Pronta entrega por favor
Los pedidos a través de las aplicaciones aumentaron alrededor del 30% durante el aislamiento obligatorio, pero sus trabajadores reclaman derechos laborales. ¿Quién los cuida? ¿Cómo los afecta el contexto?
Por Fernando Bercovich (*)
Durante la cuarentena a raíz de la pandemia por el COVID-19 se reconoce todas las noches con un aplauso al sistema sanitario de nuestro país, aunque hay quienes agregan a trabajadores de otros servicios esenciales, como la recolección de basura o la atención en comercios como supermercados y farmacias. Sin embargo, hay un servicio esencial al que no se lo aplaude: quienes trabajan en las plataformas digitales de reparto de mercadería.
Según las propias empresas, los pedidos a través de estas aplicaciones aumentaron alrededor de un 30% desde que se decretó la cuarentena obligatoria, impulsados sobre todo por compras en supermercados -35% de aumento- y farmacias -50% de aumento-. Además, según una investigación del diario Perfil, el volumen promedio de esas compras subió: los pedidos de más de diez productos aumentaron casi un 25%.
El origen
El concepto de «comida hecha para llevar» existe desde la Antigua Roma, e incluso hay ruinas aztecas que atestiguan la existencia de esta costumbre mucho antes de la conquista española. Lo interesante es que en ambos casos esta modalidad dejó huellas en las ciudades que dominaban ambas civilizaciones.
En el caso de los romanos, los thermopoliums eran establecimientos donde se cocinaba y que contaban con unos mostradores con agujeros donde se mantenía caliente la comida dentro de una vasija. Aquellas familias más pobres que no tenían cocina propia pasaban a buscar platos ya hechos. En el caso de los aztecas, la Historia y la Antropología han dado cuenta de que en sus mercados a cielo abierto se vendían tamales y otras comidas ya preparadas.
Pero el delivery tal como lo conocemos hoy tiene una historia más reciente. Algunas investigaciones indican que nació en Italia en 1889 cuando la reina Margarita, cansada de la comida sofisticada, le ordenó a Raffaele Esposito que le llevara una pizza hasta su palacio en Nápoles. El cocinero preparó una pizza con mozzarella, albahaca y tomate para reproducir los colores de la bandera italiana y, aunque ya se había cocinado antes con esos ingredientes, dicen que así nació la pizza que hoy llamamos Margarita.
Pero, ¿cuándo fue que este hábito se masificó? Parece que en el tema deliveries, como en muchos otros, el primero en innovar fue el Estado. En Inglaterra, durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno diseñó un sistema para entregar comidas a las familias que habían perdido sus casas. Una vez finalizada la guerra, el sector privado de Estados Unidos terminó de popularizar lo que hoy conocemos como delivery.
Mejores condiciones laborales
Durante la cuarentena el servicio se volvió esencial, aunque la tendencia ya venía aumentando desde antes. Desde el sindicato APP (Asociación de Personal de Plataformas) emitieron un comunicado titulado No queremos ser héroes ni heroínas. Lo que sí quieren lo dicen claro: «seguridad, licencias y compensación por cuarentena».
El sindicato realizó una evaluación luego de varias semanas de prestar servicio en el contexto del aislamiento social preventivo y obligatorio, y contradice algunos datos que las propias plataformas dejan trascender: «(…) el trabajo bajó y mucho. Aunque subió la demanda de algunos productos y servicios, la caída es generalizada. Estamos arriesgando nuestra salud y las plataformas no implementaron una sola norma de seguridad especial ni nos proveen de ningún elemento para proteger nuestra salud y nuestra seguridad», afirma Juan Manuel Ottaviano, abogado de APP.
El reclamo tiene que ver con que los trabajadores esenciales de plataformas no gozan de los mismos derechos laborales que la mayoría de, por ejemplo, los trabajadores de la salud. No se contempla en su caso, entre otras cosas, que un trabajador se tenga que quedar en su casa por ser parte de la población de riesgo o que tenga hijos a cargo que ahora no tienen clases.
«Quieren que nos comportemos como héroes pero nos tratan como material descartable. No tenemos salario fijo, no tenemos ningún tipo de licencia, no tenemos elementos de seguridad o higiene. Los que estamos trabajando no sabemos si somos un factor de riesgo para nosotros y para otros. Los que nos quedamos en casa estamos pasando hambre», continúa el comunicado.
Y cierra con reclamos muy concretos, algunos de los cuales vienen de mucho antes de la llegada del COVID-19:
– Que las empresas de plataformas provean inmediatamente de implementos de seguridad para cuidar nuestra salud como la de los empleados de los proveedores de los productos y la de los clientes.
