¿Y si fuera Paraná que alguna vez lo fue?
Por Fabián Enzo Barda
El año del gobierno libertario entre ajuste, mini devaluaciones, crecimiento de la pobreza, creciente desocupación y la salida del mercado de cientos de miles de argentinos en el marco de un modelo no digno del autotitulado segundo líder mundial si no encaminado hacia la “chilenización económico-social” o al modelo “cuasi factoría” de Paraguay, ha tenido algunas sorpresas que, en principio, involucraban a iniciativas surgidas en el seno del Parlamento argentino aunque en una fecha tan significativa como la del 17 de octubre trascendió a la prensa que el propio Presidente de la Nación Milei ya tenía un diseño urbanístico para mudar la Capital Federal de CABA a otra provincia y con ella, las sedes del Gobierno nacional. Las alternativas que maneja el Gobierno de un tema que se pondría en discusión en el Consejo de Mayo.
Vale recordar que el Consejo de Mayo fue una apuesta del gobierno libertario para sellar un pacto “refundacional” con la participación de todos los gobernadores a cambio de la adhesión a una serie de puntos de ajuste fiscal, monetario y social que la mayoría de los mandatarios provinciales no firmaron. Licuado, este pacto, se cristalizó un 9 de julio y jamás se reunió.
Según el ministro más político del gabinete, Guillermo Francos, es un tema que ya habían adelantado a algunos gobernadores, sería en algún lugar de la Patagonia que se definiría en el Consejo de Mayo.
A principios de año se conoció la propuesta del gobernador de Chubut, Nacho Torres, que eligió una tribuna muy significativa como para que el tema tomara visibilidad: la Mesa de Mirta Legrand. Torres, básicamente, reflota el Proyecto Patagonía de Raúl Alfonsín.
A poco de esto último un grupo de legisladores entre los que encuentran el ex medallista olímpico “Camau” Espínola y, el ahora, ex Senador Edgardo Kueidir presentaron un proyecto de ley para trasladar la capital a la ciudad entrerriana de Paraná, actual capital de la provincia de Entre Ríos.
Paraná fue propuesta en varios proyectos a lo largo de la historia legislativa de la Argentina. Paraná fue capital de la Confederación Argentina en el proceso inmediato a la sanción de la Constitución Nacional cuando la provincia de Buenos Aires estuvo separada del resto del país por casi una década.
Antecedentes
En los veintiocho años que median desde la batalla de Caseros (caída de Rosas y triunfo de Justo José de Urquiza) hasta la ley de federalización de Buenos Aires (final del gobierno de Avellaneda e inició del primer período presidencial de Julio Argentino Roca), el status de Buenos Aires pasó por diferentes status: capital de la nación, según el texto original de la Constitución de 1853, a compartir el cetro con el proyecto de Paraná, capital de la Confederación Argentina, reforma constitucional mediante y país unificado fue la anfitriona de las autoridades nacionales durante las presidencias de Mitre, Sarmiento y Avellaneda.
Una vez caído Rosas, se firma el Protocolo de Palermo un acuerdo suscripto el 6 de abril de 1852 por Justo José de Urquiza, gobernador de Entre Ríos, y los representantes de las provincias de Santa Fe (Manuel Leiva), Corrientes (Benjamín Virasoro)), y Buenos Aires (Vicente López y Planes), gobernador interino designado por Urquiza. En él encomendaban al general Urquiza las relaciones exteriores, como representante de la República, hasta que se pronunciase el Congreso Nacional, e invitaban al resto de gobernadores provinciales a realizarse en San Nicolás de los Arroyos para discutir la Constitución. El 31 de mayo de ese año se reúnen las provincias y firman el Acuerdo de San Nicolás, otro de los célebres pactos preexistentes mencionados en el preámbulo de la Constitución Nacional.
En el primer artículo se declaró al Tratado, celebrado el 4 de enero de 1831, como Ley fundamental de la República y determinó que debería ser observado y puesto en ejecución por el Encargado de las Relaciones Exteriores de la Nación, en los artículos 4 y 5 se menciona el llamado a un Congreso General Constituyente, que se llevaría a cabo en el mes de agosto venidero, realizándose la elección de los Diputados que tomarían parte del Congreso. Se seguirían las reglas establecidas por la Ley de elecciones para la elección de los diputados de las Legislaturas Provinciales. Se declara a todas las provincias iguales en derechos y el número de representantes sería de dos diputados por cada provincia, en los artículos 6 y 7 se menciona que el Congreso sancionaría la Constitución Nacional, consensuada por mayoría de sufragios, colocando los intereses de la Nación por encima de los de las provincias, el artículo 8, declara que los diputados no podrán ser juzgados por sus opiniones, ni acusados por ningún motivo, ni autoridad alguna hasta que no esté sancionada la Constitución, aunque las provincias podrían retirarlos y reemplazarlos de considerarlo oportuno, según lo dictado en el artículo 11, el Congreso se llevaría a cabo en la ciudad de Santa Fe, en el artículo 15 se otorgan facultades ejecutivas a Urquiza y lo nombra como Director Provisorio de la Confederación Argentina y el artículo adicional invita a las provincias que no firmaron el Acuerdo a adherirse al mismo a través del Director Provisorio de la Confederación Argentina.
Buenos Aires termina finalmente rechazando el acuerdo basando su posición en relación a la forma y la representación de los diputados, aunque como se verá en el futuro era la desconfianza hacia el poder de Urquiza, un posible avance del interior sobre Buenos Aires y el manejo de las rentas de la aduana. Las discusiones en la legislatura durante las jornadas de junio llevaron al rechazo del Acuerdo por la legislatura porteña. Un golpe de estado dado por Urquiza la obligó momentáneamente a aceptarlo, pero la revolución del 11 septiembre de 1852 llevó al poder a los opositores del mismo, que lo desconocieron oficialmente. Se inicia la Década de Secesión por cual, sin resolución para ninguna de las dos partes, Buenos Aires y la Confederación intentarán imponer su proyecto.
