LA DORREGO

Esto pasaba hace 5 años: publicaban un artículo de Fabián Barda en España

Así lo informó LA DORREGO el 4 de diciembre de 2016:

Cuadernos Republicanos (CR) es editado por el CIERE ( Centro de Investigación y Estudios Republicanos) de España. El director es Manuel Muela y tiene un consejo asesor que es el que encargado de admitir los trabajos compuesto por catedráticos de Universidades de Madrid, Paris, Londres, Salamanca, Roma, País Vasco y Castilla-La Mancha.

El objetivo del Centro es difundir los valores republicanos en el mundo y preservar la memoria de la denominada Segunda República Española surgida el 14 de abril de 1931.

En el número 92 de CR se difunde un artículo del profesor de Historia dorreguense Fabián Enzo Barda. Es el segundo trabajo que le publicaron a Barda, ya que en una edición anterior admitieron uno sobre los Republicanos Españoles en Coronel Dorrego.

Este es el texto escrito por el profesor Fabián Barda:

ARGENTINA BICENTENARIA: La búsqueda de la República

Los aniversarios suelen quedar devaluados cuando terminan interesados más en una cronología de ocasión que en una apropiación del pasado que permita esclarecer los dilemas del presente. La Argentina se apresta a vivir uno de esos momentos al conmemorar este año un segundo bicentenario, en 2010 comenzaron las recordaciones, festejos y evocaciones al cumplirse los 200 años de la Revolución de Mayo (constitución del primer Gobierno Patrio por la caída de la Junta Central de Sevilla en el momento de la Invasión Napoleónica a España), que, según se enunciaba en aquel momento, culminaría en este 2016 con el Bicentenario de la Declaración de la Independencia, con la idea de que se abriera un debate profundo sobre aspectos tales como el origen mismo de la Argentina, el verdadero significado de la emblemática “Revolución de Mayo”, el valor de la Independencia en retrospectiva y en el particular momento actual de América Latina y la eterna búsqueda de la República.
Haciendo una ojeada retrospectiva, esta Historia Argentina de avances y retrocesos nos muestra que el funcionamiento del entramado institucional del sistema republicano ha sido bastardeado en el devenir de estos 200 años, aún en los últimos 33 años de recuperada la democracia. Tomando en un tiempo corto, los tiempos del Alfonsinismo gobernante, una vez salidos de la dictadura, cuando la lectura del pasado siglo XX, daba como conclusión para el ideario elaborado por el propio Dr. Raúl Alfonsín que había una “República Perdida” que recurrentemente aparecía en las salidas electorales; luego vinieron dos décadas la “Menemista” y la “Kirchnerista”, cuyo origen es el propio movimiento político fundado por el General Perón, pero que, para el primer caso mostrará un descarnado perfil “neoliberal” y, para el segundo, elaborará un relato anclado en los violentos y politizados años ´70 del siglo XX.

Fot: Fabián Barda

Ambos, por diferentes motivos, aportaron a la baja institucional, Menem, por derecha, contribuyó al desguace del estado y su violento proyecto privatizador y los Kirchner (Néstor y Cristina gobernaron desde 2003 a 2015), en nombre del “proyecto”, con algunas reparaciones en el campo de los social, desprestigiaron las instituciones republicanas. Sobre todo, en la última década la descalificación fue hacia cierto “Fundamentalismo republicano” encarnado por la oposición que cometió cierto apego a las formas sin importar el contenido. En todo este derrotero, de antes y de ahora se sigue buscando esa república con pueblo, variable esta última que muchos han reemplazo por una vaga referencia de la palabra sociedad y/u “opinión pública”
El origen de esta búsqueda viene desde los tiempos fundacionales de la Nación. Este panorama fue patrimonio común en América Latina. Hilda Sábato ha señalado con propiedad que “se destacaron entonces (inicios del siglo XIX) transformaciones profundas en estas tierras: se pusieron en marcha proyectos diversos de construcción de nuevas comunidades políticas, se diseñaron y ensayaron instituciones con suerte diversa, se generaron prácticas políticas novedosas y se realizaron – en fin – múltiples y variados intentos por alcanzar, sostener y legitimar el orden y la autoridad. El mapa político de la región muchas veces y sólo que, con pocas variantes, perduraron hasta nuestros días”. Más allá de ese pequeño universos de historias, un denominador común las une: la adopción casi generalizada de formas republicanas de gobierno, cuya base era la fuerza ideológica y política que el ideario republicano tuvo en este costado del mundo.
Sobre el significado de la “Revolución de Mayo”, tanto la historiografía argentina, en sus vertientes más difundidas: “Historia Liberal” (conocida como la Historia Oficial), “Revisionismo” e “Historia Social”; como así también las corrientes políticas, muchas de ellas que abrevan en esa propia historiografía o constructoras de su propio relato, no terminan de ponerse de acuerdo. Lo interesante en nuestra búsqueda republicana es que no quedan dudas que, se trató más que en un grito independentista en la lucha del republicanismo contra el absolutismo monárquico.
Esas corrientes aportaron al discurso de la patria variadas interpretaciones sobre el 25 de mayo de 1810. Así, para la “Historia Oficial”, ese día nace la patria, lo que llevó, entre otros, a Enrique Rivera a preguntarse, en los “Cuadernos de Indoamérica”: “¿por qué si se trataba de una revolución nacional (separatista), no declaró la independencia? ¿Cuestión de táctica? ¿Qué movimiento va a subordinar a una conveniencia táctica la proclamación de su objetivo central? ¿Cómo una Revolución por la Independencia no ha de proclamarla? ¿Quién la amenazaba? ¿España ocupada e impotente? ¿Inglaterra, que no la veía mal? ¿Por qué la Revolución asumió la misma forma organizativa que en España (Juntas y a nombre de Fernando) y en todas partes de América, sin previo acuerdo? La respuesta cae de su peso. Porque la revolución en España y la revolución en América era una sola y la misma.
