Aborto: si es legal, el Estado podría ahorrar hasta un 43 % en gastos de salud pública
La cifra se amplía a un 55 % si además la Argentina produce Misoprostol, la droga que se utiliza para la interrupción de embarazos. Son más de 610 millones de pesos.
Un informe elaborado por una senadora del Frente para la Victoria-PJ desmiente una de las hipótesis blanqueadas desde hace semanas por sectores que rechazan el proyecto de legalización del aborto: el elevado costo que demandaría para el Estado, debido al gasto que representará para los hospitales públicos. Sin embargo, el estudio determinó que se podría ahorrar un 43 % de recursos, porcentaje que se elevaría al 55 por ciento si el país fabricara Misoprostol, la droga con la que se practica la interrupción del embarazo.
El estudio fue elaborado por la senadora por el bloque del Frente para la Victoria-PJ Nancy González, en conjunto con tres médicas, Analía Messina, Patricia Rosemberg y Viviana Mazur. “Es erróneo pensar que hoy el Estado no destina recursos a la atención de abortos y que pasaría a destinarlos si se aprobara la ley”, sostiene el informe.
De acuerdo a datos del Ministerio de Salud, se atienden alrededor de 50.000 mujeres en hospitales públicos que requieren de internaciones por complicaciones durante o posteriores a practicarse un aborto ilegal.
El informe cruzó datos de la cantidad de internaciones y gastos que representaron para el Estado esas atenciones médicas. Además, se indica que se solicitaron alrededor más de 110 mil interrupciones legales de embarazo, de acuerdo a causales habilitadas por la Justicia, que fueron resueltas en un 70 % con medicamentos y un 30 % en hospitales con medicamentos más Aspiración Manual Endouterina (AMEU). “Se destinan como mínimo $1.077 millones, de los cuales un 79 % corresponde a costos de abortos que requirieron internaciones en hospitales públicos”, se agrega.
Si se tratara de una práctica legal, el monto destinado a atender abortos representaría poco más de $613 millones, un 43 por ciento menos que el costo de internaciones derivadas de complicaciones en interrupciones ilegales. Sin embargo, ese porcentaje podría ser aún mayor si el país fuera productor de Misoprostol. En ese caso, el ahorro sería del 55 % y los gastos no llegarían a $500 millones al año.
Eso ocurre porque hoy el Ministerio de Salud paga por los comprimidos de Oxaprost – el nombre comercial – lo mismo que se cobra por la venta al público. “Si el Estado produjera misoprostol – dice el informe de la senadora González – podría reducir como mínimo un 50 % el costo que actualmente paga por esta droga al único laboratorio que posee el monopolio de su producción y comercialización”.
En la extensa sesión en que el aborto obtuvo media sanción de la Cámara baja, el salteño Alfredo Olmedo planteó: “No voy a permitir pedirle plata al FMI para pagar abortos”. La vicepresidenta Gabriela Michetti también deslizó el aspecto económico como uno de los argumentos para rechazar enérgicamente el proyecto. De hecho, en su rol de presidenta del Senado, intentó girar el proyecto a la comisión de Presupuesto. La CGT también planteó dudas respecto al proyecto, vinculado al costo que tendría para las obras sociales.
Otro informe, elaborado por la economista Sonia Terragona, de la Asociación de Economía de la Salud establece que, mantener penalizado el aborto le cuesta al Estado alrededor de $6.257,1 millones al año – en una base de 300 mil abortos anuales -, mientras que si es legalizado podría representar entre $1.863 y $2.600 millones. (Big Bang News).
