El final de los principios
Nota de Felipe Pigna en Caras y Caretas
Es saludable no olvidarse de aquel fatídico 24 de marzo de 1976, cuando las Fuerzas Armadas asumieron el poder político como representantes de las clásicas minorías a las que les era imposible acceder al gobierno por el voto popular. Para aplicar aquella “reorganización nacional” –que gustaba imaginarse como la continuadora de la “Organización Nacional” iniciada por Mitre en 1862–, los usurpadores del poder creyeron necesario destruir todo vestigio de oposición a aquel modelo antinacional, de concentración de la riqueza en pocas manos y socialización de la miseria.
Las primeras medidas de la dictadura encabezada por el general Jorge Rafael Videla, ungido presidente por sus pares, no dejaron lugar a dudas sobre su carácter: establecimiento de la pena de muerte, clausura del Congreso Nacional y de todas las legislaturas provinciales y municipales, reemplazo de todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia por jueces adictos al nuevo régimen, allanamiento e intervención de los sindicatos, prohibición de toda actividad política y censura previa sobre todos los medios de comunicación. Los ministerios, con excepción del de Economía y el de Educación, fueron ocupados por militares. Los gobiernos provinciales también fueron repartidos en su mayoría entre uniformados de las tres fuerzas. Hasta los canales de TV fueron adjudicados con ese criterio. Se creó, según decían en reemplazo del Congreso, la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL), también integrada por civiles y militares, cuyas funciones nunca se precisaron. Las intendencias municipales fueron asignadas en su gran mayoría a civiles de diferentes partidos políticos, con predominio de radicales y peronistas.
El Estado se convirtió en terrorista: un poderoso instrumento de represión, ignorante del derecho en general y de los derechos humanos más elementales, cuyo objetivo era reorganizar en sentido regresivo la sociedad argentina entronizando la injusticia, la insensibilidad social y la ignorancia. La censura llegó a todos los órdenes, desde los medios masivos hasta la vida cotidiana. Fueron cerradas las carreras universitarias de Psicología y Antropología y, en la provincia de Córdoba, llegó a prohibirse la enseñanza de la matemática moderna por considerársela subversiva.
La opinión del establishment le era unánimemente favorable. El banquero David Rockefeller declaraba: “Siento gran respeto y admiración por Martínez de Hoz. Es muy obvio para mí, como para todo el segmento bancario y económico internacional, que las medidas de su programa son las indicadas”. Mientras Martínez de Hoz aplicaba los conceptos económicos monetaristas de la Universidad de Chicago, los militares aplicaban la Doctrina de Seguridad Nacional aprendida en la academia de West Point y la Escuela de las Américas de Panamá. Represión y plan económico iban de la mano. Se aplicó un primer plan de ajuste aconsejado por el inefable FMI: liberación de precios, devaluación del peso, congelamiento salarial y disminución del déficit fiscal. Las consecuencias fueron que en el primer semestre de 1976 los precios al consumidor aumentaron 87,5 por ciento, garantizando la tasa de ganancia de los sectores dominantes.
Para disminuir el déficit fiscal, se redujeron los sueldos, se despidió personal estatal y se aumentaron los impuestos al consumo y las tarifas de las empresas públicas. La pérdida del poder adquisitivo del salario real fue del 40 por ciento, lo que implicó una transferencia de ingresos de los asalariados al sector privado del 17 por ciento del PBI. Era la época en que la plata empalagaba a quien sabía especular y su ausencia amargaba los estómagos de los trabajadores que veían cerrar sus fábricas y fuentes de trabajo ante la desleal competencia del ingreso irrestricto de todo tipo de artículos importados. Pero no todos callaron. Entre ellos, los organismos de derechos humanos, con las Madres y Abuelas a la cabeza, y sectores del movimiento obrero que entre 1976 y 1979, en la etapa más feroz de la represión, llevaron adelante más de trescientos conflictos gremiales.
El 10 de diciembre de 1983, la dictadura se fue y dejó las ruinas de un país arrasado. Miles de desaparecidos, familias destruidas, la industria nacional herida de muerte, las cicatrices de una guerra perdida, una deuda externa que condicionaba cualquier política de gobierno, niños desnutridos y analfabetos, una sociedad menos solidaria y más individualista. Y el eco de un discurso oficial que durante años había hecho creer que la utopía era sinónimo de estupidez. (24-03-26).
