Impuestazo anarcocapitalista en la ley ómnibus: cómo golpea a los de abajo

Nota de Eugenia Muzio en Letra P

La ley ómnibus XS que sancionó la Cámara de Diputados tendrá un impacto fuerte en la clase media y la población de bajos ingresos. El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Toto Caputo, van camino a restituir Ganancias para trabajadores, aumentar el monotributo y modificar las jubilaciones.

Según el relato oficial, se trata de medidas que contribuyen al equilibrio fiscal «innegociable» que el Gobierno tiene como norte. La consultora Empiria estimó un efecto final de un 0,7% del PBI del conjunto de las modificaciones de la Ley Bases y el paquete fiscal. Un 0,5% del producto corresponde a lo previsto por el equipo económico entre la recaudación que significará la vuelta del gravamen a los ingresos y el incremento al monotributo, entre otras medidas. El resto, a lo articulado en el proyecto ómnibus.

Al tiempo que le exige a la población de estratos medios y bajos un esfuerzo para equilibrar las cuentas públicas de cerca de 0,4% del producto, recortando ingresos y poder adquisitivo; flexibiliza condiciones para quienes pagan el impuesto a los Bienes Personales. Esto implicará dejar de recaudar cerca de un 0,3% del PBI y prevé también un blanqueo laxo para activos no declarados.

Cuarta categoría de Ganancias
El efecto más notorio será la vuelta de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, que había eliminado el ex ministro de Economía Sergio Massa durante la campaña electoral y que eximía del pago del gravamen a más de 800.000 trabajadores. Se trata de una medida que perjudicará a un segmento de la clase media. Con el voto del entonces diputado Milei, se elevó el piso no imponible para trabajadores y jubilados que perciban 15 salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM). Si la cámara alta aprueba el paquete fiscal, también se revertirá.

El nuevo piso mínimo no imponible que propone la Ley Bases es de $1.800.000 brutos para personas trabajadoras solteras, lo que representa una remuneración neta de cerca de $1.500.000; y queda en $2.300.000 para quienes estén casos y tengan dos hijos, un promedio de casi $1.900.000 en mano.

Según estableció un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), esta reforma incrementaría la recaudación de ese tributo en 0,5004% del PIB sobre la base del período fiscal 2024 completo. El incremento sería de 0,3004% suponiendo una aplicación de siete meses durante 2024.

Monotributo
El primer impacto es el monotributo social. El Gobierno elimina por completo esta categoría destinada a promover la formalización de sectores de la economía popular que no llegaban a cumplir con las condiciones de la categoría A, la primera de la escala del Régimen Simplificado. Si el Senado da el visto bueno, este grupo de menores ingresos debería inscribirse en el monotributo general, lo que implicaría que además de pasar a pagar una cuota mensual de $3.200 a sumas superiores a $26.000, perderían la posibilidad de cobrar prestaciones como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y pasarían a percibir Asignaciones Familiares (SUAF), de montos menores.

El proyecto supone la diferenciación entre actividades (comercio y servicios) para estar en el régimen simplificado y establece una actualización de los topes y monto de la obligación mensual que pagará cada categoría del monotributo de hasta un 300%. La categoría A pasaría de un máximo de facturación anual de $2,1 millones a $6,4 millones; y una cuota a pagar de $12.128,39 a $26.000, una suba del 119%. La categoría K, la de mayores ingresos; subirá su techo de de $16,9 millones a $68 millones, mientras que el monto a abonar por mes será de $867.084,75.

Los aumentos en los topes y cuotas del monotributo aportarían tan solo un 0,0888% del PBI.

Jubilaciones
La ley ómnibus deroga la moratoria previsional. El régimen permite que quienes no alcanzan a tener los 30 años reglamentarios de aportes previsionales, entren en un plan de pagos para completarlos y puedan acceder a una jubilación. Si el Senado decide aprobar el artículo y eliminarla, perjudicará sobre todo a las mujeres. La Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género (DNEIyG) estima que sólo 8,8% de las que están en edad de jubilarse tienen 20 años de aportes o más.

La trayectoria laboral de este segmento de la población se ve afectada por brechas salariales, una mayor carga de las tareas no remuneradas y una tendencia a la informalización, lo que afecta los aportes que pueden tener a lo largo de su vida activa. Hasta diciembre de 2022, el 85,4% de las mujeres jubiladas había podido acceder a sus haberes previsionales a través de una moratoria, mientras que en los varones este número disminuye al 50%.

En el caso de los varones, de aprobarse la Ley de Bases, siete de cada diez tampoco podrán jubilarse a los 65 años, debiendo optar por una pensión no contributiva o una jubilación proporcional.

El Gobierno propone crear la Prestación de Retiro Proporcional, para el segmento que hasta ahora accede a la moratoria. Establece que, quienes no hayan terminado sus aportes, cobrarán a partir de los 65 años un haber mínimo equivalente a la Prestación Universal al Adulto Mayor (PUAM), la cual equivale al 80% de la jubilación mínima. (03-05-24).