– Que se aplique el mismo régimen de licencias extraordinarias pagas que se aplica para los trabajadores en general. Las mujeres, las madres y las hijas estamos sufriendo especialmente esta situación de desamparo.
– Una licencia especial paga para todos los trabajadores en riesgo y especialmente para los enfermos.
En línea con estos reclamos va un proyecto de ley presentado por Frente de Todos en la Legislatura porteña, que establece que las aplicaciones estén obligadas a otorgarles alcohol en gel, barbijos y guantes a sus trabajadores.
Impuestos y espacio público
«Se las considera vulgarmente aplicaciones de delivery pero todo el que usa estas aplicaciones sabe que a las aplicaciones se les paga también el valor del producto que se adquiere. Eso implica una movilización de dinero mucho mayor al que se cobra por el servicio del envío. Sin embargo, la facturación y los impuestos por la comercialización de los productos los paga el comerciante. Desde ese punto de vista las aplicaciones no están pagando ni IVA ni ingresos brutos por los productos que comercializan a consumidor final. Esto implica una gran concentración económica no regulada», señala Ottaviano en diálogo con Cenital.
Luego agrega que «desde el punto de vista laboral no pagan ninguna contribución ni aporte» sino que «trasladan al trabajador los costos equivalentes a descansos, materiales de trabajo, licencias, seguridad social, jubilación, salud. De alguna manera hasta se lo trasladan indirectamente al Estado, porque los trabajadores son usuarios del espacio público, asisten a los servicios públicos de salud».
Como un videojuego
El aumento del delivery tiene una consecuencia algo obvia con implicancias urbanas. Nos movemos menos de nuestras casas, por ende transitamos menos el espacio público y hacemos que otros y otras se muevan: en bicicleta, en moto, o como sea necesario para que eso que queremos nos llegue rápido y sin movernos.
Según Ottaviano, el vínculo de los trabajadores con el espacio público se da una manera conflictiva porque «en muchos casos no los dejan ir al baño en los comercios, a algunos vecinos les molesta que se junten a esperar los pedidos en la puerta de sus casas. La gestión algorítmica del trabajo, el sistema de asignación de pedidos y los mecanismos sancionatorios para que trabajen más intensamente les exigen que incumplan la mayor cantidad de normas de convivencia y de tránsito que puedan».
Así explica que la aplicación es como un videojuego que te exige atención plena, conocimiento de la ciudad, esfuerzo físico y muchas veces deben responder consultas de los usuarios mientras manejan, o tomar pedidos mientras están por entregar otro para que no les baje su calificación. Esto podría hacerle perder la posibilidad de recibir pedidos en el futuro.
«Este modelo de negocios está transformando la forma de relacionamiento entre personas, entre factores de la economía, y también la manera en la que nos relacionamos con el espacio. Surgen nuevos problemas y nuevas demandas. Mientras estén desprotegidos el riesgo para otros es aún mayor. Un accidente de tránsito con personas que no están aseguradas es un riesgo para cualquiera», plantea Ottaviano.
La regulación en el resto del mundo
En España, se ubican dentro de la figura denominada autónomo económicamente dependiente pensada específicamente para este tipo de trabajos. «Es la legalización de lo que los abogados conocemos como el fraude laboral. La justicia española está rechazando esta figura, porque entiende que los trabajadores de plataformas no son autónomos en ningún caso», señala el abogado de APP.
Otra experiencia es una reciente decisión del gobierno de California que le otorga límite de horas, salario básico y cobertura de riesgos a los choferes. Según Ottaviano, «en la Argentina la alternativa más razonable es adoptar un estatuto de derechos y obligaciones aceptando que la actividad tiene características específicas, como la relativa libertad que tienen los trabajadores de plataformas para conectarse y desconectarse. Eso debería incluir un régimen de licencias, un ingreso fijo base, la cobertura de salud, la cobertura por riesgos de trabajo, el límite de la jornada, el derecho a la negociación colectiva».
¿Quiénes son?
Hacer un análisis de la gig economy -o economía de las changas- no es fácil porque se conjugan dos variables que atentan contra la fiabilidad de los datos: lo novedoso del fenómeno y que los dueños de las plataformas no siempre están dispuestos a compartir datos.
Sin embargo, un estudio de 2018 llevado adelante por el BID, la OIT y CIPPEC, titulado Economía de plataformas y empleo. ¿Cómo es trabajar para una app en Argentina?, contiene datos que nos dan pistas sobre qué características tiene esta nueva fuerza de trabajo en nuestro país que, el año en que se llevó adelante el estudio, sumaba -sólo las plataformas de delivery- alrededor de 11 mil trabajadores.