Esta interpretación oficial de una revolución separatista, independentista, antihispánica e inclusive probritánica se halla hoy en grave crisis. Tampoco el revisionismo, cuyos historiadores también, como los de la escuela liberal u oficial, provenían de las clases altas, cuestionaron esa lectura de aquellos años. Es más, su concepción reaccionaria, como dice Norberto Galasso “los llevaba a simpatizar con la época colonial, cuando imperaba el Orden mientras la Inquisición zanjaba amablemente las discusiones filosóficas”. Más cercana en el tiempo, la “Historia Social”, que inicialmente adhirió a las teorías liberales sobre la interpretación del pasado argentino, comprendió el débil sustento e inicia un replanteo. Luis Alberto Romero, heredero de la tradición historiográfica encabezada por su padre José Luis, sostuvo que “estamos lejos (los historiadores) de lo que se enseña en la escuela y también del sentido común. Sin duda, hay una brecha que debe ser cerrada pues en Historia, tanto como en Física o Matemáticas, no puede admitirse tal distancia entre el saber científico y el escolar. Pero hay que hacerlo con cuidado. Este relato mítico (sobre Mayo) es hoy uno de los escasos soportes de la comunidad nacional”.
Es cierto, más allá del avance de la Historia (léase la forma en que se escribe y divulga el pasado) en cuanto a conocimiento científico y desde los primeros años del tercer milenio en su difusión masiva; existe una contradicción entre el discurso de quienes creemos superadas ciertas interpretaciones tradicionales y banales del pasado nacional y la preponderancia de las interpretaciones de la “Historia Oficial” y del “Primer Revisionismo” (o revisionismo nacionalista o de derecha). Pero, esta celebración, como tantas otras que se dieron desde 2010 y se prolongan hasta este 2016, se producen en el marco de una relectura de la Historia que se ha hecho en los últimos años en la Argentina que entra en contradicción con esta idea bicentenaria.
Pero, dejadas las tradiciones interpretativas aparte, aunque todavía con cierto peso, siguiendo a Juan B Alberdi, redactor de las “Bases y punto de partida para la organización política de la República Argentina”, verdadero padre de la Constitución Nacional de 1853, la Revolución de Mayo sería integrante del proceso de la revolución democrática española y americana y a su vez, en la senda de la Revolución Europea cuya fecha liminar es el 14 de julio de 1789, en Francia.
Como es sabido, los acontecimientos producidos en España a principios de 1810 – extensión del dominio de los franceses sobre casi todo el territorio e instalación del Consejo de Regencia en remplazo de la Junta Central de Sevilla – apresuran la constitución de Juntas Populares en América, para así resguardar tanto el proyecto transformador, como la eventualidad de caer en manos de los franceses si Napoleón triunfa definitivamente. De resultas de este proceso, se constituye en Buenos Aires un gobierno que pasará a la historia como la Primera Junta. En el seno del mismo comienza a avizorar la construcción dual que la política y la historia de los Argentinos tendrá como un sino. El Presidente de la junta, el conservador Cornelio Saavedra y el secretario de la misma, “el jacobino” Mariano Moreno, inauguraran las tendencias de “Saavedristas” y “Morenistas” , siendo estos últimos los verdaderos herederos del aura revolucionaria. La realidad fue más dura ya que, para diciembre de ese mismo 1810, Saavedra era el dueño del panorama político frenando el impulso inicial de una Revolución que desde los social y lo político, en esos primeros meses, su verdadera primavera en el otoño e invierno de Buenos Aires, había tomado. Los avatares de la contrarrevolución, la guerra consecuencia inevitable de esta revolución y un “Morenismo” que resurge, llevan a la concentración del gobierno, primero, en dos Triunviratos que los mismo avatares hacen caer pero que, en su segunda versión, logra la anhelada convocatoria a un Congreso General que debería declarar la Independencia y organizar el estado de las denominadas Provincias Unidas del Río de la Plata. Fue en 1813, que se convocó a una emblemática Asamblea, tal vez convocada bajo la influencia de la Cortes de Cádiz de 1812, la más republicana de las manifestaciones en la península que sanciona la Constitución de 1812 (conocida popularmente como “la Pepa”). .
Tradicionalmente se ha presentado a la Asamblea General Constituyente de 1813 como aquella que tenía por horizonte declarar la Independencia y sancionar la Constitución Nacional, objetivos que efectivamente no cumplió y que nos lleva a interrogarnos verdaderamente sobre su “efectividad”. En realidad, el porqué de no haber declarado la independencia ni sancionado un texto constitucional es más complejo y se inscribe en la marcha propia de la revolución, en la evolución de la Guerra de la Independencia, en el contexto internacional y en las tendencias políticas dentro de la propia asamblea y en la provincias unidas durante el primer lustro revolucionario.
De lo que no podemos dudar es que, en realidad, la Asamblea fue “efectiva”, en lo atinente a los derechos humanos, a la reafirmación del republicanismo que aflora en las jornadas de mayo y en el camino hacia la independencia. Baste nomás tomar como ejemplo que la primera de las resoluciones fue asumir la soberanía en nombre del pueblo y no del rey Fernando VII, expedir algunas cartas de ciudadanía (eso sí de una nación – en el sentido moderno – inexistente) y una serie de símbolos que demuestran la autodeterminación que van desde oficializar el Himno hasta el sello convertido luego en escudo de la patria.
