Allanamientos en Tres Arroyos y Pringles: desbarataron una red clandestina de carreras de galgos
En un importante operativo que se gestó tras una larga investigación y que requirió la coordinación de múltiples Comandos de Prevención Rural bajo la supervisión de la Coordinación Zonal con sede en Tres Arroyos, se logró desarticular una red dedicada a la organización de carreras clandestinas de perros galgos, con apuestas ilegales, maltrato animal y la utilización de medicamentos para potenciar el rendimiento de los animales.
Tras varios meses de trabajo en conjunto y a partir de las tareas investigativas del CPR Coronel Pringles, que incluyó tareas encubiertas, análisis de cámaras y seguimiento de grupos en redes sociales y WhatsApp, la justicia ordenó 14 allanamientos simultáneos, de los cuales 6 se llevaron a cabo en domicilios de Tres Arroyos y 8 en Coronel Pringles.
En los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares, armas de fuego, handys de comunicación, jeringas, químicos veterinarios, capas y trofeos de campeonatos de galgos, evidencias que dejan al descubierto una red organizada que venía operando desde hace tiempo.
Las carreras se promocionaban y organizaban a través de grupos cerrados de mensajería, con participación de personas de distintas localidades y provincias. Los encuentros se realizaban de manera clandestina y, en muchos casos, con el ingreso no autorizado a campos rurales.
La causa judicial, que tramita en el Departamento Judicial Bahía Blanca, fue caratulada por infracción a tres leyes clave:
-Ley 27.330: Prohíbe las carreras de perros en todo el país.
-Ley 14.346: Castiga los actos de maltrato y crueldad hacia los animales.
-Ley 13.470: Penaliza las apuestas ilegales.
Además, en varios domicilios se secuestraron armas de fuego sin documentación, lo que dio origen a actuaciones por tenencia ilegal de armas.
La investigación sigue abierta
Desde la Coordinación Zonal de Seguridad Rural destacaron la importancia del trabajo conjunto entre las distintas patrullas rurales y el aporte clave de la comunidad para erradicar estas prácticas, que atentan contra el bienestar animal y la seguridad del entorno rural.
El caso sigue en etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas judiciales en los próximos días. (La Voz del Pueblo). (09-07-25).
