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Avanza en la Legislatura la adhesión a la Ley Nacional de Parto Humanizado

El proyecto de ley que adhiere a la norma nacional de Parto Humanizado y establece los derechos de las madres, padres e hijos durante el proceso de alumbramiento fue aprobado este jueves por la Cámara de Diputados bonaerense.

La iniciativa, que ahora debe ser tratada en el Senado, establece que la provincia de Buenos Aires adhiere a ley nacional 25.929 sancionada en el Congreso en el 2004.

La propuesta, presentada por la diputada Marian Larroque (Frente de Todos), establece el derecho de madres y padres de ser informados sobre las distintas intervenciones médicas, de manera que puedan optar libremente frente a diferentes alternativas; y el derecho de la mujer de ser tratada con respeto, garantizándole intimidad y teniendo en cuenta sus pautas culturales.

Se determina que toda mujer tiene derecho al parto natural y respetuoso en cuanto a su tiempo biológico, evitando prácticas invasivas y el suministro de medicación sin justas causas; y a estar acompañada por una persona de su confianza durante el trabajo de parto y el período de posparto.

A la vez dispone, entre otras cuestiones, que la persona recién nacida tiene derecho a ser tratada en forma respetuosa y digna y a la internación conjunta con su madre en la sala.

Larroque explicó que «luego de largos años de lucha, la Ley Nacional de Parto Humanizado fue sancionada en el año 2004, conformando una herramienta normativa para prevenir y erradicar la violencia obstetricia ejercida en el proceso de embarazo, parto y post parto» pero remarcó que «sin embargo, al día de la fecha, la provincia de Buenos Aires todavía no se adhirió bajo la excusa de que se trata de una ley de oficio».

«Somos sólo tres provincias las que no estamos adheridas: Buenos Aires, Formosa y Catamarca», dijo.

Durante su exposición en el recinto, detalló que, de acuerdo con las estadísticas “el 80% de las mujeres sufrió violencia obstétrica” y que la ley “busca proteger los derechos de las personas gestantes respetando la toma de decisiones seguras y consensuadas”.

«Durante la pandemia los casos de violencia obstétrica aumentaron. En virtud de las medidas de prevención de contagio de la Covid-19, algunos establecimientos, tanto públicos como privados, toman medidas que no están indicadas en ninguno de los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud», remarcó.

Analizó la legisladora que «dentro de las vulneraciones más frecuentes en este marco, aparece el impedimento a que la persona gestante esté acompañada al momento de parir» y añadió que también es recurrente «la separación de la díada madre-hijo por horas o incluso días».

En tanto, la diputada Marisol Merquel remarcó “la importancia de ampliar derechos y de generar consensos que pongan en eje la salud, la libertad de las personas gestantes, con un acompañamiento concreto en el marco de decisiones trascendentales de la vida”.

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