El programa de la asamblea a reunirse quedó sintetizado en dos palabras: independencia y constitución, es este último aspectos el que nos interesa en el sinuoso camino republicano.
No escapó, aunque con poco entusiasmo, al tratamiento de los proyectos constitucionales. Se presentaron un total de cuatro, tres de ellos de marcado sesgo Unitario. El primero, de la Comisión Oficial designada por el Triunvirato en el momento mismo de la convocatoria a la asamblea; el segundo, de la Sociedad Patriótica; el tercero, de la Comisión Permanente que funcionaba en la asamblea sintetizado los dos anteriores. Estos recogen mucho de la tradición republicana, de las disposiciones de las Cortes de Cádiz, pero llama la atención en ambas el sistema electoral que termina haciendo del voto calificado o censitario, y el cuarto proyecto, es atribuido al diputado “Artiguista” Felipe Santiago Cardozo y se reconoce en él una verdadera constitución federal que recoge las instrucciones aprobadas por el congreso “Artiguista” que decide participar de la asamblea, aunque luego sus diputados fueron rechazados por un artilugio legal.
La Asamblea en definitiva tuvo una importancia fundamental porque dejó una obra impresionante en el camino de la independencia y en materia de derechos del hombre.
Muchas de sus resoluciones son tomadas para los futuros proyectos constitucionales, para los pactos interprovinciales y para la propia Constitución de 1853
Particularmente en el contexto de la época, produce una aceleración del proceso revolucionario; es decir se retoman las ideas de Moreno, a pesar de que los “asambleístas” fueron tildados de dueños de una especie de despotismo ilustrado y cierta soberbia.
El contexto internacional y la marcha de la guerra de la independencia aceleraron su fracaso en los objetivos por los cuales había sido convocada, antes de buscar la República, ese contexto y esa guerra, demandaban señales claras respecto de que significaban este conjunto de provincias en el cono sur de América. Es así que el proceso político va tomando un matiz más de “Revolución Nacional” que de “Revolución Democrática” por el lugar central que adquirirá el denominado “Padre de la Patria”, el general José de San Martín. Será sin dudas su impulso y presión política el detonante de la convocatoria a un nuevo Congreso General Constituyente. Ese Congreso, del que precisamente se cumplen 200 años, al igual que la Asamblea del año XIII, cumplirá a medias su cometido: declarará la Independencia el 9 de julio de 1816, discutirá fuertemente el sistema político a adoptar en la puja entre monárquicos y republicanos y aprobará una Constitución de neto corte unitario que será rechazada por las incipientes provincias argentinas encarnadas en la figura de caudillos del interior fuertes en la ciudades históricas que darán origen a las primeras 13 provincias del país.
Sin la representación de todas las denominadas provincias unidas, con parte de ellas participando del Congreso que en 1815, José Artigas, el protector de los pueblos libres, convocó en Arroyo de la China (pequeño curso de agua de la cuenca hidrográfica del río Uruguay, ubicado en la provincia argentina de Entre Ríos), el congreso que comenzó a sesionar el 24 de marzo de 1816, en su sesión del día 9 de julio declara la Independencia de “las Provincias Unidas de Sud América”, según consigna el acta correspondiente. Días después se incorporará el aditamento que no solo de España es la independencia sino “de toda otra dominación extranjera”. Mucho se ha discutido sobre las condiciones objetivas para tal declaración. Es más, la marcha de la guerra de la independencia, los sucesos de Europa con un Fernando VII repuesto, la fuerza que tomaba ciertas tendencias monárquicas en esta parte del mundo y la irresolución de la organización definitiva de la ex colonias españolas no ofrecen un panorama alentador para una declaración de tal envergadura. El propio Congreso quiso saldar las dudas aprobando, el 25 de octubre de 1817, la declaración denominada “Manifiesto que hace a las naciones el Congreso General Constituyente de las Provincias Unidas”. Dicho documento señala a la instalación de Fernando VII en el trono y su giro a la derecha, como causa de la Independencia.
Con respecto a la búsqueda de la república, la cuestión aparece más complicada. Será en la discusión de la sanción de una Constitución que fije la organización institucional del país donde se enfrenten las posiciones entre monárquicos y republicanos.
Un Manuel Belgrano, regresado de una Europa dominada por la Santa Alianza, está convencido de que no habría reconocimiento adoptando formas republicanas. Allí surge su teoría de consagrar un Rey Inca, que podría ser el hermano menor de Túpac Amaru, Juan Bautista Túpac Amaru o Dionisio Inca Yupanqui, coronel de un regimiento de Dragones en España, que había sido diputado ante las Cortes de Cádiz en 1812. San Martín hace conocer su apoyo a esa idea.
El proyecto es rechazado con alegatos cargados de racismo. Ese mismo Congreso, trasladado a Buenos Aires, tres años después va a preferir un monarca europeo y civilizado y de color blanco, el príncipe de Luca, antes que un monarca de la “casta color chocolate”. Todavía no está claro que esta parte del mundo iba a ser una república. Como obra final el Congreso de Tucumán reunido ahora en Buenos Aires (ironías del destino argentino), sancionará una Constitución de neto corte unitario que será unánimemente rechazada por las provincias del interior dando paso a una etapa en que la autoridad nacional desaparece porque el 1 de febrero de 1820, en la Batalla de Cepeda los caudillos López y Ramírez vencen al Director Supremo Rondeau (la figura de Director Supremo es la autoridad máxima desde enero de 1814) abriendo una larga etapa sin autoridad nacional.
