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En diciembre de 2013, Jorge Walter Imondi (57) publicó en la web oficial de la Municipalidad de Monte Hermoso un aviso de alquiler temporario de cabañas en el balneario Sauce Grande. Al menos 6 turistas, ninguno de nuestra ciudad, aceptaron la oferta para enero y febrero, aunque terminaron engañados.
Imondi se hizo de no menos de 25 mil pesos en concepto de adelanto de alquiler, a través de distintas transferencias bancarias, pero no tenía nada que ofrecer, porque las propiedades estaban alquiladas por año.
La justicia en lo Correccional acumuló las denuncias formuladas en la comisaría y llegó a una condena, luego de un acuerdo entre el fiscal Rodolfo De Lucia y el defensor particular Luis Fretes Seinhart.
El juez José Luis Ares le fijó un año de prisión en suspenso por las estafas reiteradas (no irá a la cárcel salvo que incumpla las reglas de conducta) y 50 horas de tareas comunitarias.
Imondi, nacido en la Capital Federal el 25 de marzo de 1961, es divorciado, albañil y plomero y tiene domicilio en Delta al 500, entre Puleston y Pasaje de León, Sauce Grande, en el mismo sector que promocionaba para el veraneo, al cual denominaba «Cabañas Complejo La Posada», según la página oficiali www.montehermoso.gov.ar.
Los interesados se comunicaban con él mediante el número telefónico o el correo electrónico que había difundido en el aviso y, de esa manera, acordaron el alquiler.
Fueron afectados los turistas Gerardo Fabián Stevanazzi, oriundo de Córdoba (alquiló 8 noches y depósito 3.000 pesos por el 50%); Guillermo Rubén Varela y Carolina Marago (Buenos Aires, 5 días y 3.400 pesos); Paulina Alejandra Quiñones Barría (Chile, 10 días, 5.000 pesos); Hugo Jorge Ríos y Nancy Bornand (Neuquén, 6 días, 3.000 pesos); Sandra Rosana Martín y Antonio Alfredo Espósito (Pergamino, una semana, 2.450 pesos) y Sandra Esther Farina (Buenos Aires, dos semanas, 7.000 pesos).
Un allanamiento en la vivienda de Imondi permitió secuestrar anotaciones que aludían a las víctimas y a los adelantos hechos, comprobantes de pago y de transferencias, además de facturas de pago a la Cooperativa Telefónica como abonado de línea.
A su vez, algunos afectados lo identificaron como robusto y alto, tal como es físicamente, y otros no dudaron en reconocerlo por el particular timbre de voz.
Cara a cara
Algunas de las víctimas llegaron a tener contacto directo con Imondi cuando, aquel verano, llegaron a Monte y descubrieron la maniobra.
Stevenazzi, por caso, dijo que se entrevistó con un joven que dijo ser sobrino del acusado, quien le advirtió que «…ya no era más un complejo, que antes sí, que actualmente se alquilaba por año completo …que no era la primera vez que se hacía presentes turistas, siendo engañados…».
Le señaló a su tío como la persona que estaba sentada en la casa del frente del predio (un hombre mayor, calvo y robusto), aunque el hombre prefirió retirarse y hacer la denuncia.
Quiñones Barría, una vez que llegó desde Chile, logró comunicarse con dos mujeres, siendo una de ellas la hija de Imondi y, de esa manera, pudo estar cara a cara con el acusado, quien «se puso nervioso» y no logró darle una respuesta convincente sobre la cabaña que supuestamente había alquilado y el destino del dinero que ella le había enviado a través de la empresa Western Union.
Martín y su familia, en tanto, lograron contactarse con algunos vecinos de la zona quienes les dijeron que «hace un año y medio el complejo se alquilaba en verano y que desde ese momento estaban alquilados durante todo el año».
Farina fue la única persona que se enteró antes de viajar, porque desde la comisaría de Monte Hermoso la llamaron, una vez que se conocieron las otras estafas.
Una vez conocidas las denuncias, Imondi presentó una exposición civil para manifestar que también había sido engañado.
Dijo que un desconocido se hizo pasar por él para alquilar sus propiedades de manera temporaria, cuando tienen arrendamiento anual.
La justicia no solo desestimó su coartada, sino que marcó como agravante el daño extrapatrimonial a las víctimas y al municipio de Monte Hermoso, ante la posibilidad de «comprometer la actividad turística de la localidad balnearia».
«No queda duda alguna», dijo Ares en el fallo sobre la autoría y penal responsabilidad de Imondi.
Los 2.000 pesos que se pudieron secuestrar en el marco de la investigación fueron devueltos en partes iguales a las 6 partes damnificadas.
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