(Entrevista en LA DORREGO) A 28 años del doble homicidio de las mochileras, Alejandro Vecchi sostiene la responsabilidad del Estado bonaerense

A 28 años del doble homicidio de Irina Laura Montoya y María Dolores Sánchez, el abogado dorreguense Alejandro Vecchi, representante de la familia de Irina, confirmó que presentó un recurso extraordinario ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para intentar que se modifique parcialmente la sentencia y se condene a la Policía bonaerense.

El crimen ocurrió el 18 de febrero de 1998, sobre la Ruta 33. Las dos jóvenes viajaban a dedo hacia el sur y fueron atacadas por Eduardo Fermín Elicabe, quien había sido contratado por una empresa de seguridad perteneciente al excomisario Leónidas Hugo Soria

Vecchi recordó que dos años antes del homicidio una inspección había determinado que la agencia no tenía habilitación, no contaba con armas declaradas y tampoco funcionaba en el lugar que había denunciado ante el Ministerio de Seguridad.

“Era una empresa de seguridad y no tenía armas. Tenía muchos agentes en la calle armados y esas armas no estaban registradas, no habían tenido ningún tipo de inspección y la agencia, directamente, no funcionaba en el lugar que había denunciado en el Ministerio de Seguridad”, señaló a LA DORREGO.

Agregó que esa situación resulta fundamental para analizar la responsabilidad del Estado provincial. La empresa continuó con sus actividades pese a que ya no podía funcionar y, según explicó, utilizaba móviles y personal armado.

“Nosotros en ningún momento dijimos que la policía mandó a matar a Irina y a Dolores, por supuesto, ese no es el planteo”, aclaró.

El planteo de la familia, explicó, está relacionado con las obligaciones que tenía el Ministerio de Seguridad respecto de las agencias privadas.

“El Ministerio de Seguridad, la policía de la provincia de Buenos Aires es la que otorga la facultad para que funcione una agencia de seguridad, y no puede haber una agencia de seguridad dos años funcionando sin autorización en plenas narices de la policía de la provincia”, sostuvo.

Recordó también que aquella madrugada las jóvenes se encontraban en una estación de servicio y que el encargado les había recomendado que no viajaran de noche porque no podían saber quién las trasladaría. Sin embargo, llegó el camionero Acuña, quien viajaba escoltado por Elicabe.

Según el relato del abogado, Acuña explicó que no había nada más seguro que viajar con alguien de una empresa de seguridad. Ese argumento fue considerado posteriormente dentro del proceso judicial.

El juicio civil tuvo varias instancias. La primera sentencia había responsabilizado únicamente a Elicabe y había dejado fuera de la condena al dueño de la agencia de seguridad. La Cámara de Bahía Blanca modificó luego esa decisión y condenó también a Soria, aunque mantuvo fuera de responsabilidad a la Provincia de Buenos Aires y a la Policía.

“Todo esto fue ignorado en esta segunda sentencia de la Cámara”, cuestionó Vecchi.

La resolución más reciente estableció un resarcimiento de 26 millones de pesos para los responsables, aunque el abogado estimó que la suma actualizada podría ubicarse entre 60 y 70 millones. También señaló que existen pocas posibilidades de que ese dinero pueda cobrarse, ya que Soria falleció y Elicabe no tendría recursos para responder.

“Desgraciadamente no se va a poder cobrar”, reconoció. Sin embargo, aclaró que el aspecto económico no constituye el eje del reclamo de la familia.

El objetivo ahora es que la Suprema Corte provincial revise la decisión respecto de la Policía bonaerense. Vecchi reconoció que mantiene expectativas, aunque también planteó las dificultades que implica enfrentar judicialmente al Estado provincial.

“Yo tengo que ser optimista, siempre, como en el caso de Lohan, lo mismo, está vivo, sano y salvo, es mi función, es mi deber, porque para eso me comprometí, para defender a la víctima”, dijo.

En cuanto al fallo, fue particularmente crítico: “A mí me parece personalmente que este caso es una aberración jurídica”.

El abogado anticipó que el reclamo podría continuar en otras instancias si la Suprema Corte no hace lugar a la presentación. Mencionó un eventual recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, si tampoco prosperara, la posibilidad de acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Yo tengo que hacer el trabajo hasta el final, imagínate que llevo 28 años con esto, puede llevar 8 o 10 años más, no importa”, sostuvo.

Vecchi vinculó el caso con los tratados internacionales a los que adhirió la Argentina y con las obligaciones relacionadas con los derechos de las mujeres, la impunidad y el plazo razonable de los procesos judiciales.

“Esto pasó en el año 98, estamos en el año 2026, pasaron 28 años”, remarcó.

Para el abogado, la importancia del caso excede el resultado económico del juicio. “Lo importante es que en la historia, en los libros, en las escuelas, cuando se enseña este caso, le enseñan a los chicos que asesinar a dos chicas vulnerables, solas, en el medio del campo”, expresó.

Después de 28 años, Vecchi sostiene que continuará con el reclamo judicial. “Tengo toda la confianza en la justicia, en la justicia divina también, de que va a salir alguna persona notable, que va a entender que estos femicidios históricos que pasaron en Argentina”, concluyó.

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17-09-26