Es el triunfo del Partido del Orden o Unitarios que desde la provincia de Buenos Aires, con la delegación expresa de las provincias del manejo de las relaciones exteriores sobrellevaran una década que se vio alterada con el desarrollo de la Guerra con el Brasil. La guerra estalla en medio del Congreso de 1824, manejado por ese partido del Orden para brindar una organización basada en la unidad de régimen.
Cuando en 1820 cae la autoridad nacional, ya no hubo gobernadores-intendentes designados por Buenos Aires. Las ciudades históricas designaron Legislatura que nombraba al gobernador, hasta hubo provincias que sancionaron una Constitución y establecieron un régimen fiscal. Esta provincialización o nuevo régimen político-administrativo para las “provincias unidas”, eximió a Buenos Aires de su condición de hermana mayor, sede del gobierno nacional. Pero creció su poder debido a su próspera economía (1820 es también el año del ascenso político-social del sector ganadero) y por el manejo de los derechos de la aduana. En los hechos la dependencia hacia el dueño de la riqueza fue mayor reafirmando la sospecha del gobernador de Córdoba, Bustos, que había alertado sobre la fragmentación provincial que consagraría provincias pobres.
Buenos Aires, sale airosa del ´20. La burguesía comercial consigue el apoyo de los estancieros y con la ayuda de los Colorados del Monte, ejército privado de Rosas (dueño de la situación política entre 1829 y 1852), eleva al gobierno a Martín Rodríguez. Es el comienzo de la denominada “Feliz Experiencia” del partido del orden, del unitarismo y de Bernardino Rivadavia como el verdadero poder. La circunstancia de la Guerra contra el Brasil, el 8 de febrero de 1826 hasta el 27 de junio de 1827, lo hará Presidente de la Nación, de ahí el codiciado “sillón de Rivadavia”. Además de profundizar su proyecto “de espaldas al interior”, intentará realizar la federalización de Buenos Aires como uno de sus proyectos fundamentales. La guerra estallo en medio de la reunión del Congreso de 1824 que muy bien manejó Rivadavia en favor de los intereses de los porteños. En el marco de ese congreso con aspiraciones de constituyente se sancionó “La ley Fundamental”, establecida en el año 1824, que reconocía la vigencia de las instituciones de cada provincia hasta la sanción de una constitución, la cual debía ser aprobada por las provincias; respetaba los gobiernos locales. Además, creó un Poder Ejecutivo Nacional Provisorio que se delegaba en el gobernador de Buenos Aires, con facultad para ejecutar las medidas del Congreso y manejar las relaciones exteriores; el Congreso se declaraba constituyente pero dejaba en manos de las provincias la aprobación definitiva de la constitución. La guerra aceleró otra solución para la autoridad nacional y allanó el camino del hombre que fuera retado a duelo por el mismísimo San Martín, en el Londres de 1825.
La Constitución sancionada en 1826 proclamaba el sistema representativo, republicano, consolidado en unidad de régimen. El gobierno nacional se organizaba en base al principio de división de poderes.
La Constitución fue rechazada por todas las provincias: las misiones enviadas por el Congreso ante los gobiernos de provincia fracasaron. Estos son los problemas que se ponen en el tapete una vez del fracaso del proyecto rivadaviano, con el rechazo de la constitución del ´26 incluido y del desenlace no esperado en cuanto al manejo de las negociaciones en torno al final de la Guerra con el Brasil.
El hombre que encarnaba la herencia misma del morenismo, el federalismo en su más puro estado, resultó demasiado “díscolo” y hasta “cabeza dura” para resolver la situación abierta después de la caída del Partido del Orden. Manuel Dorrego resultó víctima de la propia situación interna, del poder de los propios sectores ganaderos de su provincia a los que nos les vendrá mal el orden que impondrá la “pax rosista”. En medio del lapso que va de la caída de Rivadavia hasta el fusilamiento de Dorrego quedará fagocitado, por esa propia situación, el acuerdo al que había llegado con Bustos para la reunión de un Congreso en Santa Fe, para 1829, para elegir autoridades y echar las bases de la organización nacional.
El fusilador de Manuel Dorrego, el General Lavalle, no pudo afirmarse en el poder y luego de acordar con Rosas, este es ungido gobernador de la provincia de Buenos Aires en 1829. El largo período de la denominada Confederación Rosista que llega hasta 1852, tuvo entre 1831 y 1835 un período en que Balcarce asumió la gobernación pero el “fantasma de Rosas” condicionó la acción de gobierno, retornando al poder ya con la suma del poder público y facultades extraordinarias luego del asesinato de Facundo Quiroga. Se suele decir que dos trágicas, terribles e inexplicables muertes como la de Dorrego y del caudillo Riojano favorecieron el ascenso y la consolidación de Rosas. Los días previos a la partida de Quiroga hacia su muerte ofrecen el alumbramiento de uno de los documentos más citados en la Historia Argentina: Rosas en una estancia de San Andrés de Giles, la Hacienda de Figueroa, redacta un largo documento que llegó a Quiroga cuando este estaba en Santiago del Estero donde explica su pensamiento y sirve para entender su posición frente a la organización definitiva del país.. En ese documento, el caudillo sostiene que no es el tiempo de la organización, no define qué tipo de gobierno adoptar y descarta la posibilidad de reunir un Congreso en Buenos Aires porque provocaría la desconfianza del interior “como siempre ha ocurrido”. Pero el andamiaje legal sobre el que se sostuvo para construir su confederación y postergar la organización es el Pacto Federal firmado el 4 de enero de 1831. El más renombrado de pactos preexistentes citados en el Preámbulo de la actual constitución de los argentinos.
