Duro informe de Correpi: Entre Lucas y Luciano, la represión suma y sigue

Informe de la La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi)

Los fusilamientos perpetrados por las fuerzas de seguridad en la vía pública, que gráficamente llamamos “gatillo fácil”, se caracterizan por un alto grado de naturalización hacia adentro de la clase victimizada, y por una enorme invisibilidad respecto de quienes no son sus habituales destinatarios.

En los barrios, muchas veces se los registra como parte de la vida cotidiana, porque “así son las cosas”. Desde chiquitos, lxs pobres deben aprender a obedecer al que manda. Y el que manda en el barrio, amparado por su reglamentaria, es el policía, el gendarme o el prefecto, que tiene el poder omnisciente de detener a cualquiera, en cualquier lugar, sin expresar siquiera un motivo, el que puede ponerles un tiro en la nuca o la espalda impunemente, porque el titular del diario, si es que la noticia trasciende, será “joven delincuente abatido por las fuerzas del orden”.

Los sectores medios, sólo registran -y por un muy breve lapso, hasta que otro tema acapara el espacio mediático- los casos que, por una u otra razón, les permiten algún grado de identificación con la víctima. Por ejemplo, aquellos cuya víctima es significativamente presentada como “inocente”, expresión tramposa que omite las circunstancias del asesinato y remite brutalmente a una versión renovada del “en algo andaría, por algo será” de la dictadura. Y esto vale tanto para el gatillo fácil propiamente dicho, como para el resto de las modalidades represivas que ocasionan la muerte de personas.

En contadas ocasiones, por factores que van desde la intervención de un interlocutor “creíble” para los medios, como un conocido club de fútbol, al estallido de vecinxs y amigxs que protagonizan una pueblada, el muro de silencio se agrieta y el asesinato trasciende. Pasó en estas últimas semanas, primero con Lucas González, fusilado por la policía de la Ciudad, y con Luciano Olivera, fusilado por la policía de la provincia de Buenos Aires.

Pero en las mismas pocas semanas, corrió mucha más sangre, que apenas si fue percibida por los medios y su consecuencia, la “opinión pública(da)”.

Apenas antes del asesinato de Lucas, en Corrientes una razzia policial era seguida por la desaparición de Lautaro Rosé. Tres días después, su cuerpo fue encontrado en el río, un kilómetro debajo de donde se lo vio por última vez, tratando de escapar de la policía. El 18 de noviembre nos enteramos de otro crimen ocurrido el 31 de octubre en Bariloche, cuando Santiago Arraigada, de 16, fue asesinado por el ex policía Luis Díaz, su padre biológico con quien recientemente se contactaba.

Al día siguiente del asesinato de Lucas en CABA, tuvo alguna repercusión la muerte de Alejandro Martínez, de 35 años, en la comisaría de San Clemente del Tuyú. Como más de la mitad de las personas que mueren en una comisaría, Alejandro no estaba detenido por un delito. Era un “demorado” por una contravención, que le tendrían que haber notificado en la calle, con la citación a concurrir a la fiscalía para su defensa. A los tres días, el 21, el policía bonaerense Martín Alberto Fallico Gutiérrez golpeó y decapitó a su madre, Marta Susana Gutiérrez, y tiró la cabeza en un tacho de basura. El mismo día, en Cuesta del Ternero, Río Negro, el comunero mapuche Elías Garay fue asesinado a tiros por dos sicarios de la empresa de (de)forestación que pretende las tierras de su pueblo, con el apoyo de la policía provincial que les permitió acceder al predio que tenían cercado. El 23 de noviembre, en Tortuguitas, un policía bonaerense, de la comisaría de Pablo Nogués, mató con disparos de su arma reglamentaria a un joven que huía después de fracasar en un intento de arrebato callejero. El 27 de noviembre, Guido Rubén Segura (33) fue fusilado en José C. Paz por el policía de la Ciudad Federico Medina. Ese mismo día, en José C. Paz, la oficial del Comando de Patrullas de San Martín Mayra Barraza mató con su arma reglamentaria a Ronald Dante Huiza Reyes (31), su ex pareja, en la puerta del colegio al que asiste el hijo de ambos.

Hasta ahí, los casos que llegamos a registrar antes de la fecha de cierre de la actualización del Archivo 2021. Pero el 10 de diciembre, mientras en Miramar el policía bonaerense Maximiliano González mataba de un tiro en el pecho a Luciano Olivera (16) y se excusaba diciendo que no se detuvo en un control vehicular y a él se le escapó el tiro, en Merlo, Gastón Blanco, de 36 años, murió por los disparos efectuados por su vecino José Antonio Soria, vigilador privado molesto por la música fuerte. El mismo día, en General Rodríguez, Jonathan Silva y Yanina Rosales, policías del Comando de Patrulla, persiguieron una moto. Para detenerla, la embistieron con el patrullero. Fabián Agustín, de 14 años, murió en el acto, y su acompañante, de 19 años, quedó herido. La madrugada del 11, en Almirante Brown, el prefecto Hugo Ever Villanueva mató a tiros a Lucas Ismael Galván, de 16 años, que salía de una fiesta de egresados.

Así, vemos que Lucas y Luciano no son “casos aislados”, sino parte de un inmenso universo de personas asesinadas por las distintas fuerzas de seguridad a diario. A lo sumo comparten el curioso privilegio de que sus asesinatos trascendieran masivamente, en lugar de quedar apenas si congelados en el titular surgido del mentiroso parte policial, que habla de “enfrentamiento”, “motochorro abatido” o “se descompensó” bajo custodia.

Acaso más de una docena de hechos semejantes en casi el mismo número de días, con intervención de fuerzas federales, provinciales y de la Ciudad, sirvan para que se entienda que no es un policía malo, reclutado por error, ni un problema de “mala formación” o de una fuerza que se “autogobierna”.

Es una política de estado, que puede frenarse, parcialmente, pero de manera significativa, con medidas de gobierno concretas. Sólo con las dos primeras de nuestra larga Agenda Antirrepresiva Urgente, se reducirían a la mitad las muertes en comisarías y los fusilamientos de gatillo fácil:

• Eliminación de todas las facultades y prácticas de las FFSS para interceptar, requisar y detener personas arbitrariamente. ¡Cumplan la sentencia de la Corte IDH en el caso Bulacio ya!

• Prohibición a todas las fuerzas de la portación y uso del arma reglamentaria fuera de servicio y de civil. (23-12-21).