Femicidas con uniforme y reglamentaria: las cifras que exponen la violencia machista de las Fuerzas

Nota escrita por Agustín López Paunero en Big Bang News

Hace algunas semanas, en la localidad bonaerense de Hilario Ascasubi en el partido de Villarino, Verónica Aban de 37 años fue hallada estrangulada en su domicilio. Su pareja, un efectivo de la Policía bonaerense, desapareció tras los hechos. El femicidio, está muy lejos de ser el único perpetrado por un integrante de las fuerzas de seguridad y armadas, ya que esta particularidad es una tendencia que crece todos los días. Según algunas organizaciones que registran episodios de violencia de género, los números son alarmantes.

«En lo que va del año registramos al menos 174 femicidios que son tanto directos como vinculados. De esos contabilizamos nueve cometidos por femicidas que pertenecen a fuerzas de seguridad o armadas. Es un número bastante importante», reveló a BigBang Laura Oszust, directora de Comunicaciones y Relaciones Institucionales del Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven.

El crecimiento en esta estadística las llevó a empezar a hacer una relevo particular de este tipo de casos desde 2020. «Nuestro registro se hace a partir del análisis de medios gráficos y digitales dentro del país, por lo que contamos con la información que los medios nos brindan públicamente», explicó Oszust.

Esta estadística alarmante crece ante los archivos de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), desde donde su titular, María del Carmen Verdú, afirmó ante BigBang que «uno de cada cinco femicidios es cometido por un miembro de una fuerza de seguridad o armada». El cálculo se acerca mucho a la definición que hacen desde el Observatorio Nacional de Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá), desde donde aseguraron en su último informe que «en el 17 por ciento de los femicidios cometidos con arma de fuego se utilizó el arma reglamentaria de algún integrante de las fuerzas de seguridad».

«A partir de analizar los datos llegamos a una conclusión: cuando se interceptan la violencia machista con la violencia de la represión estatal, se potencian. Si el macho violento, además tiene uniforme y reglamentaria, siempre va a ser peor la situación», aseguró Verdú. «Hay un caso paradigmático en Jujuy. Tres gendarmes, dos varones y una mujer, compartían el departamento que le alquilaba la fuerza. Ella tuvo una relación con uno de los dos, y después con el otro. El que se sentía engañado terminó estrangulándola. Cuando la mató, llamó al anterior que había estado con ella y entre los dos simularon un ahorcamiento. Están los dos condenados», describió.

La referencia de la titular de Correpi es sobre el caso de Carola Elina Carretero, quien al momento de su asesinato en 2005 contaba con 28 año de edad. Allí además de los dos coautores necesarios, a otros tres hombres de la Gendarmería los procesaron por falso testimonio tras haber mentido para defender a los femicidas. El caso recién 10 años después fue juzgado.

«En gente normal, civiles, eso no ocurriría. Porque es más fuerte la cuestión corporativa de la fuerza que todo el resto. Por eso empezamos a registrar hace muchísimos años los femicidios por parte de miembros de las fuerzas», detalló Verdú. «Nosotros usamos estos archivos de organizaciones feministas porque registran la ocupación de los femicidas. No hay absolutamente ninguna ocupación, tarea o profesión que tenga la incidencia que tiene el ser miembro de una fuerza de seguridad. Hay femicidas médicos, abogados, cartoneros, empresarios, desocupados. Todo lo que se pueda ocurrir. Pero ninguno se acerca. Es una relación de 0,01 a 0,25 por ciento», agregó.

Para la titular de Correpi, ser un integrante de las fuerzas facilita los medios por el hecho de tener un arma en su propiedad, pero además, otorga recursos para generar todo el marco de encubrimiento en busca de la impunidad.

Esta teoría es apoyada por Ahora sí que nos ven. «Es importante muchas veces resaltar que que el femicida o el agresor pertenezca a alguna de estas fuerzas incrementa el factor de riesgo de la mujer que está en una situación de violencia. Primero porque tiene el acceso fácil a su arma reglamentaria», explicó Oszust. «El otro componente que aumenta el factor de riesgo es que los femicidas que pertenecen a estas fuerzas tienen complicidades dentro que hace que muchas veces las mujeres se sienten intimidadas a la hora de hacer una denuncia, porque pueden pensar que estos agresores son protegidos dentro de estas instituciones», añadió.