Una vez caído Rosas, se transita el camino hacia la definición de la República. Se firma el Protocolo de Palermo un acuerdo suscripto el 6 de abril de 1852 por Justo José de Urquiza, gobernador de Entre Ríos, y los representantes de las provincias de Santa Fe (Manuel Leiva), Corrientes (Benjamín Virasoro)), y Buenos Aires (Vicente López y Planes), gobernador interino designado por Urquiza. En él encomendaban al general Urquiza las relaciones exteriores, como representante de la República, hasta que se pronunciase el Congreso Nacional, e invitaban al resto de gobernadores provinciales a reunirse en San Nicolás de los Arroyos para discutir la Constitución. El 31 de mayo de ese año se reúnen las provincias y firman el Acuerdo de San Nicolás, otro de los célebres pactos preexistentes.
En el primer artículo se declaró al Tratado, celebrado el 4 de enero de 1831, como Ley fundamental de la República y determinó que debería ser observado y puesto en ejecución por el Encargado de las Relaciones Exteriores de la Nación, en los artículos 4 y 5 se menciona el llamado a un Congreso General Constituyente, que se llevaría a cabo en el mes de agosto venidero, realizándose la elección de los Diputados que tomarían parte del Congreso. Se seguirían las reglas establecidas por la Ley de elecciones para la elección de los diputados de las Legislaturas Provinciales. Se declara a todas las provincias iguales en derechos y el número de representantes sería de dos diputados por cada provincia, en los artículos 6 y 7 se menciona que el Congreso sancionaría la Constitución Nacional, consensuada por mayoría de sufragios, colocando los intereses de la Nación por encima de los de las provincias, el artículo 8, declara que los diputados no podrán ser juzgados por sus opiniones, ni acusados por ningún motivo, ni autoridad alguna hasta que no esté sancionada la Constitución, aunque las provincias podrían retirarlos y reemplazarlos de considerarlo oportuno, según lo dictado en el artículo 11, el Congreso se llevaría a cabo en la ciudad de Santa Fe, en el artículo 15 se otorgan facultades ejecutivas a Urquiza y lo nombra como Director Provisorio de la Confederación Argentina y el artículo adicional invita a las provincias que no firmaron el Acuerdo a adherirse al mismo a través del Director Provisorio de la Confederación Argentina.
Buenos Aires termina finalmente rechazando el acuerdo basando su posición en relación a la forma y la representación de los diputados, aunque como se verá en el futuro era la desconfianza hacia el poder de Urquiza y un posible avance del interior sobre Buenos Aires y el manejo de las rentas de la aduana. Las discusiones durante las jornadas de junio llevaron al rechazo del Acuerdo por la legislatura porteña. Un golpe de estado dado por Urquiza la obligó momentáneamente a aceptarlo, pero la revolución del 11 septiembre de 1852 llevó al poder a los opositores del mismo, que lo desconocieron oficialmente. Se inicia la Década de Secesión por cual, sin resolución para ninguna de las dos partes, Buenos Aires y la Confederación intentarán imponer su proyecto.
Las consecuencias más relevantes del Acuerdo fueron básicamente dos: la primera fue la sanción de la Constitución de 1853, que entró en vigencia dentro de la Confederación Argentina. Fue sancionada el 1 de mayo de ese año y al año siguiente fue electo Urquiza como primer presidente, por un lapso de 6 años. La segunda fue la separación del Estado de Buenos Aires del resto de la Confederación. Esta situación perduraría hasta 1860, tras la derrota militar de Bartolomé Mitre a manos de Urquiza, en la Batalla de Cepeda.
Finalmente, el 23 de setiembre de 1860 se sancionaron las reformas entre las que se destacan: las autoridades que ejercen el Gobierno Federal, residen en la Ciudad que se declare Capital de la República por una ley especial del Congreso
A pesar de que todas las imposiciones de Buenos Aires fueron aceptadas en la Constituyente de 1860, la unificación del país o mejor dicho, la reincorporación de la provincia de Buenos Aires no fue inmediata, debió realizarse ese paseo que resultó la Batalla de Pavón, tan inexplicable para los expertos militares de las guerras del siglo XIX, para que, con un Mitre triunfante, tuviésemos en 1862 el primer presidente constitucional de una argentina unidad jurisdiccionalmente.
Mitre (1862-68), Sarmiento (1868-18774) y Avellaneda (1874-1880), constituyen lo que tradicionalmente en la escuela se presentaban como las presidencias históricas o la etapa de “La Organización Nacional”, sumando allí la presidencia previa de Urquiza, vencedor de Rosas. Las cosas, que fueron presentadas por la historiografía tradicional como el momento de mayor republicanismo, no fueron tan republicanas en su esencia. Se guardaban las formas de República pero la República funcionaba a medias.
Esta tendencia será perfeccionada en la denominada “Republica Conservadora” que dirigirá los destinos de la Argentina desde 1880 hasta 1916. El autor Natalio Botana es quien define el funcionamiento de una “Republica Restrictiva”, sintetizada en: sancionemos una constitución que tenga división de poderes, que consagre una república, que otorgue derechos pero los derechos políticos manejémoslo nosotros hasta que el pueblo aprenda a votar. Esa parecía ser la fórmula que la Oligarquía utiliza en ese período.
Según esa tendencia, “La República Restrictiva alberdiana” no define ningún medio práctico para hacer efectiva la representación. Confiaba en el valor prescriptivo de las instituciones nuevas. El acto de seleccionar los medios para regular las acciones políticas no correspondía al legislador. Ante una propuesta prescriptiva había que legitimar a través de una estructura de papeles políticos dominantes y una regla de sucesión y en esas fronteras diseñar una formula operativa que permita a los actores construir una base de dominación efectiva.