Las consecuencias más relevantes del Acuerdo fueron básicamente dos: la primera fue la sanción de la Constitución de 1853, que entró en vigencia dentro de la Confederación Argentina. Fue sancionada el 1 de mayo de ese año y al año siguiente fue electo Urquiza como primer presidente, por un lapso de 6 años. La segunda fue la separación del Estado de Buenos Aires del resto de la Confederación. Esta situación perduraría hasta 1860, tras la derrota militar de Bartolomé Mitre a manos de Urquiza, en la Batalla de Cepeda.
Durante todo ese período el “urquicismo” intentó viabilizar un proyecto de estado nacional sin la provincia de Buenos Aires. En ese intento hizo de Paraná, la capital de la Confederación Argentina.
Alberdi, tan mencionado en esta etapa del siglo XXI entendía que mientras Buenos Aires demostraba bajo el barniz de una rebeldía autonomista toda su capacidad de resistencia para conservar el lugar de privilegio que la creación misma del Virreinato del Río de la Plata le había fijado como destino manifiesto; la otra patria, la que había quedado bajo la égida del habitante del fastuoso Palacio San José en Entre Ríos, trataba de dar luz al proyecto de una Confederación con las 13 hermanas pobres sin su “hermana mayor”. El Dr. Fragueiro, algo así como el Ministro de economía de esa experiencia, fue el arquitecto que diseñó una política económica basada en la existencia de derechos diferenciales para aquellos productos que ingresaran directamente por el puerto de Rosario. El fracaso fue evidente, como lo fue también la federalización de Paraná. Pese al reconocimiento de algunos gobiernos extranjeros de la existencia de la Confederación como la verdadera autoridad nacional, ningún embajador se radicó en la Mesopotamia argentina y solo algunos hicieron alguna visita protocolar o por asuntos de negocios.
Fue la experiencia de Paraná en el período de la “Secesión Porteña” la única experiencia concreta de una capital en la Argentina que no fuera Buenos Aires. Las circunstancias históricas no solo hicieron fracasar la nueva residencia de las autoridades nacionales sino también el proyecto mismo de una Estado- Nación sin Buenos Aires provincia.
Solo a principios de los años 70 del siglo XX, en plena dictadura de la “Revolución Argentina”, gobierno de Lanusse, el entonces interventor de la provincia de Entre Ríos, Favre, propuso a Paraná como nueva capital. Hay que recordar que ese gobierno dictó un Decreto-Ley por el que se establecía el traslado de la capital en un tiempo no mayor a 10 años.
El proyecto actual
El Interbloque Provincias Unidas presentó dos proyectos en el Senado para trasladar la Capital Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El ex legislador entrerriano Edgardo Kueider propuso a Paraná como nueva sede, mientras que su par de Chubut, Edith Terenzi, propuso a Viedma.
“Esta iniciativa busca promover el federalismo y desconcentrar la influencia política y económica de Buenos Aires”, expresó Kueider, uno de los referentes de la coalición que suele acompañar en el Congreso los proyectos de Milei y que se conformó a fines de septiembre, con el senador Carlos «Camau» Espínola, como jefe de bloque, y está integrado por los senadores Lucila Crexell (Neuquén), Alejandra Vigo (Córdoba) y Juan Carlos Romero (Salta).
Según se informó en un comunicado, el proyecto de cambio de capital se propone hacer en distintas etapas, a lo largo de tres años, y comenzaría por trasladar la Presidencia de la Nación y los principales organismos públicos.
“El gobierno promueve la modernización, la descentralización administrativa y la planificación del desarrollo, contemplando las características culturales, históricas y socioeconómicas de las diferentes regiones internas, fortaleciendo el protagonismo de los municipios. Esta ley dará amplio impulso a este objetivo común”, completaron.
En cuanto a la propuesta de Entre Ríos, el traspaso de la sede de gobierno implicaría un proceso dividido en etapas y comenzaría por la Presidencia de la Nación y los principales organismos públicos. “Tardaría un plazo de tres años desde la promulgación de la ley y, durante ese tiempo, coexistirían las jurisdicciones federal y local en Paraná, manteniéndose las competencias provinciales en los temas no relacionados con el cambio de sede”, explicaron.
Hasta acá el estado de la cuestión sobre el traslado de la capital en este 2024. En el horizonte no parecía ser un tema de incumbencia en estos tiempos de un gobierno nacional proclive al achicamiento del estado y la ejecución de transferencia de recursos hacia los sectores más acomodados de la sociedad con la consecuencia de un terrible ajuste que afecta a las clases medias y bajas. Gobierno, además, que ha avanzado sobre las autonomías provinciales, vía paquete fiscal y la merma en la transferencia de recursos establecidos por leyes nacionales.
Por ahora la idea del gobernador de Chubut junto a legisladores que levantaron la misma para darle estado parlamentario, los proyectos del Interbloque Provincias Unidas y la idea presidencial de llevar el tema al, hasta ahora, casi inexistente Consejo de Mayo han tenido el mismo efecto político. Solo se debería constatar si los dichos del Ministro del Interior afirmando la participación de los gobernadores, tal cual él lo manifestó, en el avance de la concreción del “diseño urbanístico” que apoyaría Milei estaría en la agenda de los numerosos pendientes que hay entre Nación y Provincia. (22-12-24).