Un exintegrante del Batallón 601 fue nombrado delegado municipal en Sierra de la Ventana
La calma de Sierra de la Ventana se quebró después de que designaran como delegado municipal a Julio Renato Baamonde, que actuó como Personal Civil de Inteligencia (PCI) durante la última dictadura. El nombramiento generó la reacción de vecinos, vecinas, organismos de derechos humanos y organizaciones sindicales que reclaman su inmediata desvinculación. “Tenemos plena convicción del rol central que jugaron las agencias de inteligencia en el terrorismo de Estado. Nadie que haya prestado tareas en el Batallón 601 puede aducir que no sabía lo que estaba pasando”, le dijo a Página/12 Sandra Raggio, directora general de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).
Sierra de la Ventana es una de las localidades del partido de Tornquist. Como está ubicada a casi 50 kilómetros de la ciudad, el intendente local tiene un delegado municipal. El lunes, Sergio Bordoni anunció que ese cargo lo ocuparía hasta finales de diciembre Baamonde, pero rápidamente trascendió que el designado había sido parte de la estructura de inteligencia durante los años del terrorismo de Estado.
Julio Renato Baamonde figura en los listados del Batallón 601 que se desclasificaron en 2010 –durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner– y que se aportaron a la Justicia. En una nómina a la que accedió este diario, Baamonde figura como asignado a la CIM. La sigla se correspondería con la Central de Inteligencia Militar.
En el portal La Retaguardia, el periodista Patricio Eleisegui relató que tuvo a Baamonde como docente. Solía impartir clases de Historia y en una oportunidad, según recuerda el comunicador, habló sobre «cómo desactivar una célula subversiva».
Cuando se conoció el nombramiento, un grupo de vecinos y vecinas empezaron a organizarse para hacer oír su repudio. “Nos autoconvocamos porque no queremos tener a un servicio al frente de la designación municipal”, le contó a Página 12 Silvia “Ketty” Scheider.
Los residentes trabajaron en una carta al intendente en la que piden que separe del cargo a Baamonde. “Las tareas desempeñadas en el Batallón de Inteligencia 601 tuvieron como resultado directo los secuestros, torturas y desapariciones en el marco del terrorismo de Estado. Estas acciones realizadas por el Personal Civil de Inteligencia son contrarias al funcionamiento de instituciones democráticas, por lo que reclamamos que su designación sea revocada urgentemente”.
Bordoni no respondió ni las llamadas ni los mensajes de Página/12. Sin embargo, en diálogo con Infocielo, ratificó el nombramiento de Baamonde. “Desde 2009 a 2014 trabajó en el Ministerio de Salud de la Nación bajo el gobierno de Néstor y Cristina. Antes de 2009 fue concejal por el PJ y me lo cuestionan a mí”, se quejó. “Es jubilado militar, no tiene una causa abierta, legajo limpio”, enumeró el jefe del municipio de Tornquist, que llegó al cargo en 2015 por la alianza Cambiemos pero no esconde su simpatía actual por el gobierno del Frente de Todos.
Como señala Bordoni, la estructura de inteligencia de la dictadura casi no fue rozada por las investigaciones judiciales. Sin embargo, la reconstrucción hecha por los organismos de derechos humanos y por las distintas áreas del Poder Ejecutivo dedicadas a la investigación no dudan en darle el rol de cerebro de la represión. Como marcaron desde HIJOS Bahía Blanca –que se sumó a las acciones de repudio–, las áreas de inteligencia centralizaban la información de los ciudadanos y las ciudadanas que eran perseguidos durante el terrorismo de Estado.
En esa misma línea, se pronunció la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA) al exigir la inmediata desvinculación de Baamonde. “La inteligencia constituyó la columna vertebral para las acciones represivas que terminaron con la desaparición forzada de 30 mil ciudadanos”.
“Los servicios de inteligencia militar fueron un engranaje indispensable en el proceso represivo que desarrolló el plan sistemático de exterminio de modo que la designación de quien haya trabajado en aquellos implica una inaceptable complicidad con el atroz pasado reciente y constituye un agravio a las víctimas del genocidio y a la sociedad en su conjunto”, plantearon desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
Desde la CPM sostienen que la discusión no puede ceñirse a la existencia o no de una investigación judicial que involucre a Baamonde. “Los múltiples esfuerzos de la sociedad argentina para elaborar la experiencia vivida durante la última dictadura militar, esclareciendo lo sucedido con los crímenes de Estado, juzgando a los responsables, recordando a la víctimas, desclasificando archivos, haciendo pedagogía de la memoria, construyendo espacios de memoria no debe ser en vano o quedarse en la retórica. Tiene que tener una incidencia directa en las decisiones de los gobiernos, en la política”, resaltó Raggio. “El intendente debe desistir de esta decisión, y ser consecuente con la defensa ética de la democracia, sino banalizaríamos las políticas de Memoria, Verdad y Justicia que hemos venido construyendo desde hace más de 40 años”. (Página 12). (06-04-23).