La república distingue entre la esfera pública y la privada, ambos órdenes de actividad son protegidos por una red de derechos y garantías estipulados de modo explícito. La otra distinción es entre soberano o entidad donde reside el poder de designar gobernantes que son causas y no efectos de la elección de los magistrados.
El elector tiene naturaleza política distinta que el representante. Hay siempre electores y poder electoral, pero los electores serán siempre gobernantes y no gobernados El poder electoral residirá en el poder coercitivo o económico del gobiernos y no en el soberano.
Para Botana, “la combinación de conservadurismo y liberalismo generó actitudes muchas veces contradictorias. La élite transformadora no aprobó la existencia de un orden social sancionado por una religión establecida, pero estaba convencida, pese a todo, de la imperfecta naturaleza del hombre y de la desigualdad que imperaba en la sociedad; no se dejó deslumbrar, hasta le fue indiferente, por la arquitectura jerárquica y corporativa del antiguo régimen, pero defendió con métodos criollos el control del poder político en manos de una clase social que se confundía con el patriciado y la aristocracia gobernante; creyó en la propiedad; jamás dudó del progreso y de su virtud para erradicar la sociedad tradicional; y con la convicción arraigada en un robusto voluntarismo, confió siempre en la educación pública, común y gratuita, para ganar la carrera que le proponía la civilización ascendente”.
Esos tiempos del positivismo, de leyes laicas, fueron implacables en la ingeniería social y solo demostró apego a las formas de una república que no permitía ejercer el derecho al sufragio a su pueblo.
También los argentinos, en este 2016, celebramos otra de esas fechas que sirven, bien utilizadas para apropiárselas en visión de futuro. Se cumplen 100 años de la primera elección Presidencial libre. En 1910, el propio régimen conservador vio que era el momento de realizar una reforma política que incorporase a la oposición al régimen legal. La Unión Cívica Radical había surgido desde 1890 y atravesado en esos pocos años por una travesía que va a marcar toda su historia política: revolución – abstención – participación. Hasta ese 1916, bajo la férrea conducción de Hipólito Yrigoyen, la concurrencia a elecciones es nula. La oligarquía gobernante pensaba que al haber sido ellos “los fundadores de la república moderna”, custodios de la constitución nacional, hasta “inventores” de una historia argentina, sería difícil que un pueblo “desagradecido” votara al radicalismo. La cuenta les salió mal y ese pueblo ofendido por tanto atropello terminó consagrando “La República Radical”. Esos 14 años de gobierno de la UCR, Yrigoyen (1916-22), Alvear (1922-28) e Yrigoyen (1928-30), tal vez por primera vez, ofrecieron el funcionamiento de la república, no exentos de cierto apego yrigoyenista a la intervención a las provincias, pero siempre en el marco de la legalidad. El 6 de setiembre de 1930, se produce lo que varios autores señalan como un “golpe de estado con olor a petróleo” (creación de YPF y proyecto de nacionalización del petróleo en marcha).
El proceso histórico que media entre ese Golpe de Estado del 6 de Setiembre de 1930, que pone fin al predominio de la UCR en la Argentina, y el del 4 de Junio de 1943 en que el G.O.U (Grupo de Oficiales Unidos), mediante otra asonada militar, aborta la continuidad Conservadora en el poder es representativo de una serie de cambios que a nivel mundial ,regional y nacional afectan el escenario de la patria y preparan al país para una inesperada y no prevista década del ’40. Tal vez la magnitud de los tiempos que se venían haya sido advertida por el propio Perón en el trieño que va desde 1943 a Febrero de 1946 momento de su elección como presidente, considerada esa etapa como la del origen del peronismo.
Setiembre de 1930 abre una etapa cuyas consecuencias los argentinos hemos padecido hasta la actualidad. La interrupción de la continuidad constitucional que se venía desarrollando desde mediados del siglo XIX o del tránsito hacia “una democracia de masas” que no sobrepasó los sectores medios en los tiempos del radicalismo “Yrigoyenista” y “Alvearista”; alumbró una sociedad “maniquea y dividida” encerrada en una espiral de violencia de dictaduras militares cada vez más represivas y gobiernos civiles débiles.
Esa “década” de casi trece años de duración, “infame” por las características de su política electoral, económica y cultural; adquiere algunos rasgos distintivos:
• Se inicia una etapa en la que se clausura la experiencia democrática.
• Se reinstala el fraude electoral, del cual había una experiencia previa en los tiempos de la república restrictiva de los conservadores del siglo XIX, incrementando la violencia política.
• Luego del fracaso del proyecto corporativo de Uriburu (a imagen y semejanza de la Italia mussoliana), se consolida el intento de “restauración conservadora”.
• Como respuesta a la crisis económica mundial y a la nueva política de Gran Bretaña, se firma el Pacto Roca-Runciman, considerado el “estatuto legal del coloniaje”.
La marcha de la Segunda Guerra Mundial y las preferencias, no solo de militares sino también de la clase política partidaria, abrirán el camino para la llegada de Perón al poder, ya que la elección de un candidato con preferencias aliadófilas lleva al G.O.U a dar un golpe de estado. Esos tiempos de autoritarismo no exento de antisemitismo en los que Perón advierte el papel fundamental que comenzaba a cobrar la clase obrera, culminan con su elección presidencial en febrero de 1946.
La década del primer peronismo no se caracteriza precisamente por una exaltación de recuperar la República. Es más, cuando la circunstancias políticas lo permitieron impulsó una reforma constitucional que reemplazó a la Constitución de 1853 por otra de carácter más social que incluía la posibilidad de reelección presidencial. Apoyado en reformar el sistema electoral, en pocas elecciones parciales de legisladores, Perón tuvo mayoría absoluta en ambas cámaras legislativas.