«Lo que siempre nosotras decimos es que ante algún caso de denuncia de un agresor de género que pertenezca a estas fuerzas, siempre exigimos que se los aparte, sobre todo en atención al público. No, porque puede ser que cualquier mujer vaya a realizar una denuncia y que la persona que las atienda es la misma que tiene una denuncia por lo mismo», argumentó la referente de Ahora sí que nos ven.

Por este tipo de conclusiones es que desde Correpi una de las principales tareas para paliar esta problemática -y la del gatillo fácil en general- es prohibir el uso y portación del arma reglamentaria cuando se está fuera de servicio.

«El 66 por ciento de los casos de gatillo fácil ocurren con policías de civil. Esto no es un dato nuestro, es del Ministerio de Seguridad de la Nación. Lo difundió Sabina Frederic cuando relanzó el programa de control de armas de fuego en las fuerzas. Según nuestro archivo era el 60 por ciento. Y en relación a los femicidios de uniforme, es el 95 por ciento. Prácticamente todos los casos donde el autor pertenece a una fuerza, lo hace con el arma reglamentaria. ¿Para qué va a buscar otra si la tiene en la cintura?», se preguntó Verdú.

«Nosotros planteamos esto en diciembre de 2019. No se llevó al total de las fuerzas, pero sí se hizo un ensayo con la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Todos los años desde que se fundó esa fuerza, teníamos de tres a cinco casos de gatillo fácil de sus miembros. Desde marzo de 2020, que comenzó, a hoy, no tenemos un solo caso registrado», ejemplificó la titular de Correpi. Si el tipo es un violento que te quiere matar, lo va a hacer igual. Pero tiene que buscar otra arma, no la tiene disponible todo el día y todos los días», sumó.

Como para graficar la necesidad de su reclamo, Verdú se refirió a un caso emblemático que ocurrió en 2021 en la localidad bonaerense de Virrey del Pino, partido de La Matanza. «Eran dos policías de Ciudad, varón y mujer, que tuvieron una discusión de pareja que escaló, los dos sacaron el arma reglamentaria, se dispararon entre sí, pero en lugar de pegarse entre ellos, la que terminó muerta fue una niña de seis años», contó la abogada en referencia al asesinato de Victoria Herrera, luego del tiroteo entre Juan Ramón Herrera y la madre de la criatura, Natalia Bergamaschi. «Eso entre dos civiles no ocurre, porque dónde vas a tener una casa donde marido y mujer tengan dos armas. Salvo que sea la casa de Patricia Bullrich», cuestionó la especialista.

Lo más paradójico del planteo de la titular de Correpi es que ni siquiera se necesita que lo apruebe un Congreso Nacional, ya que con una resolución ministerial sería posible logarlo, algo que revela la falta de voluntad política para hacerlo. «La solución de fondo no va a venir con reformas ni legislativas ni normativas de ningún tipo porque para eso habría que construir un sistema social basado en valores distintos. Pero lo que es indudable es que hay una cantidad de medidas, que de ser tomadas, nos garantizarían una mejor calidad de vida y disminuirían la letalidad de las fuerzas», afirmó Verdú.

En el caso de la referente de Ahora que sí nos ven, sí ve posible que las instituciones puedan modificar muchos de sus malos hábitos y prácticas. «Lo que se necesita es educación o capacitación en perspectiva de género e interseccionalidad, y también de diversidad. Sin un cambio de paradigma es muy difícil que puedan cambiar las prácticas al interior y al exterior de las fuerzas», aseguró Oszust.

«Para cambiar esas prácticas y para tener fuerzas de seguridad no solamente con perspectiva de género y diversidad, sino también que sean respetuosos de los derechos humanos, necesitamos una capacitación que sea de arriba hacia abajo. No solamente en los agentes, sino también como en los cargos jerárquicos. Y en ese sentido, así como planteamos una reforma judicial transfeminista, tiene que haber una reforma de las fuerzas de seguridad, no solamente transfeministas, sino democráticas», opinó la responsable de Comunicación de la agrupación feminista.

Las conclusiones de las profesionales y especialistas en el tema son diferentes pero tienen un punto en común: cuando la impunidad de la violencia machista, amparada en el sistema patriarcal, se suma a la impunidad de la violencia institucional, que se refugia en la corrupción policial, estas se potencian. Hasta el momento, las cifras son preocupantes y las medidas tomadas para enfrentarlas, tan escasas como inexistentes.