Monte Hermoso: mandaron a juicio a cuatro policías por adulterar una causa
La tarde del primer día de 2019, la Policía de Monte Hermoso arrestó en el balneario Sauce Grande a dos jóvenes pampeanos a los que acusaba de robos cometido días antes.
Les imputaban portar una bolsón con teléfonos celulares, cuchillos, relojes, una cámara, perfumes y prendas de vestir que serían producto de los delitos.
Sin embargo, al poco tiempo se descubrió que los datos cargados en el acta que dio inicio a la causa (IPP 25.980/18) eran falsos.
El oficial subayudante Darío Gallego, junto con el sargento Francisco Javier Suárez; el teniente primero Rodolfo Roberto González y la oficial Rebeca Agustina Acevedo fueron separados preventivamente, bajo sospecha de haber cambiado la versión.
Se los investigó, concretamente, por insertar información falsa en el acta del procedimiento, al consignar que los presuntos ladrones (Jon Mikel De Aguirre y Michelle Leonela Diehl) tenían el bolsón en su poder y que el operativo, realizado en la esquina de Samborombón y Plache, fue supervisado por un testigo.
A Gallego, además, se le imputó haber confeccionado la declaración del testigo A., (que nunca se tomó), mediante la cual, supuestamente, el mismo habría dicho que en su presencia se realizó la requisa a los aprehendidos.
La elaboración de la inexistente testimonial se dio en la comisaría, ya en horas de la noche.
Por otro lado, al mismo uniformado se acusó de sustraer uno de los celulares vinculados a los hechos investigados y, en una causa aparte, además, de ser quien, el 1 de febrero siguiente, golpeara a otro aprehendido en sede policial -cuando lo tenía tirado en el piso y esposado-, causándole traumatismo encefalocraneano leve y hematomas en el rostro.
Le habría advertido, según consta la causa, «que le iba a enseñar a respetar a la Policía y a la Justicia» y luego amenazado con «prenderle fuego la casa».
Hace unos meses, la jueza de Garantías N° 1 subrogante, Natalia Giombi, ordenó elevar a juicio la causa; la defensa de Gallego se opuso pero ahora la Cámara Penal confirma la medida y todos tendrán que responder en la instancia oral.
Los delitos son falsificación o adulteración ideológica de documentos, falso testimonio e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La ratificación fue de los jueces Gustavo Barbieri y Pablo Soumoulou, de la Sala I.
«Me encuentro en condiciones de afirmar que el requerimiento de elevación a juicio formulado por el fiscal en estos obrados no presenta defectos formales ni materiales que justifiquen la sanción procesal pretendida por el impugnante», dijo Barbieri, con la adhesión de su colega camarista.
De esa manera descartó los planteos de nulidad formulados por el abogado defensor Pablo Javier Jesús Larrañaga.
Observó la Cámara que en la requisitoria fiscal se señalaron los hechos, la calificación legal y los elementos de prueba para instar al avance de la causa.
Tanto el testigo A., como como otras dos personas (H. y G.) coincidieron en que en poder de Diehl y De Aguirre «no se encontró ninguna bolsa»
Incluso H. y G. confirmaron que fue este último quien encontró los elementos abandonados en un médano, a metros de la vivienda alquilada por los imputados en la causa de origen, y que fueron ellos quienes decidieron llevarlos a la comisaría, ante la negativa de los policías actuantes de realizar un rastrillaje en la zona.
Los coprocesados Acevedo y Suárez, al prestar declaración, si bien buscaron mejorar su situación, reconocieron que al firmar el acta no leyeron en detalle su contenido pero que lo consignado «no era la correcto».
Por otro lado, Gallego se mantuvo en silencio al ser indagado y, si bien eso no importa una valoración en su contra, dejó en evidencia la falta de una hipótesis de descargo para descartar su responsabilidad. (La Nueva ). (07-05-22).