Mucho se ha hablado sobre el componente autoritario y el avance en derechos sociales del peronismo. Ambas cosas son ciertas. En lo atinente a la república que soñaba Perón, la nueva Constitución se inscribe dentro de la corriente jurídica del constitucionalismo social que, entre sus principales normas, incorporó en sus artículos los derechos de segunda generación (laborales y sociales), la igualdad jurídica del hombre y la mujer, los derechos de la niñez y la ancianidad, la autonomía universitaria, la función social de la propiedad e incorporó la elección directa del presidente y del vicepresidente y la posibilidad de su reelección inmediata.
Fue derogada el 27 de abril de 1956 por «proclama» del dictador Pedro Eugenio Aramburu, en la segunda etapa de la dictadura cívico-militar autodenominada “Revolución Libertadora” que derrocó al presidente Perón, restableciéndose la Constitución Nacional de 1853 con sus reformas de 1860, 1866, 1898. Restablecida ilegalmente por el dictador Aramburu, la Constitución de 1853 fue reformada en 1957, en una Convención Constituyente reunida en Santa Fe que incorporó el artículo 14 bis que consagra los derechos de los trabajadores a iniciativa del olvidado dirigente radical Crisólogo Larralde. Estos desbarajustes legales o de carácter constitucional solo son explicables a partir de la acordada de la Corte Suprema de Justicia, el 10 de setiembre de 1930, por la cual convalida los actos normativos de las dictaduras militares que se instalaron en el país durante el siglo XX y de ese modo legitimarlas.
La etapa que va desde esa denominada “Revolución Libertadora” (1955) hasta la caída de la última “Dictadura Militar” (1983), la Argentina se debatió entre democracias restringidas y dictaduras. Es decir, entre la no-república y repúblicas condicionadas o con interregnos.
Meses antes de la salida electoral de 1983, sectores vinculados al futuro presidente Alfonsín, sobre la base de un texto de Luis Gregorich, hicieron del film “La República Perdida”, un éxito en las taquillas y una gran contribución al triunfo electoral. Lo medular de ese planteo es que durante gran parte del siglo XX, por momentos, la Argentina había perdido la República. Esa interpretación de la Historia abonó el discurso de la primera transición. El radicalismo de Alfonsín se tiñe de socialdemocracia, acercándose, en algún momento de su larga trayectoria política, a dirigentes del socialismo reformista. Todavía hoy es motivo de debate de por qué triunfa Alfonsín en el ´83. Sin dudas que la lectura que hace de esa salida de la dictadura, la apelación a un relato (todos los gobiernos lo tuvieron y lo tienen) en que se sintetizaba en construcciones duales como: Democracia o Dictadura; Vida o muerte (esta última presentada como contraposición entre los valores que levantaría el proceso democrático en relación a la más sangrienta dictadura que haya tenido el país) y la denuncia del supuesto pacto Sindical-Militar por el cual se garantizaría la autoanmistia decretada por los militares en retirada, explican su triunfo.
Podemos ubicar al radicalismo emparentado con “ese fundamentalismo republicano” del cual las grandes cuestiones pendientes fueron pasando a lo largo del tiempo para incluirse como cuestiones a resolver por la recuperada democracia. En ese sentido, a pesar de los “aggiornamientos” que la UCR fue experimentando desde “su nacionalismo agrario” hasta la emblemática “Declaración de Avellaneda” (década de 1940), Alfonsín, heredero de esa tradición estaba dispuesto a abonar al ideario radical con otra herencia que, incluye a su famoso “Discurso de Parque Norte” (1 de diciembre de 1985), por cierto, controvertido en los días de su lanzamiento por considerarlo algunos sectores juveniles e intelectuales independientes que habían apoyado al político de Chascomús que tenía cierto parentesco con las ideas llevadas adelante por la generación del ’80 en la última parte del siglo XIX. Sin dudas que la evolución posterior de la UCR post- alfonsinista demuestra que tal vez hoy no lo entiendan, por lo menos, los dirigentes más encumbrados de su propio partido. Al igual que otros proyectos por el mismo lanzados, Alfonsín no pudo reformar la constitución para hacer de la Argentina “una república a la europea”.
En medio de la hiperinflación Alfonsín debió adelantar su salida del gobierno realizando el traspaso presidencial el 9 de julio de 1989 a manos de Carlos Saúl Menem, hasta ahí un pintoresco gobernador de la provincia de La Rioja que, se había mantenido cerca del Dr. Alfonsín brindándole un fuerte apoyo al acuerdo con Chile por el conflicto del Beagle y que se había sumado a la denominada “Renovación Peronista” de la que luego será su verdugo. Menem había vencido a Antonio Cafiero en las internas del justicialismo y al gobernador de Córdoba, candidato por la UCR, Eduardo Angeloz, en las elecciones generales. Su discurso de campaña fue bien distinto de su acción de gobierno. Menem, llamativamente para un peronista, aplica en la década que gobernó, las más duras políticas neoliberales. El desguace del estado, la privatización no solo de las empresas públicas sino de la vida misma con un retiro del estado en todos los ámbitos signaron los tiempos de ese caudillo riojano.
