. Su frase, más que una defensa, es un manifiesto. Este caso obliga a mirar de frente el retardo judicial —las catorce horas sin allanamiento— y a reconocer que la ley no basta si quienes deben aplicarla no actúan con urgencia. (02-11-25).