El estudio abarca a otras plataformas del ecosistema como Airbnb, Uber, Zolvers (trabajo doméstico) e IguanaFix (trabajos manuales), lo que permite hacer algunas comparaciones. Los trabajadores de Rappi y Glovo, por ejemplo, tienen en promedio 28 años y son los más jóvenes comparados con las otras plataformas. Pero a pesar de su corta edad, más de la mitad ya terminó el secundario o está en camino a obtener un título universitario.
Además, la gran mayoría -alrededor de un 80%- son migrantes recientes (hace menos de cinco años que llegaron a Argentina) lo que los pone en una situación de mayor vulnerabilidad y, a diferencia de lo que pasa con trabajadores de otras plataformas como Uber, para casi la totalidad de los trabajadores de Rappi, su trabajo a través de la plataforma constituye su principal fuente de ingresos. Trabajan, en promedio, 58 horas semanales.
La posibilidad de cambios post cuarentena
Uno de los autores del estudio es el economista Javier Madariaga, que todavía sigue de cerca el tema. «Los trabajadores independientes e informales están más perjudicados por la cuarentena y los de la gig economy son muchas veces parte de ambos grupos», afirma Madariaga. Y señala que ante el aislamiento obligatorio, los taxistas y remises registrados pueden operar con restricciones, pero conductores de plataformas como Uber tienen prohibido trabajar.
Al abrir la app de Uber, un cartel indica que no hay vehículos disponibles y desde la compañía anunciaron mediante un mail el cese de actividades, lo que se tradujo en un bloqueo masivo de todas las cuentas. Conductores de aplicaciones como Cabify, que están debidamente registrados como remises, están trabajando muy poco por la escasa circulación de personas por la ciudad.
Lo que sospecha el economista es que muchos de los trabajadores de plataformas no exceptuadas o cuya demanda disminuyó comenzaron a pasarse a las que sí estaban proporcionando trabajo e ingresos, incluso fomentado por las propias apps que celebran convenios entre ellas. Por ejemplo, En Estados Unidos UberEats incrementó sus ventas en alrededor de un 10% a mediados de marzo respecto de la semana anterior, la cantidad de personas que se anotaron para ser repartidores aumentó en un 30%.
«Muchos locales gastronómicos a raíz de la cuarentena se empezaron a inscribir en estas plataformas, que redujeron el tiempo de registración a menos de 24 horas. Y ahí entra el segundo sector vulnerable de la cadena que ahora se suma, que es el restaurante o el comercio de cercanía que tiene el riesgo de fundirse o no poder pagar salarios», agrega Madariaga.
Sobre la interacción con la ciudad el investigador especializado en economía de plataformas señala que «los riesgos de ahora se les suman a los preexistentes, que tienen que ver con su relación la vía pública. Hay riesgos enormes, de tránsito, de estar a la intemperie, de que les roben. Si los trabajadores ya tenían miedo, ahora tienen aún más, y por eso muchos dejaron de trabajar o redujeron su jornada a las horas mínimas para conseguir un ingreso de subsistencia».
Seguir trabajando trae aparejados costos para los trabajadores. En ese sentido señala que «tienen que comprar materiales para protegerse, aunque en algunos casos les están proporcionando algunos elementos. La pregunta es si son suficientes y si los puntos de entrega son accesibles para los trabajadores, porque trasladarse hasta esos puntos también tiene un costo asociado para el trabajador en tiempo o en dinero».
Es por esto que los propios trabajadores debaten si salen a trabajar y se ponen en riesgo o se quedan seguros en sus casas pero no perciben su salario. «La mayoría está trabajando pero cada empresa aplica un protocolo de seguridad distinto, intensifica el trabajo de distinta manera, hacen campañas de marketing sobre la entrega de implementos de seguridad, pero en muchos casos no les llega a los trabajadores», cuenta Ottaviano.
¿Es posible que cambie las casos cuando pase la pandemia? En relación al futuro inmediato, Madariaga sostiene que «con la pérdida de puestos de trabajo que la cuarentena va a dejar seguro que la economía de plataformas va a tomar un nuevo impulso, como ya pasó antes acá y en el mundo. Y vamos a entrar en una tensión entre sostener a muchos trabajadores que van a necesitar ingresos y la aplicación de regulaciones que ya se estaban pensando antes de la llegada del virus», concluye.
(*) Nota escrita en www.cenital.com