También logró reformar la Constitución Nacional. Firmó con el ex presidente Alfonsín, para poder llevarla a cabo, un núcleo de coincidencias que popularmente fue bautizado como el “Pacto de Olivos” (por la ciudad vecina a la Capital Federal donde, además de tener su sede la residencia presidencial, se habían entrevistado los dos líderes) que permitió la reelección de Menem y fue el comienzo de una crisis muy profunda en la UCR. Cuando se analiza la vida política del líder radical se ubica a este Pacto junto a la Ley de Obediencia Debida y Ley de Punto Final (leyes que generan cierta impunidad sobre represores de la Dictadura Militar de 1973 a1983) que, provocaron en su gobierno una profunda decepción en los sectores juveniles e independientes que lo habían apoyado en 1983, como los puntos más oscuros de la misma. La Reforma Constitucional que trajo algunos avances importantes en relación a Nuevos Derechos y mecanismos de Democracia Semidirecta quedo subsumida a la reelección de Menem. Más allá de estas iniciativas, ante un deficiente funcionamiento institucional, estas reformas quedaron durante mucho tiempo en el olvido, aún hoy quedan pendientes de legislación y posterior reglamentación institutos fundamentales para darle contenido a la república.
La crisis más profunda del sistema político argentino, una vez recuperada la democracia, se produjo en los días de diciembre de 2001, cuando el presidente radical Fernando de la Rúa, debió renunciar en medio de situaciones escandalosas y en una represión en la que 39 personas fueron asesinadas por las fuerzas policiales. Se abrió un periodo de inestabilidad política que se resolvió en el marco de la Constitución y la ley de acefalía que puso al entonces Senador Nacional, Dr. Eduardo Duhalde como piloto de tormentas que culminó con el llamado a elecciones presidenciales por las cuales Néstor Kirchner llega a la primera magistratura.
Es el año 2003, es el inicio de los que los propios seguidores del hoy fallecido Néstor Kirchner definen como la “Década Ganada”. El primer gobierno de este período fue un momento de corrección de variables económicas y de recuperación de la política como herramienta de transformación, ya que la crisis del 2001, además de arrasar económicamente al país había llevada a peor degradación de la fe en las instituciones democráticas de la sociedad en su conjunto.
Con gran habilidad, Kirchner salió de la crisis, eso sí, no hay dudas que las condiciones internacionales, lo que popularmente se ha definido como “el viento de cola”, ayudaron fuertemente en tal sentido. El precio de los comodities, en aquellos años, superaron los picos históricos. La relectura de la historia, la construcción de un relato, la definición al menos en cuanta tribuna política se levantaba del famoso “proyecto kirchnerista”, fue aumentando la brecha en esa construcción dual que tiene, como adelantamos, históricamente la Argentina. El kirchnerismo buscó y creó sus propios enemigos para salir al campo de batalla a librar grandes gestas.
Todo esto se acentuó durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y cuando las condiciones económicas, crisis de europea mediante y agotamiento del propio modelo, se produjeron una baja de la calidad institucional que reflotó el “fundamentalismo republicano”. Es más, algo que se puede concluir respecto de los gobiernos argentinos desde el 2003 en adelante es que la ruptura con la denominada “tradición republicana” argentina fue una constante. Nunca hubo una mención explícita a un intento de reforma constitucional, tal vez quedó expectante la Sra. de Kirchner del resultado de las elecciones legislativas de 2013 para tratar de impulsar una reelección lo que hubiese implicado la reforma constitucional. Al menos todo parecía indicarlo. Incluso la sanción de los nuevos Códigos Civil y Penal va en contra de la corriente liberal de codificación coetánea con la implementación de la Constitución Nacional a mediados del siglo XIX.
Diciembre de 2015 trajo la novedad de un nuevo gobierno en el país, gobierno este que, en sintonía con los antecedentes de sus integrantes, de las alianzas políticas para el triunfo y el balance de sus primeros meses de gestión , no genera dudas de su adscripción a tendencias “neoliberales”, incluso su declamado republicanismo tropezó con cierta adicción a los DNU ( Decreto de Necesidad y Urgencia, norma existente en la Argentina que, a pesar de ser sancionada solo por el Poder Ejecutivo, tiene validez de ley. Una vez promulgado el DNU, el Congreso debe analizarlo y determinar si continúa vigente o no. Este tipo de legislación está contemplado en el artículo 99 de la Constitución Nacional) y el abortado intento de cooptar la Corte Suprema de Justicia. El historiador José Luis Romero, insospechado de “kirchnerismo”, como balance de los primeros tiempos del macrisimo, encuadra el significado del triunfo de “Cambiemos” (alianza política que encabeza el presidente Macri) descartando todo posible avance sobre los temas urticantes del republicanismo argentino (la anunciada reforma política es una cuestión más de métodos que de replanteo de la política nacional). “Sabemos para qué lo eligieron: reparar desastres, reconstruir y volver el país a la normalidad, especialmente en la macroeconomía y en el Estado. Eso concuerda con su estilo de ingeniero y con sus antecedentes de gestión. ¿Cómo lo hará? Su equipo gobernante es muy bueno, pero la gestión es inclemente, y muchos se habrán ido antes de que pase un año. Al Presidente le toca lo más difícil: combinar lo urgente con lo importante, la táctica con la estrategia, y explicarlo de manera convincente”, argumenta Romero (h).
Estas pocas certezas, de este corto tiempo del presidente Macri en el gobierno despiertan dudas sobre el regreso de un neoliberalismo más descarnado, de un gobierno sin política y con muchos ex CEO de grupos económicos del capital concentrado en los principales puestos de gobierno.
La búsqueda de una república con pueblo no parece estar en la agenda de un corto y mediano plazo. La apelación a la República durante el tiempo que lo llevó al poder, pasa ser el intento de frustrado de construcción de otro relato del devenir político de los argentinos. Y sin dudas, el comienzo de decepciones muy marcadas en aquellos sectores que vieron en el ex Alcalde de la ciudad de Buenos Aires a un posible reconstructor de la República.
Otra fecha más significativa, desperdiciada para generar un verdadero debate que alumbre la posibilidad de pensar la república en serio. (04-12-21).

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